CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 656

Sumario:  

1. De la Rúa, el 20 de diciembre y la carne podrida del PJ.

2. Un nuevo gatillo: el dedo, la mano y el brazo de todos los gatillos.

3. Universidad Nacional de La Matanza: especialización en represión.

4. Lavando cárceles.

5. Bernal: cómo la policía resuelve sus conflictos.

6. Próximas actividades.

1.De la Rúa, el 20 de diciembre y la carne podrida del PJ.

El 3 de mayo, el CIJ (Centro de Información Judicial, sitio oficial de la Corte Suprema de Justicia) publicó, bajo el título “Casación Penal confirmó el sobreseimiento de De la Rúa por los incidentes del 20 de diciembre de 2001”, la noticia de que, con el voto de los camaristas Cabral y Madueño, el máximo tribunal penal nacional había rechazado los recursos contra el sobreseimiento del ex presidente por los homicidios y lesiones durante la represión del día final de su mandato.

Prudentemente, nos negamos a opinar sobre el fallo cuando la noticia trascendió a todos los medios. Una y otra vez insistimos a los periodistas que los querellantes en esa causa no habíamos recibido notificación alguna, y que, aunque es habitual que este tipo de información llegue a los medios antes que a las partes, no era razonable que, pasado un día y medio, la sentencia fuera inencontrable. Quien busque hoy esa nota en la página del CIJ (www.cij.gov.ar) no la va a encontrar. La bajaron, lisa y llanamente, porque publicaron una noticia FALSA.

Para que quede claro: el centro oficial de información de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó una MENTIRA. No fue una noticia incompleta o que contuviera alguna inexactitud, sino una total y absoluta falsedad. Un invento que sólo se explica como operación de prensa, anunciando el fin de la instancia penal contra el ex presidente radical, justito el mismo día que el gobierno celebraba que los radicales, y casi todos sus ex socios en el gobierno de la Alianza, votaban en masa junto a la bancada oficialista el proyecto de ley sobre YPF.

El que quiera relativizarlo, puede hablar de un “error”. Pero la verdad es indiscutible: Esta vez, la carne podrida a los medios la tiró el PJ. El Poder Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

2. Un nuevo gatillo: el dedo, la mano y el brazo de todos los gatillos.

Matías Lobos fue asesinado el 28 de marzo pasado. En el oeste del segundo cordón urbano bonaerense, en el barrio Los Naranjos, Malvinas -el mismo en el que vivía- por un presunto e insignificante robo, sufrió la persecución del patrullero 11.640 de la Comisaría 2ª de Gral. Rodríguez.

Los policías Pancere y Ayeza -ambos subtenientes de la bonaerense- determinaron que Matías y un amigo, que manejaba una moto, eran los autores del robo y salieron a cazarlos.

En los caminos internos del barrio, el policía Pancere le disparó desde atrás y mató a Matías en el acto. Por supuesto, la justificación a la que nos tienen acostumbrados no demoró en llegar: "la policía repelió un ataque en un feroz tiroteo previo". La persecución se  extendió hasta las entrañas mismas del Hospital Municipal de Rodríguez.

Sin embargo, las actuaciones judiciales, siempre proclives a consagrar la impunidad, no pueden ocultar dos razones que desmienten al asesino: un revolver inservible (se pretende portado por Matías aunque fue hallado en el bolsillo de su pantalón) y el tiro que entró por la espalda y salió por la tetilla izquierda, hablan de un inexistente enfrentamiento. A menos que se desafíe la lógica y se considere cierto que un tiroteo se pueda efectuar desde un arma inútil y guardada en un bolsillo, la trayectoria del disparo mortal indica claramente que se trató de un fusilamiento.

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 655

Sumario:            
                                                                                    
1. La “historia oficial” de un gatillo fácil.

2. Cristina: “Hay que erradicar los piquetes”.

3. El polichorro robó, huyó, volvió a robar y lo pescaron…

4. Juicio contra el cabo Segovia.

5. Otro desaparecido en democracia.

6. Próximas actividades.

Lunes 7 de mayo, desde las 10.00 hs., movilizamos al TOC 21, Lavalle y Libertad, durante el juicio al policía Alberto Segovia, asesino de Mauro Vega.

1. La “historia oficial” de un gatillo fácil

En el Boletín Nº 651, con el título “Gatillo fácil en Berazategui”, adelantábamos la poca información de que disponíamos, en ese momento, sobre el fusilamiento ocurrido en esa localidad el 25 de marzo. Hoy, después de haber accedido a la causa penal podemos reconstruir mejor el hecho. Esa madrugada, Brian Bravo (18) se retiraba con un amigo de una fiesta. Iban en una moto prestada por otro chico del barrio. Brian nunca llegó a su casa porque el policía Claudio Oscar Pérez, de la comisaría 1ª de Berazategui, así lo quiso.

En el camino, a Brian le cruzaron un auto, del cual se bajó un vecino con el que tenía una disputa desde hace tiempo atrás, quien lo invitó a pelearse. Esta persona, Pablo Antonio González, estaba saliendo de la casa de su novia, la hija del policía. Cuando ésta vio que su pareja perdía la pelea con Brian, decidió llamar a su padre, quien resolvió la disputa a los tiros.

Inmediatamente empezaron el armado de la causa para hacerla pasar como intento de robo: el amigo de Brian, al ver que le habían disparado, huyó por temor a terminar de la misma manera. La versión policial dice que este chico se llevó el arma con la que ambos intentaron asaltar a la pareja. Lo cierto es que en el lugar se encontraron 5 vainas 9 mm, del arma del policía y dos plomos del mismo calibre. No se encontró ninguna otra arma, ni vaina, ni plomo. El tiro que mató a Brian entró, como en la inmensa mayoría de los casos de gatillo fácil, por la nuca, lo que desmiente la teoría de un enfrentamiento.

La familia de Brian no se quedó quieta, inmediatamente emprendieron el camino de la lucha. Ellos saben que la sangre de un ser querido no tiene precio, no se negocia. En este camino de lucha no están solos, los acompañan otros familiares de víctimas de la represión policial, organizados en CORREPI, así como también todos los militantes que día a día denunciamos que esto es una política de Estado para disciplinarnos.

2. Cristina: “Hay que erradicar los piquetes”.

En el Boletín Nº 648, con el título “Garré recargada”, comentábamos el nombramiento del “pingüino operativo” Sergio Berni como segundo del ministerio de Seguridad, y citábamos algunas de las frases que disparó al minuto de asumir el nuevo cargo, en particular: “No creemos en la negociación de los conflictos, no es nuestro eje de trabajo”. Palabras que no pueden desligarse de lo actuado por el funcionario, en sus anteriores destinos (ministerio de Acción Social y de Defensa), por ejemplo en oportunidad del desalojo de las Bodegas Giol y del Indoamericano,

Apenas juró en el cargo, usó sus habilidades negociadoras para desactivar el piquete de vecinos en la Villa 31, que reclamaban por micros escolares para que sus hijos pudieran llegar a los colegios, aprovechando que, como el reclamo se dirigía a la ciudad, pudo echar la responsabilidad por el corte a Mauricio Macri.

