Mediante un comunicado, el Frente Nacional Campesino denunció el armado de una causa penal y torturas por parte de efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) de la Policía de la Provincia de Formosa contra el compañero Ermindo Penayo, militante del Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR).

Según afirmaron, el pasado 9 de enero se presentaron 8 efectivos de la policía provincial, junto a 4 civiles armados, violentando la puerta de entrada del campo de la familia Penayo, cuyos miembros sufre el hostigamiento y los intentos de desalojo por parte de la empresa ganadera de los Cabanella.

Sostuvieron que "se trata de una violenta estrategia de intimidación llevada adelante por efectivos de la UEAR en complicidad de civiles que procedieron a plantar supuestas pruebas dentro de la tierra de los Penayo para involucrar, torturar y detener arbitrariamente a los miembros de la familia que son dueños legítimos de esas tierras".

De acuerdo a la información recibida, el compañero se encontraba en el puesto San Jorge, zona de Montelindo Chico, de General Belgrano, junto a su esposa e hijos, su hermano Marcial y dos sobrinos. A las 13.30 hs. sale del puesto a caballo para llegar a la margen de la Ruta Provincial Nº 23, cuando advierte la presencia de 4 personas que se dirigían al puesto. Al ser preguntarles que hacían en su campo, les respondieron que 3 de ellos eran policías de la UEAR y el último, un civil llamado Domingo Daniel Sánchez, con el objeto de concretar un allanamiento junto a otros efectivos policiales.

Mediante un comunicado titulado "La ética de los abogados", los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la APDH Rosario y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre - Seccional Rosario exigieron la quita definitiva de la matrícula a Juan Daniel Amelong y Pedro "Pili" Rodríguez, condenado y procesado respectivamente por delitos de lesa humanidad que cometieran "en el marco del genocidio argentino llevado adelante por la última dictadura cívico militar".

Recordaron que el Concejo Municipal rosarino había solicitado, en julio de 2010, la suspensión preventiva, al menos, de las matrículas de ambos abogados al Colegio de Abogados por iniciativa de la Concejala Norma López, como también la solicitud realizada por dichos organismos de Derechos Humanos, en el 2011, al Directorio de la institución que regula el otorgamiento de aquellas.

Según afirmaron, pocos días después, dicho cuerpo colegiado canceló la matrícula de Amelong, pero lo solicitado con respecto a "Pili" Rodríguez es girado al Tribunal de Ética.

Con respecto a la resolución de la Cámara de Apelaciones que revirtió "la decisión de uno de los órganos de gobierno del Colegio de Abogados", sostuvieron que ella contiene una mirada parcial a los argumentos que sostienen dicho decisorio, el cual fuese recurrido por la defensa del genocida Amelong. "No consideramos un tecnicismo la obligación de respetar la doble instancia, uno de pilares del derecho de defensa", añadieron en su comunicado, pues ello no podría ser afirmado debido a que se contrapone con las posiciones históricas que han tenido los organismos de Derechos Humanos por las cuales son respetuosos del debido proceso, "que es básicamente el derecho de defensa en juicio" sostuvieron.

Mediante un comunicado de prensa, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) afirmó que el Gobernador Beder Herrera, ante la necesidad de obtener la Licencia Social para Osisko Mining Corporation, "ha tomado la peor de las decisiones: imponer por la fuerza su voluntad".

Según informaron, trascendió la estrategia y la decisión del Ejecutivo riojano. Se ordenó a la justicia de Chilecito que emita la orden judicial de desalojo contra las y los vecinos que realizan el corte en Alto Carrizal, con la finalidad de pasar “cueste lo que cueste”, según lo manifestado por quienes tienen acceso a la Gobernación.

Recordamos que los policías de Famatina y Chilecito han manifestado su decisión de no enfrentarse al pueblo, lo cual está en conocimiento de sus superiores, pero el poder político decidió el envío de fuerzas policiales desde la capital provincial como también cambió a la cúpula de la seccional. Según informó la UAC, ello fue confirmado por la licencia que se otorgó a la mayoría del personal policial residente en Famatina.

