Política y dictadura en San Lorenzo

Se cierran los caminos del Concejo para Pedro Pili Rodríguez

Organizaciones sociales, de derechos humanos, concejales locales, diputados provinciales y representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, se reunieron este viernes en el Concejo Municipal de San Lorenzo para analizar la impugnación del diploma de edil electo Pedro Pili Rodríguez, quien fuera funcionario de la dictadura y se encuentra procesado por delitos de lesa humanidad.

Pedro "Pili" Rodríguez se presentó en las últimas elecciones como candidato a concejal de esa ciudad y su lista cosechó los votos suficientes como para que entre al menos el cabeza de su lista, es decir, él mismo.

Rodríguez estuvo preso 102 días por decisión de la justicia federal y se encuentra en libertad bajo fianza. Pili está procesado por haber cometido crímenes de lesa humanidad, como el secuestro, torturas y amenazas al dirigente gremial Manuel Casado en plena dictadura, cuando ocupaba la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio. También está complicado con otra causa: la que investiga los enterramientos de desaparecidos en fosas comunes en el cementerio sanlorencino.

Democracia vs Dictadura

En la reunión de este viernes se hicieron presentes cinco de los ocho concejales que deberán resolver si aceptan o no que Rodríguez asuma una banca, quienes fueron convocados por un conjunto de ciudadanos de San Lorenzo, organizaciones gremiales, de derechos humanos y legisladores de Santa Fe, a “refleccionar sobre el retroceso para la profundización de la democracia que significaría la asunción de Rodríguez como concejal”, tal cual expresó una de las militantes del grupo local La Ventolera, agrupación que organiza un acto de repudio a Pili Rodríguez el 8 de diciembre próximo en San Lorenzo.

También participaron del encuentro los diputados provinciales Alicia Gutierrez (SI), Gerardo Rico (Frente para la Victoria), Antonio Riestra (Frente Progresista), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. y el Sindicato de Municipales de San Lorenzo, entre otros.

En la reunión la concejala Marcela Lozano (SI) mostró a los presentes una copia de un escrito intimidatorio que recibieron en las últimas horas los concejales sanlorencinos, redactado por el propio Pili Rodríguez, donde el hombre de la dictadura los amenaza con que si no lo dejan asumir pueden llegar a pagar con “diez años de cárcel”. Para varios de los presentes la “ridícula” presentación de Rodríguez es una muestra de que se siente “acorralado por su pasado”.

Tanto los militantes de H.I.J.O.S. como los diputados Rico y Gutiérrez coincidieron que la tarea que le compete a los concejales sanlorencinos no es juzgar en términos jurídicos a Rodríguez, sino desde la facultad que el reglamento de la ciudad les confiere que “es evaluar si posee la cualidades morales y éticas para asumir una banca”. En ese sentido la gran mayoría de los presentes reconoció que además de los procesos judiciales en su contra, Pili Rodríguez tiene un pasado totalmente reñido con la democracia al haber sido un funcionario clave de la intendencia de san Lorenzo durante la dictadura.

El diputado Rico recordó el nuevo marco político que se instaló en la provincia en relación a estos temas luego de la sanción de Ley que prohíbe a los candidatos que estén procesados o condenados por delitos de lesa humanidad.

La concejala del Frente para la Victoria María Claudia Mariani coincidió que no quedan dudas respecto “de las cualidades morales que Rodríguez no posee para ingresar al concejo”.

Los representantes del Frente Progresista y el Partido Radical, en la vos del concejal Gustavo Oggero, expresaron que “agradecían profundamente a los organismos de derechos humanos y ciudadanos que se hicieron presentes por todos los documentos y argumentos ofrecidos en esta reunión”.

Los radicales expresaron haber quedado conmovidos ante los relatos de algunos de los sobrevivientes del terrorismo de estado que hablaron en la reunión y también reconocieron como uno de los fundamentos más duros contra Rodríguez el hecho de haber sido un hombre contrario a “la constitución, las leyes, los partidos políticos y la democracia” al haber sido “funcionario de la dictadura”.

Varios de los presentes en el encuentro recordaron el antecedente del caso de Luís Patti, cuando la Cámara de Diputados le negó su diploma por pasado ligado al terrorismo de estado. También se hizo referencia a que de "ninguna manera con una decisión de este tipo se atentaría contra el voto popular, puesto que se niega el ingreso de una persona, pero no de el partido, que podrá reemplazar al concejal impugnado con sus suplentes".

El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia Ángel Ruani, comentó a los presentes una reunión mantenida el martes pasado con la vicegobernadora Griselda Tessio, quien según refirió Ruani, acercó algunos argumentos más para tener en cuenta a la hora de evaluar la idoneidad moral del Rodríguez.

El reglamento interno del Concejo de San Lorenzo faculta a los ediles la facultad de otorgar o negar la el diploma de sus pares, en tanto éste no posea la habilidad “moral o física” para ejercer el cargo. En ese sentido la concejala Marcela Lozano fue muy precisa al detallar que el reglamento plantea que el “estar procesado por delito doloso” es causal de impugnación de diploma.

Cabe recordar que Rodríguez tiene un procesamiento, confirmado por la Cámara Federal de Rosario, en el que se lo acusa de ser partícipe necesario del delito de “privación ilegitima de la libertad y tormentos”, cometidos contra trabajadores del cordón industrial durante la dictadura militar.

Gentileza HIJOS ROSARIO.