Durante el paro de los trabajadores de la línea 60, Berni lo definió como “un conflicto gremial que cobró un carácter irracional por impulso de un grupo minoritario”, y desplegó a la gendarmería para impedir los cortes a la Panamericana.

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 654

Sumario:            
                                                                                    
1. Walter Bulacio: 21 años después, la lucha continúa.

2. Zaffaroni y los policriminales.                                                                                   

3. Siguen reprimiendo a los que luchan.

4. Amenazas y represión enla UP 48.

5. Base militar yanqui en Chile.

6. Próximas actividades.

Lunes 23 y miércoles 25, desde las 10:00, movilizamos al TOC 21, Lavalle y Libertad, durante el juicio al policía Alberto Segovia, asesino de Mauro Vega.

CUERPO

“Canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreyra”

Para adquirir anticipadamente el disco, contactate con nosotros a correpi@fibertel.com.ar, buscanos en Facebook o acercate a nuestro local, Carlos Calvo y Alberti, lunes de 17.00 a 19.00; jueves de 19.00 a 21.00; sábados de 11.00 a 15.00 hs.

1. Walter Bulacio: 21 años después, la lucha continúa.

Hace 21 años, los diarios titulaban: "Agoniza en el Sanatorio Mitre el estudiante detenido durante un recital de rock". Unos días después, Walter Bulacio murió. La historia es tan corta como repetida: operativo policial "de prevención", detenciones y golpes, un centenar de detenidos, más golpes. De los 73 pibes arrastrados a la comisaría 35ª, ni uno solo fue acusado de un delito: todas las detenciones fueron "justificadas" con la averiguación de antecedentes, las contravenciones, o la condición de menor de edad del preso, esas herramientas para detener a cualquiera en cualquier momento y lugar que los legisladores ponen a disposición de las fuerzas de seguridad, y que jueces y fiscales cada tanto revalidan en nombre de la "seguridad ciudadana".

La otra cara de los 21 años de impunidad la vemos a diario en las calles y los barrios, en cada pibe detenido porque sí; en cada torturado en una comisaría; en cada fusilado por el gatillo fácil. No hace una semana que la policía protagonizó un hecho idéntico en un recital de la banda Gatillazo. Como en 1991, hubo palos, corridas y presos, apaleados antes y durante la detención. Pero no hubo heridos graves ni muertos, y los medios lo silenciaron por completo.

El crimen de Walter Bulacio es paradigma de represión policial y de impunidad garantizada por todos y cada uno de los sucesivos gobiernos nacionales. A fuerza de 21 años de lucha organizada, dentro y fuera de los tribunales, logramos una condena de la Corte Interamericana de DD. HH. contra el estado argentino, sostenemos hasta hoy la causa abierta contra el comisario Miguel Ángel Espósito, y, sobre todo, logramos que el nombre de Walter siga siendo bandera para los que enfrentamos a diario la represión estatal.

Por Walter y por todos, cada abril, renovamos el compromiso de organizarnos y luchar contra todas las formas que asume la política represiva estatal.

2. Zaffaroni y los policriminales.

El juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, continúa cumpliendo su tarea de legitimador de la política represiva del Estado. Esta semana, en el cierre del Simposio de Seguridad Pública y Ciudadana en el Mercosur, organizado por el ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré, Zaffaroni sostuvo que “la Policía no es eficaz si no goza de la confianza de la gente”, y apoyó la necesidad de una conducción política de las fuerzas represivas, como si hasta el presente se hubieran conducido solas.

En otra oportunidad, Zaffaroni había sostenido que el “problema” de la policía era la cantidad de efectivos, lo que aparentemente las haría ingobernables, y propuso la creación de policías comunales (Ver Boletín Nº 645).

Pero, ¿cómo va a tener confianza el pueblo en la policía, si es el permanente blanco de la represión, preventiva o selectiva; si, como todos sabemos, es la policía la principal generadora de “inseguridad” al administrar el delito en los barrios?.

En la misma semana que Zaffaroni insistía con su letanía legitimadora, en la comisaría 38ª de la ciudad de Buenos Aires, la policía robaba 74 armas. El escándalo obligó al gobierno a echar lastre y separar al armero de sus funciones.

En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, fueron detenidos dos policías por robarle $ 15.000 al primo de Riquelme.

En Santiago del Estero, detuvieron a 18 policías por el robo de bienes de uso que habían secuestrado en dos causas y que estaban bajo la custodia de la fuerza de elite Grupo Especial de Rescate (GETOAR).

En Tucumán, un policía retirado raptó, drogó, violó y mantuvo cautiva durante tres días a una adolescente de 17 años de una familia amiga.

En Berazategui, provincia de Buenos Aires, un policía bonaerense fue detenido por estafa, consistente en vender viviendas construidas por el Estado.

En Catamarca, se separó a varios policías que se quedaron con fondos del Estado mediante la liquidación fraudulenta de adicionales, en lo que aparece claramente como un pase de facturas al interior de la fuerza, luego de los ataques que protagonizó el pueblo catamarqueño cuando conoció la muerte de Diego Pachao, ocurrida en la comisaría 7ª.

No se trata de conducciones, ni de una manzana podrida, ni de una jurisdicción en particular, sino de la propia naturaleza del aparato represivo estatal, la que tiene como consecuencia, entre otras, la permanente criminalidad policial.

Mientras Zaffaroni intenta recetas para legitimar la represión estatal, desde CORREPI denunciamos que inseguridad es policía en la calle y convocamos a organizarnos y a luchar contra la represión.

3. Siguen reprimiendo a los que luchan.

Hace un mes, CORREPI, la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, APEL, CEPRODH, CADEP, CADHU y Liberpueblo presentamos, en una conferencia de prensa, un informe sobre criminalización de la protesta que abarca el período 2001 - 2012, y sintetiza los primeros resultados de la sistematización de datos sobre la situación de los miles de compañeros criminalizados por luchar.

El elevado porcentaje de conflictos gremiales criminalizados, muestra, también, que los trabajadores organizados por fuera y en contra de las burocracias sindicales son la principal preocupación del gobierno en este tema (ver Boletín Nº 650).

Esta semana, se conocieron otros ejemplos de luchas reprimidas que confirman esa denuncia.

En la provincia de Chaco, en la intersección de las rutas 11 y 90, un grupo de indígenas, que se encontraba reclamando la instalación de una escuela de salud pública, y el pase a planta de miembros de las comunidades originarias, fue reprimido por más de 700 policías, que fueron puestos allí para aleccionar a unos 200 manifestantes.

La labor represiva fue calificada como “un trabajo encomiable” por el ministro de Gobierno provincial, Juan Manuel Pedrini.

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 653

Sumario:  

1. El ejército “humanitario” de Cristina y Bonafini.

2. Justicia para Mauricio Vega, 23 y 25 de abril.

3. Represión a los que luchan, impunidad para los perros guardianes.

4. Policías “especiales” para barrios “vulnerables”.

5. Juicio a la tortura en Rauch.

6. Próximas actividades.

CUERPO

“Canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreyra”

Para adquirir anticipadamente el disco, contactate con nosotros a correpi@fibertel.com.ar, buscanos en Facebook o acercate a nuestro local, Carlos Calvo y Alberti, lunes de 17 a 19; jueves de 19 a 21; sábados de 11 a 15.