Asimismo, indicaron que los funcionarios "le están buscando la vuelta para justificarse" y afirmaron que "la decisión es seguir hasta provocar un desborde y heridos; lo cual lo habilitará para solicitar la participación de la Gendarmería, entonces se requerirá fuerzas de los destacamentos de las otras provincias e imponer la fuerza sobre el derecho a manifestar y protestar del pueblo de Famatina".

El pasado viernes, alrededor de 400 personas nucleadas en organizaciones sociales y vecinos de Matheu, junto con familiares y amigas y amigos de Noemí Condori marcharon hacia la Municipalidad y la Fiscalía, realizando también un escrache a la Subcomisaría de la zona para reclamar justicia por las muertes producto de la impunidad de bandas asaltantes como asimismo denunciar la desidia policial y gubernamental.

Según explicó Luján Rodríguez, compañera de Noemí en el Frente de Organizaciones en Lucha, "la mataron porque era pobre y estaba en un barrio marginal y estas muertes no tienen costo político para los funcionarios de turno" y agregó, "a pesar de querer salir y de luchar contra la marginalidad, esa misma marginalidad los termina matando". Asimismo, afirmó que "hay políticos y policía liberando la zona, asegurando impunidad a las bandas por un lado y por otro lado, asegurando la marginalidad en el trabajo, la vivienda, la salud e infraestructura". Sostuvo que "son ellos los responsables de generar las condiciones para que estas situaciones se sigan dando".

De acuerdo a lo informado, Sandro Guzmán, histórico pattista que, desde que su referente quedó tras las rejas por crímenes de lesa humanidad, se alineó al kirchnerismo, es quien está al mando de la Intendencia de Escobar y no atendió a la columna que el viernes avanzaba por la avenida principal del partido. Luego, los atendió el Intendente Interino Elio Miranda, quien se comprometió a dejar una guardia policial en la casa de la familia embestida y continuar con la investigación. Cabe destacar que las y los vecinas demandan, también, la destitución de cargo del actual Jefe de la Policía.

A partir de las 11.00 hs., Fundación Alameda presentará un amparo contra la Ley Nº 26.374, conocida como Ley Antiterrorista, en los Tribunales Federales de esta Capital.

Asimismo, se realizará un acto de repudio a dicha norma en la puerta de los tribunales de dicho fuero, sitos en la calle Comodoro Py 2002.

Cabe destacar que es la primera acción de amparo que se interpone para solicitar la inconstitucionalidad de esta norma.

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No fue casualidad. La nota publicada el pasado 10 del corriente en el Diario La Capital, de Rosario, tiende a informar según la visión empresaria.

En la nota "Murió aplastado por 50 bolsas de semillas", cuentan que Javier Villalba falleció como producto de la caída de un pallets con más de 50 bolsas de semillas, cada una de las cuales pesa 18 kg., mientras realizaba tareas en la cámara de frío de semillas antes del almuerzo, en la planta de Nidera que se encuentra en el Km. 376 de la Ruta Nacional 8.

Sus compañeros "se preocuparon" y "cuando llegaron al lugar donde debía estar el joven, observaron varias bolsas caídas en el piso". Debajo de ellas, agonizaba el joven trabajador de Nidera. Poco después llegaría la ambulancia de un servicio médico de emergencia privado y personal de la Comisaría 2ª de Venado Tuerto.

La nota destaca que "el cuerpo de Bomberos Voluntarios no participó en esta emergencia", aunque sus integrantes realizaron tareas de contención a la familia de Villaba.

¿Simplemente un accidente? ¿Ningún periodista o medio local y/o rosarino preguntó sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral? ¿Cumplía Nidera con esa normativa?. Preguntas y más preguntas para un hecho evitable.

Y una vez más, quedó demostrado que el capitalismo mata. Que poco le importa el recurso humano. Solamente maximizar su beneficio. Y que los trabajadores son material descartable...