CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 542


Sumario:

1.- Progresismo judicial por la “sindicalización” policial.

2.- Sin independencia del estado no hay informe antirrepresivo que valga.

3.- Para muestra, basta un botón.

4.- Más muertes en cárceles y comisarías.

5.- Gatillo Fácil, denuncia y represión.

6.- BarcelonAntirrepresiva

PROGRESISMO JUDICIAL POR LA “SINDICALIZACIÓN” POLICIAL.

¿Es apenas una casualidad que la expresión pretendidamente más progresista del ámbito judicial coincida con las aspiraciones de la familia policial?

En un reciente reportaje en el diarioLA NACION el cortesano Juez Zaffaroni abogó por la sindicalización policial.

El argumento es casi pueril: “Padecen un orden militarizado que nadie sabe explicar porqué” (textual) y “ese orden militar impide la sindicalización y con ello se prohíben las peticiones colectivas, es decir se les prohíbe discutir horizontalmente las condiciones de trabajo”. Paralelamente, el supremo sostuvo que es necesario acabar con la "autonomía" policial pues “se ha constituido en un factor de riesgo en todo el mundo y en nuestro país”, poniendo como ejemplo las matanzas de Puente Pueyrredón y los acontecimientos de Diciembre de 2001...

Atribuir a la ausencia de sindicalización  el mal desempeño de los policías ejerciendo el disciplinamiento social y a la presunta autonomía institucional, los homicidios de militantes populares, es, en principio, una simplificación inadmisible.

Pero, al reparar que quien lo expresa representa a uno de los tres poderes responsables del estado al que pertenece la institución policial, corresponde adjudicarle la hipocresía con la que intentan subestimar nuestra capacidad de asombro.

La sindicalización es propia de los trabajadores y el policía NO INTEGRA LA CLASE. Por más que sea verdad que pueda provenir de ella, lo cierto es que la naturaleza de su función lo coloca por fuera. Disciplinar a la clase trabajadora, constituirse en el brazo ejecutor del control social del estado, es el "trabajo" al que se refiere el Dr. Zaffaroni, que, de paso, puede encontrar allí una buena explicación a su militarización.

Hay quienes -compartiendo criterio con el juez- abogan por esa sindicalización con el argumento de que ella contribuirá a diluir el esquema absolutamente represivo en que la función se inscribe (el juez lo llama servicio civil) y que se presenta a veces como resistida por los altos mandos de la institución, pero lo que parece convincente no siempre es convincente.

De hecho, en el país existen diversas expresiones policiales a favor de la “sindicalización” y todas -sin excepción- plantean como ineludible reivindicación "la necesaria defensa de los compañeros injustamente perseguidos o enredados en bretes judiciales por cumplir con su obligación". En otras palabras, al lado de la reivindicación salarial corre, en un mismo nivel de reclamo, el blanqueo definitivo de la impunidad que vienen gozando en innumerables casos de gatillo fácil y torturas seguidas de muerte, a la luz de recientes y escandalosos fallos judiciales que tienen a los familiares de CORREPI (entre otros) revictimizados.

No perderán jamás su rol represivo, por el contrario, la sindicalización les reforzará ese accionar.

Ni una palabra ha dicho al respecto Zaffaroni, ni una palabra siquiera los 300 policías jubilados y cesantes que, en la misma semana, en Tucumán, levantaron la necesidad de su sindicalización "porque ganan poco y nadie los defiende".

No sólo reprimen, además mienten: ahí está la corporación judicial que los asiste con los fallos y con los reportajes.


SIN INDEPENDENCIA DEL ESTADO NO HAY INFORME ANTIRREPRESIVO QUE VALGA


El recrudecimiento de "la violencia policial va en contra de la política del gobierno nacional, que no es represiva".

Esta manifestación pertenece a la Dra. Alicia Pierini, que en sintonía ideal con la Casa Rosada, suscribe un INFORME SOBRE VIOLENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES que mezcla conceptos, confunde deliberadamente la data, aparenta preocupación y usa el discurso derechohumanista para intentar despegar de la responsabilidad que le cabe en tanto provee "a la defensa de las víctimas" y las cooptan con el indisimulado fin de encausar (cuando no acallar) los cuestionamientos que estas víctimas hacen al sistema que la instituyó.

Dice haber recibido 100 denuncias en los últimos dos años y que, de ellas, 20 casos son de extrema gravedad (entre los cuales figuran 4 homicidios, desalojos y otras modalidades represivas). Omite los casos que no pasaron por sus oficinas y refiere que fueron llevados a la justicia aunque en la gran mayoría de ellos los responsables terminaron impunes.

El documento, pese a tener, aun con recortes y omisiones, 65 páginas, 10 capítulos y 3 anexos, conceptúa el accionar policial como excesos individuales, irregularidades policiales, prácticas indebidas. Y se lo atribuye a "la falta de formación en derechos humanos de sus cuadros".

Se entiende: si la defensoría llamara política a los excesos, gatillo fácil a las irregularidades o tortura a las prácticas indebidas, no hubiera podido afirmar que la violencia policial va en contra del gobierno que registra el más alto crecimiento del índice de estas "prácticas" en los últimos 5 años  (sobre un total de 2.826 casos desde 1983 a noviembre de 2009, 1.323 casos desde el 25 de mayo de 2003).

Si la defensoría reparara en que los cuadros policiales de la democracia no difieren conceptualmente de los cuadros policiales en dictadura, advertiría que no es la falta de formación en materia alguna lo que mueve a la institución policial a actuar como lo hace. Por el contrario, si hay algo para lo que están específicamente formados es para lo que hacen. Claro, tampoco podría afirmar que la política de su gobierno no es represiva.

El dato final e insoslayable, es que la data del informe corresponde al égido de la ciudad autónoma de Buenos Aires, gobernada por el inescrupuloso referente de la derecha ingeniero Macri, quien está armando su propia agencia policial, a imagen y semejanza - claro está- de la que depende del gobierno nacional.

¿Sirve el documento? Sí, para demostrar que la verdadera lucha antirrepresiva sólo puede darse con independencia absoluta del estado que la origina.   
PARA MUESTRA, BASTA UN BOTON

El domingo 10 de enero, el diario “La Nación” dio como noticia que el 25% del personal de la policía bonaerense de Scioli - Stornelli fue sumariada por distintos hechos delictivos en el último bienio.

Esto, que ahora parece sorprender a los herederos de la familia Mitre, es algo que CORREPI viene denunciando desde su fundación. Las agencias represivas, y, entre ellas, muy especialmente la policías provinciales o la federal, son quienes articulan, dirigen, conforman y son parte de distintas bandas delictivas a lo largo y ancho del país.

Muchas son las noticias que lo testimonian. Incluso los periódicos reflejan en sus páginas, diariamente, la ligazón de miembros de las fuerzas de seguridad del estado en delitos como narcotráfico, secuestros extorsivos u otro tipo de extorsiones, amenazas, trata de personas, asaltos comando, etc., que delatan la permanente connivencia entre el brazo armado del estado y las bandas delictivas.

Tampoco son pocas las oportunidades en la que están sospechados o involucrados funcionarios del gobierno de turno o de la propia justicia.

Pero no por reiterada deja de ser develadora la cifra que nos proporciona en esa crónica el mencionado matutino: En dos años, 872 efectivos fueron exonerados de la fuerza y 1.779 fueron desafectados del servicio que prestaban, lo que demuestra, a las claras, algo que CORREPI tampoco deja de señalar: las purgas de nada sirven, ni sirvieron jamás.