Ganadores de la rifa: Nº 405 y Nº 105 (el Nº 719 que salió primero no fue vendido).

1. El ejército “humanitario” de Cristina y Bonafini.

“Después de la tormenta, represión”, titulamos en el último Boletín. Nos referíamos a la respuesta represiva que padecieron los vecinos de las zonas más pobres y más afectadas por el temporal que dejó incontables muertos (no sólo los casi 20 reconocidos oficialmente, según se habla por lo bajo en los barrios) y miles de familias de trabajadores sin techo, o directamente sin casas, y muchos más sin luz y sin agua hasta ahora.

A la represión directa de la Policía y la Gendarmería sobre los vecinos que salieron a cortar calles, a hacer piquetes y se movilizaron para denunciar el abandono absoluto en que se encuentran, se sumaron esta semana las fuerzas armadas, enviadas por la presidenta Cristina Fernández a realizar “tareas humanitarias”, como repartir bidones de agua. Tareas “humanitarias” como las que, desde 2003, sostiene el actual gobierno en Haití, donde ya son tan frecuentes las denuncias por asesinatos, torturas y violaciones cometidas por las tropas de ocupación que ni siquiera trascienden en los medios.

Siguiendo el ejemplo del amo imperial, que hace rato dejó de lado las invasiones desembozadas para reemplazarlas por “acciones humanitarias” como los Operativos MEDRETE y otros similares (ver Boletín Nº 652), el Ejército Argentino se desplegó en las barriadas, imponiendo por mera presencia el necesario control social para dificultar, cuando menos, que la bronca acumulada estalle y, menos aún, que se organice. La presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, ratificó su rol de propagandista del gobierno y legitimadora de la represión, cuando, en declaraciones a la agencia oficial Telam, calificó de "medida sensacional de la Presidenta" el despliegue de las FF. AA. en los barrios.

Seguramente impulsada por la necesidad de remontar las posiciones perdidas a raíz de escándalo por el negociado de Sueños Compartidos con Schoklender S. A., agregó que “hoy el Ejército está con los más necesitados”; destacó “los cambios” generados por la hoy ministra de Seguridad Nilda Garré; ponderó los “nuevos planes de estudio”, pidió a los vecinos que “reciban bien a los uniformados” y remató remedando patéticamente al Che: “En el Ejército hay hombres nuevos, que están haciendo lo que soñaron nuestros patriotas".

Entre las “medidas sensacionales” de la presidenta y el apoyo logístico de una de sus principales propagandistas, queda el pueblo trabajador, forzado a tolerar otro color más de uniforme, como si ya fuera poco con las diversas policías, la gendarmería y la prefectura, patrullando sus calles y disciplinando sus vidas.

2. Justicia para Mauricio Vega, 23 y 25 de abril.

La noche del 28 de febrero (madrugada del 1 de marzo) de 2009, después de haber recorrido los corsos de varios barrios de la ciudad porteña, bailando con la murga Los Incansables de Chacarita, Mauricio Vega (32) fue asesinado por el policía Alberto Segovia, de la comisaría 33ª de la PFA. Terminados los desfiles del carnaval, la murga tenia la costumbre juntarse a comer una pizza y hacer un cierre familiar juntos, de niños a abuelos. Cerca de las 3:10, Mauro fue a comprar gaseosas y cervezas en la moto de uno de sus amigos, acompañado por un chico de la murga de 15 años.

Cuando paró, cerca de la esquina de Moldes y Zabala, dos policías que pasaban en su patrullero decidieron que eran “dos personas sospechosas”. Uno de los policías redujo al chico y lo tiró contra el piso. Mauro salió corriendo, y, a las dos cuadras, se topó con la vía del tren. Mientras trataba de saltar un portón de reja cerrado, de espaldas a Segovia, recibió el tiro en la nuca, a quemarropa. Lejos de inmutarse, el policía intentó simular un enfrentamiento y le dijo a su compañero: “Me mandé una cagada: me parece que lo maté. ¡Vámonos!”.

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 652  

Sumario:  

1. Murió el secretario de DD. HH. del gobierno kirchnerista.

2. Las cárceles y la lógica del sistema.

3. Ramón Arapí: ¡ Presente !

4. El kirchnerismo trabaja para el imperialismo.

5. Después de la tormenta: Represión.

6. Breves.

7. Próximas actividades.

CUERPO

“Canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreyra”

Para adquirir anticipadamente el disco, contactate con nosotros a correpi@fibertel.com.ar, buscanos en Facebook o acercate a nuestro local, Carlos Calvo y Alberti, lunes de 17.00 a 19.00; jueves de 19.00 a 21.00 y sábados de 11.00 a 15.00 hs.

1. Murió el secretario de DD. HH. del gobierno kirchnerista.

Esta semana falleció el secretario de DDHH del gobierno kirchnerista, Eduardo Luis Duhalde. Las notas póstumas recordaron su actividad en la defensa de presos políticos durante las dictaduras militares de los ’60 y ‘70, junto a Rodolfo Ortega Peña y otros, primero desde el equipo legal dela CGT de los Argentinos, y luego en la Asociación Gremial de Abogados. No faltó la mención a su valiente intervención, junto a casi una veintena de abogados en Rawson y Trelew, en agosto de 1972. Duhalde intervino luego, personalmente, en las gestiones ante el gobierno de Salvador Allende para lograr que Santucho y los demás fugados pudieran ponerse a salvo en Cuba.

Semejante pasado, plagado de actos de solidaridad y de liso y llano heroísmo, hubiera justificado todos y cada uno de los obituarios y homenajes que se sucedieron esta semana, si no fuera porque, en el tramo final de su vida, Eduardo Luis Duhalde tiró por la borda esa honrosa historia y se ubicó en la vereda opuesta a la que ocupó en aquellos años.

Un pasado de lucha y compromiso no otorga impunidad para, más adelante en la vida, justificar cualquier cosa, incluso la quebradura y el abandono de los principios y las convicciones. Cuando Eduardo Luis Duhalde se sumó al proyecto kirchnerista, como operador principal de la tesis propagandística sintetizada en la definición de “gobierno de los DD. HH.”, aquel valiente abogado que pasaba los habeas corpus en favor de los compañeros presos en la Base Almirante Zar debajo de la puerta de la pieza de hotel del juez del Camarón Jorge Quiroga, se transmutó en el gran legitimador del gobierno que más y mejor (con más consenso) ha sabido reprimir desde 1983.

El respeto por el compromiso que llevó a la desaparición y muerte de Martins, Ortega Peña y otros destacados compañeros, que son nuestro ejemplo, no impide que evaluemos el rol que Eduardo Luis Duhalde (al que hace rato dejamos de llamar “el Bueno”), cumplió bajo la gestión kirchnerista, contribuyendo decisivamente a silenciar su carácter represor.

