La Naranja de Prensa expresó su repudio a las accioes llevadas a cabo por el juez Alejandro Catania, quien envió un exhorto a distintos medios de comunicación reclamando datos personales de periodistas que difunden informaciones sobre inflación distintas a las del Indec.

Dicho magistrado pidió saber la dirección y el teléfono de cronistas y editores de varios diarios, en el marco de la causa penal iniciada por el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra consultoras por difundir índices de precios propios.

Según afirmaron en un comunicado de prensa, "la acción judicial constituye un atentado a la libertad de expresión, al tiempo que afecta el derecho constitucional a la reserva de fuentes (Art. 43) y al libre acceso a la información previsto en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" y sostuvieron que "se trata de una acción intimidatoria, que tiene como sustento ostensible los sistemáticos ataques a periodistas que bajan desde el Gobierno Nacional"

Asimismo, consideraron que "no es un hecho aislado", como tampoco el último, en el contexto actual donde se prevee que "las manifestaciones locales de la crisis capitalista mundial serán el insumo cotidiano del trabajo de los periodistas", afirmaron y por ende, sostuvieron que "es fácil vaticinar que las presiones contra los trabajadores de prensa que escriben sobre información económica se agravarán"

Las declaraciones de la Presidenta Cristina Fernández contra el reclamo de los trabajadores del subte, a raíz de la mentada tendinitis, es el comienzo de un accionar, según afirmaron, para satisfacer "la necesidad oficial de someterlos salarialmente y la inminencia de un tarifazo contra la población, para compensar a las patronales por el retiro de subsidios que sobrevendrá" Del mismo modo, la modalidad de intimidar a periodistas que difunden información económica buscará impedir que los medios informen acerca de los efectos de la “profundización del modelo” sobre el pueblo, en consonancia "con los dictados del capital financiero mundial".

La entidad gremial rechazó cualquier acción futura que afecte la libertad de expresión de los periodistas, la cual ya se encuentra sumamente limitada "por las patronales que los explotan", aseguraron. No obstante, afirmaron, el avasallamiento de estos derechos por parte del poder político, que son "constitutivos de las condiciones de trabajo más generales de nuestro gremio", es un agravamiento del sometimiento del trabajador de prensa frente a su patronal, "aunque ésta estuviera circunstancialmente enfrentada con el Gobierno".

Finalizaron, convocando a los delegados y comisiones internas del gremio para repudiar el exhorto del juez y solidarizarse con los compañeros afectados. Al mismo tiempo, exigieron a las empresas a no entregar información alguna que lesione los derechos de los trabajadores de prensa.