Hay muchos ejemplos concretos de lo que señalamos, como su intento de diluir la responsabilidad del gobierno nacional en el sistemático incumplimiento de la condena al estado argentino en la causa Bulacio, donde pretendió, a las órdenes de su entonces superior, el ministro Aníbal Fernández, convertirse en querellante, a la par de la familia de Walter y nuestros militantes. O sus denodados -y muchas veces exitosos- esfuerzos por cooptar familiares de víctimas de la represión policial, contratándoles abogados (como en el caso de Lucas Ibarrola) o concediendo subsidios, cargos y otros beneficios a quienes, desorientados o simplemente oportunistas, aceptaron trocar “protesta por propuesta”, como si pudieran señalar con claridad a los asesinos de sus hijos cobrando de la misma ventanilla.

Como Hebe Pastor de Bonafini, devenida de símbolo de la lucha independiente y principista en fogosa propagandista de los Kirchner (algo incómoda ahora, después del escándalo de su empresa constructora), Eduardo Luis Duhalde voluntariamente abandonó aquel pasado que lo hacía digno de un sentido recuerdo de los trabajadores y el pueblo a la hora de su muerte. Por propia decisión, la lápida sobre su tumba ya no puede decir “murió un defensor de los derechos humanos”. Indigno de su propio pasado, no murió un compañero. Sólo murió un funcionario del gobierno que tiene 5.000 compañeros sometidos a causas penales por luchar, que tiene presos políticos y desaparecidos y que nos mata un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura.

2. Las cárceles y la lógica del sistema.

Como ocurre con la policía bonaerense, el SPB (Servicio Penitenciario Bonaerense) suele ser blanco de acusaciones de “autogobierno” y denuncias, por parte de funcionarios y organismos como el CELS, el Comité contra la Tortura, la Comisión por la Memoria y otros organismos que responden directamente al gobierno nacional, cuya función es limpiar la imagen del sistema en general, desviando el eje de la cuestión, como si el resto de las fuerzas policiales y el SPF (Servicio Penitenciario Federal) fueran diferentes.

El jueves 29 de abril, el kirchnerista Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, abogados del CELS, integrantes de la Comisión por la Memoria, el Comité contra la Tortura, legisladores de La Cámpora  y la Defensoría del Pueblo de San Martín, realizaron una visita al penal de la misma jurisdicción. Al término de esa visita, Canal 7 realizó una entrevista a Mariotto y Verbitsky, donde puntualizaron las condiciones infrahumanas que padecen los presos y sus familias. Allí cargaron las tintas contra Daniel Scioli (gobernador de la provincia) y Ricardo Casal (ministro de Seguridad bonaerense), afirmando que “el Estado está ausente, no se cumple con la Constitución y se violan varios derechos humanos, situaciones que generan violencia al momento en que los presos quedan en libertad y propicia su reincidencia”.

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 651  

Sumario:  

1. Gatillo fácil en Berazategui.

2. Malvinas, la presidenta y el consenso.

3. La de policriminales que nunca falta.

4. Cursos para generar consenso y ocultar la realidad.

5. Otra vez sopa en Chile.

CUERPO

“Canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreyra”

Junto a FM La Tribu y Aitor (primo de Mariano), estamos trabajando en la producción y difusión del disco que recuerda a Mariano y a todos los compañeros asesinados por luchar contra la injusticia.Del disco participan solidariamente artistas como Vicentico, 4 Pesos de Propina, Pablo Lescano, Manu Chao, Palo Pandolfo, entre otros. Este proyecto no persigue ningún tipo de ganancia y se financia con la militancia de los compañeros.Durante la venta anticipada, “Cuerpo” tendrá un valor de $ 20 y luego su precio ascenderá a $ 40. La preventa se realiza para poder financiar los costos de producción, grabación y edición del disco. Una vez que se haya alcanzado este objetivo, lo recaudado se destinará en su totalidad  a CORREPI. Para adquirirlo anticipadamente, contactate con nosotros a correpi@fibertel.com.ar, buscanos en Facebook o acercate a nuestro local, Carlos Calvo y Alberti, lunes de 17 a 19; jueves de 19 a 21; sábados de 11 a 15.

1. Gatillo fácil en Berazategui.

Brian Denis, un pibe de Berazategui, de 18 años, fue a un cumpleaños con su hermano Martín. Cuando se iba, ya en la calle, fue provocado a pelear por un muchacho con el que ya había tenido problemas antes. Brian se defendió a mano limpia. El agresor llevó la peor parte, y, cuando parecía que todo terminaba y los hermanos podían seguir camino a su casa, apareció el padre del perdidoso, policía en actividad, que dio por terminado el episodio con un balazo en la nuca de Brian.

En la causa judicial que instruye la fiscalía descentralizada de Berazategui, el policía introdujo el habitual relato de una tentativa de robo, frustrada por su enérgica resistencia. El fiscal, con ojos y oídos siempre abiertos a la versión policial, y cerrados a la evidencia del tiro en la nuca, no lo detuvo, y, en cambio, en tiempo record imputó a Brian por robo, para inmediatamente archivar la causa por “muerte del imputado”.

La familia de Brian se puso en contacto con CORREPI, y en las próximas horas acompañaremos a su mamá en su presentación como particular damnificada, para instar la investigación del homicidio.

Nada publicaron los diarios del homicidio, aunque en la misma semana, trascendieron otros tres casos, presentados como “delincuentes abatidos en intentos de asaltos”: uno en Los Polvorines, el segundo en Villa Lugano y el tercero en Quilmes, éste con un chico de 15 años fallecido por los disparos policiales. A pesar de la escasa información disponible, en los tres hechos la versión oficial reconoció que los “delincuentes” huían en el momento de recibir los disparos, lo que convierte en fríos ejecutores de homicidios a los policías que los mataron por la espalda y sin riesgo alguno para ellos.

2. Malvinas, la presidenta y el consenso.

El martes 20 de marzo, la presidenta Cristina Fernández estuvo presente en un Encuentro Latinoamericano de Telecomunicaciones celebrado en nuestro país. Aprovechando que en esos días el gobierno peruano impidió el arribo a su país de un barco de Gran Bretaña que patrulló las islas Malvinas, la presidenta dijo que esta acción “honra la tradición histórica de los padres libertadores en la lucha contra el colonialismo”.

Y como el gobierno que ella conduce es bien fiel a la política de obtener el mayor consenso posible, para aplicar toda la represión necesaria, y como es una fiel servidora del imperialismo, dice una cosa pero sus políticas demuestran lo contrario. Es por eso que, más allá de estas palabras, el gobierno argentino mantiene desde hace años a cientos de militares en el enclave colonial de Haití, al servicio de las fuerzas militares de EEUU, para que día a día apliquen la política de control social con el gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias.

El pasado 8 de febrero comenzó el juicio por la desaparición de Marita Verón con la lectura de los testimonios recopilados por el equipo querellante. Las declaraciones leídas más importantes fueron las que realizaron mujeres que estuvieron junto a Marita en alguno de los prostíbulos de La Rioja. Entre las mujeres que declararon, algunas son víctimas de redes de trata y prostitución rescatadas durante la investigación que hace diez años comenzó buscando a Marita. Las declaraciones corroboraron la información relativa a las acusaciones sobre Víctor y María Jesús Rivero, Domingo Andrada (ex policía), Daniela Milheim, José Gonzalo Gómez “Chenga”, Paola Gaitán, Alejandro González, Irma Medina, Azucena Márquez y Natalia Bustos como miembros y coparticipes de una red de trata que opera en Tucumán, La Rioja y Rio Gallegos, en complicidad con la policía de las tres provincias.

En algunas de ellas, se especificó el rol que habría cumplido cada uno de los trece imputados en el secuestro, venta y explotación de la víctima, como también hubo otras acusaciones a personas que no están imputadas pero que podrían ser parte de los 12 acusados sobreseídos por la fiscal Adriana Reynoso Cuello; entre ellos, Miguel Ardiles, una de las últimas personas que vio a Marita y quien le habría arreglado el turno que ella había ido a buscar en el Instituto de Maternidad, éste le habría pedido que se presente al otro día (03 de abril, día que desapareció) con sus documentos personales; Adrián Catalán, cuñado de la víctima, fue mencionado como cómplice de Ardiles y María Teresa Sánchez, quien fue mencionada como la dueña de la línea telefónica de Río Gallegos desde donde Marita se habría comunicado con su madre.

Antes de llegar a la instancia de debate prevista para el primer día de juicio, la defensa expuso ante el tribunal las irregularidades detectadas en el procedimiento investigativo y judicial del caso. Entre ellas, los abogados defensores de los trece imputados, solicitaban la nulidad de la elevación a juicio de los mismos, debido a que los imputados no habrían sido debidamente notificados sobre los cargos de los que se acusa al momento de las indagatorias. Además, Eduardo Molina, defensor de Derobertis, Milheim, Rivero María Jesús,  Rivero Víctor y González Alejandro, solicitó pericia psicológica y cámara Gesell  para Micaela Verón y pericia psicológica y psiquiátrica para Fátima del Valle Mansilla, testigo voluntaria que habría estado con Marita en los prostíbulos riojanos.

Las partes querellantes, representada por los abogados Carlos Varela, Carlos Garmendia y los fiscales Rouges y Sale, definieron los pedidos de la defensa, en términos generales, como “inoportunos, dilatorios y por fuera de la etapa debida en los términos del procedimiento judicial”. Además, el abogado Carlos Garmendia y la defensora de menores Inés Avellaneda, se refirieron a la solicitud de cámara Gesell como inapropiada, teniendo en cuenta que el proceso de cámara Gesell es usado cuando se deben hacer declaraciones muy fuertes relacionadas a episodios sufridos por la victima; en este caso, el abogado defensor no especificó por que debía someter a la hija de Marita a tal procedimiento, ni con qué objetivo. Avellaneda también mencionó que ese procedimiento se aplica a víctimas, no a la hija de la víctima, y además era inviable de realizarlo con una menor.

Con respecto a la solicitud de someter a pericias a los testigos, Garmendia se refirió a la solicitud como un mecanismo de inhibición y amedrentamiento de los testigos, que además también fueron víctimas.

El pasado 9 de febrero, el tribunal de Cámara decidió no dar lugar a los pedidos de la defensa y con respecto a los abogados defensores, Humberto Posse y Roberto Flores, les reprochó la representación confusa y alternada que realizaron en los últimos años con el imputado "Chenga" Gómez y que usaron en su provecho para pedir la nulidad de la elevación a juicio. Sobre el resto de los pedidos de nulidad, también fueron rechazados, incluyendo las pericias psicológicas y psiquiátricas solicitadas para Fátima del Valle Mansilla y su madre, y la cámara Gesell  y pericia psicológica solicitada para Micaela Verón.

En la tercera jornada del juicio por “Marita”, realizada el pasado 14 de febrero, declararon tres de los principales imputados de Tucumán: María Jesús y Víctor Rivero y Daniela Milheim. Los tres declararon algún tipo de vínculo con Rubén “La Chancha” Ale y, a su vez, negaron haber conocido o sido participes de la desaparición de “Marita”.

El primer imputado en declarar fue Víctor Rivero, de 40 años, mecánico dental y ex remisero de “5 Estrellas”. A él se lo acusa de haber secuestrado a “Marita” en un Fiat Duna Blanco el 3 de abril del 2002. Uno de los datos curiosos en la declaración de Rivero tuvo que ver con el auto en cuestión, puesto que él declara haberlo comprado en octubre del 2002, casi 8 meses después de la desaparición de María de los Ángeles Verón; en su defensa usa un boleto de compraventa sobre esta transacción que está en el expediente del caso. Lo curioso, y con lo que no pude defenderse, fue que el boleto de compraventa tiene fecha del año 2004.

Luego se sentó en el banquillo María Jesús Rivero, de 46 años, hermana de Víctor Rivero, ex propietaria de “5 Estrellas”, “Makarena” (bailanta que cerró hace unos años) quién actualmente trabaja en el spa de su pareja, ubicado en 25 de mayo al 600, y es ex esposa de Rubén Ale. Rivero se refirió primero a cómo conoció a la familia Verón, esto sucedió con la desaparición de “Marita” cuando Susana Trimarco y su esposo se acercaron a la remisería “5 estrellas” para pedir que ayuden en la difusión de la búsqueda de su hija, pegando su foto en los remises, prestando autos para las búsquedas y rastrillajes e incluso brindando ayuda económica. Este vínculo duró hasta octubre del 2002 aproximadamente cuando las investigaciones llevadas adelante por el policía Tobar señalaron a los Ale y a los hermanos Rivero, entre otros,  como los secuestradores. Por su parte, la imputada respondió la pregunta sobre el porqué de la desvinculación de la familia Verón con ellos, argumentando que ella y Rubén Ale dejaron de ayudar a los padres de “Marita” porque dudaban del destino que tenía el dinero que les daban.

Es importante destacar que tanto Jesús como Víctor Rivero declararon no conocer al resto de los imputados, ni a María de los Ángeles Verón. A la vez, ambos hicieron hincapié en desvincular a “La Chancha” Ale del caso.

Daniela Milheim, de 40 años, fue la última imputada en declarar ayer. Desde el principio su relato fue más crudo que los otros, puesto que empezó desde sus 16 años, cuando conoció a Rubén Ale, tuvo una hija suya y trabajo como prostituta para él, en “Derby”, uno de los tantos prostíbulos que funcionan en la ciudad, en la calle Marco Avellaneda. A lo largo de su declaración,  Milheim dejó ver un lado del negocio de la prostitución que, por lo general, la gente se niega a reconocer y que involucra a menores de edad siendo explotadas sexualmente, muchas veces obligadas o extorsionadas a hacerlo, sin recibir ningún tipo de beneficio económico.

La imputada fue denunciada por Fátima Mansilla de haber tenido en su casa secuestrada a Marita Verón. Mansilla, también declaró ser secuestrada por Milheim y su pareja, Alejandro González. En el año 2003, Milheim fue detenida durante 2 años y tres meses en el penal de mujeres de Tucumán.

Milheim declaró haber trabajado en “Candilejas”, prostíbulo de La Rioja regenteado por Irma Medina y de donde habría huido luego de ser maltratada por Medina y amenazada por la policía de La Rioja.

La acusada negó haber secuestrado a “Marita” Verón y deslegitima a Fátima Mansilla en sus declaraciones, argumentando que la misma “tiene problemas psicológicos”. Por otro lado, desmintió a Jesús Rivero diciendo que sí se conocían y mencionando una ocasión en la que estuvieron juntas.

Un dato que generó tensión en la sala de audiencias fue cuando Daniela Milheim denunció ante el tribunal haber sufrido ella y su hija de 18 años, una amenaza de parte de Azucena Márquez, Irma Medina y Natalia Bustos el jueves pasado en el baño de los Tribunales. Las imputadas habrían “apretado” a Milheim para que “solucione” la declaración de María Alejandra Huerta, conocida como “Julieta”, quien habría sido pareja de “Chenga”, prostituta en Candilejas  y enviada a Río Gallegos.

Madre coraje

Declaró Susana Trimarco, en el cuarto día de juicio por la desaparición de su hija, María de los Ángeles Verón, haciendo un fuerte hincapié en la complicidad de la justicia, la policía, los Ale y el gobierno de Miranda en el secuestro de su hija.

Recordemos que la investigación y la búsqueda de su hija fue comenzada por ella, por estar presente en cada momento y “pista” que surgía en la búsqueda y porque decidió convertir la lucha contra la trata de mujeres en su trabajo diario.

Para el tribunal, la declaración de Trimarco fue importante, pues aceptaron su pedido de no ser interrogada hasta que termine su testimonio. Así comenzó con el relato, partiendo desde la niñez de “Marita” y la forma en la que eligieron criarla como padres.

Durante su relato, aparecieron los primeros nombres: Patricia Soria y Daniel Ardiles; vecina de “Marita” que la habría entregado a Ardiles para que arreglen de donde iba a ser secuestrada.

El mismo día de la desaparición de "Marita", Trimarco y su esposo, Daniel Verón, quisieron hacer la denuncia por la noche y Trimarco contó todas las trabas que, desde un principio, les puso la policía para tomar la denuncia: sin tinta, sin papel, sin nafta, ruedas pinchadas. Finalmente, esa madrugada pudieron iniciar la búsqueda.

Daniel Verón trabajó durante el gobierno de Julio Miranda para un legislador; quien, al saber de la desaparición de “Marita”, los puso en contacto con Julio Díaz, en ese momento Sub Secretario de Seguridad de la provincia, el que les sugirió que inmediatamente realicen un afiche con la foto de su hija para que los peguen en los remises de la agencia “5 Estrellas”. ¿Por qué? por que en ese momento los hermanos Ale recibían una paga del gobierno de Miranda para cumplir un trabajo como “veedores de la ciudad”, “tienen 3.500 autos y mejores armas que la policía” afirmó la madre de Marita, como palabras de Díaz.

De esta forma comenzó “el circo” que le armaron a la familia Verón. Pistas de que su hija estaba en una punta o en la otra de la provincia a la vez, en Salta, Córdoba, etc. Durante las primeras semanas de la desaparición de Marita, Trimarco recibió el dato que a su hija la había secuestrado un remis de la agencia “5 Estrellas”, el cual, y con el policía Jorge Tobar en la investigación, comenzaba a precisarse la responsabilidad de Rubén Ale, Jesús y Víctor Rivero.

El paso por La Rioja

A los prostíbulos de Irma Medina en La Rioja, llegan gracias a los datos que brindó una chica en situación de prostitución en Tucumán: “Le dijo a mi marido que fue vendida por droga y plata y que se la habían llevado a La Rioja, al Candilejas”, comentó Trimarco.

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 650  

Sumario:  

1. “¿Tortura? Culpa de la sociedad...”, dicen el gobierno, la ONU y el CELS.

2. Torturas, puebladas y más represión.

3. Vale Todo.

4. Poliladrones en acción.

5. Informe sobre criminalización de la protesta.

CUERPO

“Canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreyra”

Junto a FM La Tribu y Aitor (primo de Mariano), estamos trabajando en la producción y difusión del disco que recuerda a Mariano y a todos los compañeros asesinados por luchar contra la injusticia.Del disco participan solidariamente artistas como Vicentico, 4 Pesos de Propina, Pablo Lescano, Manu Chao, Palo Pandolfo, entre otros. Este proyecto no persigue ningún tipo de ganancia y se financia con la militancia de los compañeros.Durante la venta anticipada, “Cuerpo” tendrá un valor de $ 20 y luego, su precio ascenderá a $ 40. La preventa se realiza para poder financiar los costos de producción, grabación y edición del disco. Una vez que se haya alcanzado este objetivo, lo recaudado se destinará en su totalidad  a CORREPI.

Para adquirirlo anticipadamente, contactate con nosotros a correpi@fibertel.com.ar, buscanos en Facebook o acercate a nuestro local, Carlos Calvo y Alberti, lunes de 17.00 a 19.00; jueves de 19.00 a 21.00; sábados de 11.00 a 15.00 hs.

1. “¿Tortura? Culpa de la sociedad...”, dicen el gobierno, la ONU y el CELS.

La semana pasada, senadores radicales y peronistas bonaerenses, junto con el CELS y la ONU anunciaron, con bombos y platillos, la creación de un “órgano de prevención de la tortura” en la provincia. Otro más, habría que decir, porque “Comisiones contra la Tortura”, “Observatorios contra la Tortura” o cosas parecidas abundan en la estructura gubernamental de la provincia de Buenos Aires, y en todo el país.

Como los ministerios o secretarías de Derechos Humanos, que no faltan a nivel nacional y de las provincias, estos “organismos” buscan instalar la ficción de que los gobiernos se preocupan por “prevenir la tortura”, cosa de estar a tono con las leyes y tratados internacionales en los que se despachan con enorme palabrería sobre la defensa de los DDHH y la prohibición de los tormentos.

El actual gobierno, en el marco de su constante práctica de sostener su trabajada imagen de “gobierno de los DD. HH.”, es campeón en esto de crear este tipo de organismos o de promover seminarios, coloquios y todo tipo de escenarios donde dicen cosas tan sesudas como “Si la tortura sigue existiendo es porque las sociedades así lo quieren y sólo desde la participación ciudadana puede venir la solución”, como disparó

Emilio Ginés Santidrián, integrante del Sub Comité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas en esta oportunidad, al tiempo que llamó a “Establecer un dialogo para hablar del hacinamiento, de las condiciones en las que se encuentran estas personas”, en referencia a los presos que sufren tormentos.

O sea: a Patricio Barros Cisneros, preso en el penal de José León Suárez, lo mató a palos “la sociedad”, y no once guardiacárceles torturadores que aplicaron una política de estado. El gobierno, junto con esos organismos nacionales o internacionales, nos convoca a “dialogar” sobre el apaleamiento, la picana, el submarino seco, el pata-pata, los submarinos y todo el despliegue de habituales métodos de torturas en los lugares de detención, antes de pasar al “coffee break” donde se charlará de cosas más placenteras.

Así, enmascaran la exclusiva responsabilidad estatal, a través del gobierno de turno, en la sistematicidad de la tortura; se presentan como quienes tienen “la solución”, y recurren al viejo truco de la “participación ciudadana,” cuando son ellos los gerentes de una política represiva sistemática que requiere, para su mejor implementación, de la invisibilización de la represión, por un lado, y de la construcción de consenso, por el otro.

En este intento de maquillaje, que ha sido una de las especialidades kirchneristas, juegan un papel protagónico los “organismos”, como el CELS, que se dedican a legitimar y fortalecer las instituciones que no son otra cosa que las ejecutoras de la represión cotidiana.

Silencian, así, que desde 1983, la “democracia”, administrada por radicales, peronistas y “progresistas” de toda laya (Frepaso, Partido Socialista, etc.)  asesinó más de 3.400 personas con el gatillo fácil y la tortura; desapareció un centenar de pibes; tiene presos políticos y más de 4.000 compañeros criminalizados por defender sus derechos. Con una mano bendicen y promueven “órganos para prevenir la tortura”, y con la otra organizan proyectos de espionaje e infiltración en las organizaciones populares, como el Proyecto X de gendarmería y sus equivalentes policiales y en otras fuerzas, que dependen, igual que sus “Comités” y “Comisiones”, del mismo gobierno, fortalecido con los funcionarios aportados por “organismos” como el CELS.

Y nada más útil, para tapar la represión actual, que hablar del pasado, como lo hicieron hace unos días cuando funcionarios kirchneristas se juntaron con el  Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) para “debatir sobre el avance de los juicios contra el terrorismo de estado”, por supuesto que sin mencionar el pibe que nos matan a diario, ni a los 17 asesinados en movilizaciones desde 2003. Hablan del pasado, matan en el presente, y generan consenso para la represión con medidas que aparecen como “progresistas”, creadas e implementadas por el mismo estado que necesita reprimir para seguir garantizando los privilegios de la clase explotadora, cuyos intereses representa y defiende.

2. Torturas, puebladas y más represión.

En la localidad santafesina de María Susana, un chico de 17 años fue levantado en la calle por la policía y torturado hasta dejarlo en grave estado de salud. A fuerza de golpes de puño y patadas, le exigían que llamara "jefe" a uno de los policías. Los vecinos reaccionaron con indignación, se movilizaron y apedrearon la comisaría. El ministro de Seguridad provincial, Leandro Corti, manifestó "si bien todavía no hay algún grado de precisión y claridad de cómo sucedieron los hechos, sí nos preocupa la manifestación que se dio en esta localidad por este conjunto de vecinos".

Claro está que, a un ministro de Seguridad, no le preocupa que sus subordinados dejaran a un adolescente internado en grave estado, resultado de la política de disciplinamiento social que sus asesinos de uniforme cumplen al pie de la letra. Al ministro de Seguridad del “progresista” gobierno santafesino, lo que en realidad le preocupa, es que el pueblo se niegue a ser sometido, ultrajado, torturado. Es por eso que a los policías que torturan y matan impunemente sólo se los somete a una investigación sumaria, mientras que a los vecinos se los incrimina y procesa por daños, atentado, resistencia a la autoridad y toda herramienta jurídica al alcance de la mano.

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 649  

Sumario:  

1. Asesinados para el control social

2. Más muertes en penales y comisarías

3. Los tres poderes: siempre contra el pueblo

4. La excusa del terrorismo

5. Nuevamente amenazas y agresiones a militantes en Jujuy

6. Próximas actividades.

24 de marzo: Invitamos a todas las organizaciones y compañeros a compartir un breve acto contra la represión actual, a las 14:00, en Plaza Lorea (Av. de Mayo y L. Sáenz Peña), antes de encolumnarnos para marchar a Plaza de Mayo en un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar.

CUERPO

“Canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreyra”

Junto a FM La Tribu y Aitor (primo de Mariano), estamos trabajando en la producción y difusión del disco que recuerda a Mariano y a todos los compañeros asesinados por luchar contra la injusticia. Del disco participan solidariamente artistas como Vicentico, 4 Pesos de Propina, Pablo Lescano, Manu Chao, Palo Pandolfo, entre otros. Este proyecto no persigue ningún tipo de ganancia y se financia con la militancia de los compañeros. Durante la venta anticipada, “Cuerpo” tendrá un valor de $ 20 y luego su precio ascenderá a $ 40. La preventa se realiza para poder financiar los costos de producción, grabación y edición del disco. Una vez que se haya alcanzado este objetivo, lo recaudado se destinará en su totalidad  a CORREPI.

Para adquirirlo anticipadamente, contactate con nosotros a correpi@fibertel.com.ar, buscanos en Facebook o acercate a nuestro local, Carlos Calvo y Alberti, lunes de 17 a 19; jueves de 19 a 21; sábados de 11 a 15.

1. Asesinados para el control social

Cuatro historias que se suman a la larga lista de asesinados en el cotidiano ejercicio del control social:

Hernán Alborcen (25) fue asesinado en Monte Grande el 11 de febrero de este año, de un disparo en la cabeza. Era de madrugada; estaba sentado en el cordón de la esquina de su casa, esperando a que su novia volviera del boliche. Dos policías bonaerenses de la comisaría de Esteban Echeverría lo fusilaron en ese mismo lugar.

Desde entonces, sus padres encontraron todas las trabas que pone el sistema para garantizar la impunidad de los verdugos de pobres. El fiscal que lleva la causa (como en general sucede cada vez que estos funcionarios tienen que responder por los perros guardianes del poder y la riqueza), evade a los familiares, los confunde, no les da respuestas, tendiendo a que las víctimas se cansen y dejen de pelear.

Julio Luna (62) era un comerciante de la localidad bonaerense de Quilmes que tenía un mini-supermercado. En la mañana del 5 de marzo, un joven entró al comercio e intentó asaltar a Julio. Un policía federal vestido de civil que estaba entre los clientes, fiel a sus reflejos policíacos, sacó su arma para detener al ladrón, sin importarle el riesgo para la vida de las personas. La bala policial terminó hiriendo al Luna, que murió mientras era trasladado al hospital.

El 8 de marzo, en Merlo, provincia de Buenos Aires, un policía bonaerense mató a dos jóvenes de 23 y 25 años. El policía estaba vestido de civil. Salía de un comercio y dice que dos ladrones intentaron sacarle el dinero que llevaba encima. Claro está que, para todo agente del sistema que se precie, el valor del dinero es siempre superior al valor de la vida. Y como los policías no se desprenden de su arma ni para ir a hacer los mandados, éste no dudó en matarlos, seguro de tener de su lado a sus colegas para encubrirlo, a jueces y fiscales para protegerlo, y a las cadenas de medios para reproducir la versión policial del confuso episodio. Al fin y al cabo, los muertos no hablan, y menos si son pobres.

2. Más muertes en penales y comisarías

Son tres, en apenas unos días, las noticias de personas fallecidas a manos de los verdugos que custodian las rejas de cárceles y comisarías argentinas.

En San Martín, provincia de Buenos Aires, en el penal de José León Suárez, Patricio Barros Cisneros (26) falleció el 28 de enero producto de las torturas. Las personas que presenciaron el ataque sostienen que participaron alrededor de once penitenciarios que lo esposaron y, una vez en el suelo, lo reventaron a golpes de puño y pies. Incluso uno de los verdugos saltó sobre su pecho en reiteradas oportunidades.

Hay cuatro penitenciarios con orden de captura, acusados de homicidio agravado por alevosía. Como siempre, no hay juez en Argentina que se atreva a decir “tortura” en democracia). Lógicamente, también, Rodrigo Chaparro, Héctor Aníbal Mario, Gerardo Rodolfo Luna y César Raúl Benítez ya se profugaron. Si usted, estimado lector, sabe algo de ellos, ¡no avise a la policía!.

En Córdoba, Sandra López (41) portera de una escuela y madre de tres hijos, murió luego de haber sido golpeada durante su arresto, después de doce horas sin asistencia médica. Todo comenzó el 3 de marzo, cuando fue detenida, junto a su esposo y tres personas más, porque había filmado un operativo en su barrio, en el que los vecinos denuncian que la policía entró a los tiros. Sandra, que sufría de gastritis nerviosa, se descompuso tras los golpes policiales y vomitó sangre. Pese a los reclamos de los otros detenidos, recién fue vista por un médico doce horas después. Ya era tarde, y, aunque liberada, murió el lunes 5.

En Catamarca, Diego Iván Pachado (20) fue detenido junto a su amigo, Mario González, por averiguación de antecedentes. Minutos antes Diego y Mario habían sido asaltados. Diego tenía un profundo corte en la cabeza, producto de la golpiza que le propinara la policía. Tampoco recibió asistencia médica. Cayó en coma y murió dos días después de su detención en la sala de terapia intensiva del hospital San Juan Bautista, el martes 13.

La lista de muertos en cárceles y comisarías sigue engordando, así como la de muertos por el gatillo fácil, las dos modalidades de represión preventiva que el Estado descarga sobre el pueblo para disciplinarlo. No hay purga, no hay “programa de DDHH” que pueda modificar estas prácticas que son parte de la función encargada por los poderosos a las fuerzas de seguridad.

3. Los tres poderes: siempre contra el pueblo

Esta semana, los legisladores de la UCR realizaron una denuncia penal contra el Ministro de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, Julio De Vido, por la masacre ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas y hubo 700 heridos.   

De Vido respondió argumentando que el radicalismo debe explicaciones por los muertos de diciembre de 2001, refiriéndose al asesinato a manos de las fuerzas represivas de 39 personas en todo el país durante la rebelión popular que forzó la partida anticipada del gobierno de la Alianza UCR - Frepaso, y recordó, también, históricas represiones radicales, como “La Semana Trágica”, “La Patagonia Rebelde” o los comandos civiles de 1955. No mencionó, en cambio, la masacre del Puente de Corrientes, en 1999.

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 648.

Sumario:

1. Garré, la policía y lo imposible.

2. Garré recargada.

3. Ningún pibe nace chorro, pero por las dudas...

4. La recurrente criminalidad policial.

5. La masacre, la nueva ofensa.

6. Denunciamos la represión a la que fueron sometidos los vecinos de Berazategui.

1. Garré, la policía y lo imposible.

Esta semana, Nilda Garre, la ministra de Seguridad, encargada de coordinar y hacer efectiva la política represiva del gobierno, ordenó el retiro y desplazamiento de 56 comisarios y 23 comisarios inspectores de la policía federal.

En algunos casos, fueron los propios policías los que pidieron el retiro, porque alcanzaron los requisitos para jubilarse, o porque no ascendieron en el escalafón, como es el caso del ex titular de la Comisaría 19ª, Gerardo Fabián Galli, que fue “congelado” en los ascensos -pero no echado- por sus vinculaciones con el proxenetismo junto al “empresario” Raúl Martins.

Estas “purgas” periódicas suelen ocurrir cuando la obviedad de los crímenes de algunos de sus subordinados requiere una limpieza de cutis para sostener la imagen de la fuerza y del gobierno que la dirige. Es el caso del Comisario Inspector Luis Mansilla, ex jefe de Control de Líneas de la Policía Federal, y del Comisario Jorge Ferreyra, ambos procesados por el asesinato del militante Mariano Ferreyra, a los que el gobierno optó por excluir del servicio activo para facilitar que la culpa quede visibilizada en ellos, y se disimule la responsabilidad estatal en el hecho.

Cabe aclarar que, como no fueron exonerados, sino simplemente pasados a la situación de retiro, todos gozarán de sus haberes jubilatorios, obra social y demás privilegios como jubilados estatales, sin importar que estén investigados por asesinatos, narcotráfico, violaciones, tortura, proxenetismo u otros delitos.

Los cargos vacantes serán ocupados, en algunos casos, por personal de Gendarmería, otro sector de los ejecutores de la represión estatal al cual quieren hacer ver como “patrióticos y limpios”, pero que cumplen la misma función que cualquier policía o prefecto y que no es otra que reprimir manifestaciones o fusilar pibes en los barrios.

Este tipo de maniobras tiene el objetivo de generar consenso para la represión, ya son un “lavado de cara” de las fuerzas represivas basado en la vieja y falsa excusa de que existen policías malos y otros buenos, o manzanas podridas que pudren al resto, de modo que “el problema” se solucionaría separando a los “malos”. Se pretenden generar, así, erróneas expectativas del pueblo sobre quién se encarga de disciplinarlo y reprimirlo. El gobierno intenta una vez más confundir y construir consenso para llevar a delante lo que la represión necesaria para mantenerse en donde están.

Como decimos una y otra vez desde CORREPI, no es un policía, es toda la institución. No se trata de personas que actúan individualmente, sino de la función que cumplen en la sociedad, y eso no se puede (y tampoco lo pretenden) alterar. No se puede cambiar la naturaleza de una institución fundamental para los ricos y poderosos como la Policía, la Gendarmería o cualquier color de uniforme que se encargue de repartir palos al pueblo trabajador para mantener el poder de los que nos explotan día a día.

Purgas, cursitos de DD. HH., cambios de colores en los uniformes, descuelgue de cuadros o lo que vaya a inventar el gobierno para seguir reprimiendo con consenso, no altera su carácter represivo. No podemos esperar soluciones del gobierno que más pibes ha fusilado en los barrios, que lleva 17 compañeros caídos en manifestaciones y que militarizó el país. La única respuesta frente a la represión del estado de los poderosos es la organización y la lucha del pueblo trabajador.

2. Garré recargada.

Los diarios titularon “Sorpresivos cambios en el ministerio de Seguridad” o cosas parecidas. Es que, de la noche a la mañana, la secretaria de Seguridad Operativa, Cristina Camaño, fue relegada a una tarea menor, como secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, y fue reemplazada por Sergio Berni, un “pingüino operativo”, como lo definió el diario Infobae.

Berni, con larga experiencia castrense (es Teniente Coronel retirado), es un hombre leal. Leal al que le toque en turno, como lo prueba su derrotero político. Simpatizante carapintada, fue funcionario estrella de Duhalde y de ambos Kirchner. Pasó por el ministerio de Desarrollo Social, desde donde capitaneó el proceso de disciplinamiento y cooptación de buena parte del movimiento piquetero, y por el ministerio de Defensa, donde trabó relación con Garré. Últimamente, era senador en la Legislatura bonaerense, dirigiendo el bloque oficialista, alineado con Mariotto.