Megaminería: Cuando el pueblo tiene la palabra.

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de Gacetillas Argentinas.

Desde el pasado 2 de enero, cuando comenzó el corte en el Alto Carrizal, en los Nevados del Famatina, fue creciendo una pueblada que ahora se extendió a Catamarca y Tucumán pero que, sin dudas, comienza a hacerse sentir en todo el país mediante actos y marchas que se vienen realizando sistemáticamente semana a semana.

La actividad de las asambleas ciudadanas es febril. No hay descanso en la lucha, porque la represión y la ley antiterrorista vienen marchando a paso redoblado. Justamente este reclamo por el cese de la megaminería a cielo abierto vino a revelarnos la real intención de la sanción y promulgación de una norma claramente inconstitucional.

Habíamos anticipado que la Ley 26.734 podía ser aplicada por la justicia provincial. Ello ocurrió con la detención y posterior liberación de los asambleístas que efectuaban el corte en la localidad de San José, del Departamento de Santa María, en Catamarca por la acción claramente represora del Fiscal Landívar, quien había afirmado a las Dras. Nidia Gauthier y Selene Herrera que "si no había causa, la voy a inventar". No se le ocurrió mejor idea que imputarlos por el Art. 213 bis, cuando su aplicación le corresponde a la Justicia Federal por cuanto la competencia en las rutas nacionales le corresponde a ésta y no, a la justicia provincial. El mismo Fiscal Federal Antonio Gustavo Gómez lo explicó claramente, cuando se le preguntó sobre ello, confirmando la primera aplicación de la ley contra la protesta social.

Este procesamiento generó temor en los bloqueos selectivos posteriores, como aconteció en Tinogasta, pero no pudo acallar la voz popular. Tampoco pudieron los exabruptos de Gioja, al comparar a los ambientalistas con Hitler o el "paseo" y la violencia policial sobre Elena Ríos en Mendoza, tras exponer su punto de vista al Gobernador Pérez.

Hasta ahora, el Gobierno Nacional, junto a los provinciales, trata de mantener el conflicto a nivel local y provincial. Sin embargo, se le escapó la tortuga al kirchnerismo... La conciencia ambiental de los pueblos no se forjó de la noche a la mañana. Viene desde hace varios años, estallando frente al comienzo de una exploración de la minera Osisko en Famatina, Provincia de La Rioja y las nefastas consecuencias de Minera Alumbrera que se extendieron a vastos sectores de las provincias de Catamarca y de Tucumán.

De la mano de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), se está conformando una voz popular que denuncia las consecuencias de la actividad megaminera pero también los sólidos lazos de ésta con el poder político. Y ella está cada vez más cerca de esta Capital, para hacer honor al viejo dicho: "Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires".

Luciano Arruga: El Estado es responsable.

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de Gacetillas Argentinas

Se cumplen hoy tres años desde la última vez que se vió con vida a Luciano, un joven con sueños e ilusiones como tantos otros de las barriadas populares de nuestro país. Las garras de un Estado que no quiso cuidarlo se lo llevaron, con la impronta de la dictadura cívico - militar - eclesiástica, como parte de un sistema excluyente que pretende eliminar a los pobres en lugar de encontrar el camino para la movilidad social ascendente.

El Estado es responsable. Así afirmaría la extinta compañera Adriana Calvo. Y ello debe extenderse a todos los poderes que lo integran. El Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal por llevar adelante este sistema de exterminio sistemático de la juventud empobrecida. El Legislativo en todos sus ámbitos por no generar las alternativas en materia normativa para protegerla en forma efectiva y el Judicial por avalar todas y cada una de las atrocidades que cometen las fuerzas de seguridad, cualquiera sea su jurisdicción.

Pese a las pruebas reunidas, todavía no se reconoce jurídicamente su desaparición. Resulta evidente que, desde el poder político, se pretende ocultar la trama de exclusión sistemática que sufrió este pequeño Che de Flores y Lomas del Mirador. Y ello se revela en el libro "Detrás de Luciano", escrito por el Dr. Damián Piraino, uno de los abogados de la familia Arruga, que fuera presentado el pasado sábado durante la Jornada Cultural organizada por los familiares y amigos del joven desaparecido.

La lectura de sus páginas nos permitió conocer la profunda humanidad de Luciano, como también los mecanismos perversos de un sistema que tiene a la propiedad privada como valor principal en detrimento de la vida. Una vez más, el capitalismo mata.

Luciano fue un ángel que sobrevoló Flores, desde su infancia y las vueltas de la vida lo llevaron al Barrio 12 de Octubre. Pero no tenía escapatoria frente a lo sistémico. La burguesía pidió, y sigue pidiendo, seguridad ante el imaginario creado por los multimedios para dar lugar a las patotas policiales que continúan con su pesada herencia de 1976 para beneficio propio. Sucede que la policía necesita alimentar su "caja" y para ello, establece alianzas con la delincuencia pero también la estimula, utilizando a los jóvenes pobres para ello. Ese circuito perverso continúa en lo judicial, que rara vez condena a los policías cuando éstos cometen sus alevosos crímenes.

¿Solamente existen los Derechos Humanos del ayer?

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de Gacetillas Argentinas.

Mientras el Gobierno Nacional se ufana de ser el "gobierno de los Derechos Humanos", tras promover el juicio y castigo a los genocidas y represores de la última dictadura cívico - militar - eclesiástica, arrebatando las banderas de los organismos de Derechos Humanos y de la misma izquierda, aún atomizada, insiste en su paradigma del pasado y desconoce el presente y el futuro de esta categoría de derechos.

Si algo ha caracterizado al kirchnerismo desde el comienzo de su gestión en el 2003 es, precisamente, la construcción de un paradigma acerca de los derechos fundamentales del hombre, centrado en las históricas reivindicaciones de los organismos de Derechos Humanos y con una clara mirada hacia la dictadura de 1976. Fue ello, lo que permitió alimentar su legitimidad tras la escasa legalidad del inicio de su mandato debido a la escasa diferencia en las elecciones de dicho año, la cual obligó al hoy Senador Nacional Carlos Menem a declinar a su posibilidad al ballotage.

Legalidad de origen y legitimidad en la construcción política van tomadas de la mano. El escaso colchón electoral los obligó a la búsqueda de un consenso, por un lado y por otro, a buscar banderas para que ellas no pudieran ser ensalzadas por la oposición a su izquierda. Por otra parte, fue concentrando el poder mediante la cooptación sistemática de los organismos históricos de Derechos Humanos y de aquellas instituciones que pudieran comprometer su ejercicio del poder mediante cuestionamientos.

Hoy nos encontramos que continúan el paradigma del ayer. Por eso, la pregunta que titula esta nota y que cobra relevancia a partir de los acontecimientos de este enero particularmente caluroso a nivel político, con la pueblada en Famatina y en Belén. Desde luego, ello sin desdeñar la actualidad del gatillo fácil, la continuidad de la metodología represiva en las cárceles, el ninguneo sobre los colectivos vulnerables, como los pueblos originarios, cuyo emblema es el pueblo qom y las personas con discapacidad, y la sanción y promulgación de una ley antiterrorista en previsión del incremento de la protesta social en un contexto socioeconómico donde se prevee un ajuste, con otro maquillaje, al igual que durante los ' 90.

Para el Gobierno Nacional, de acuerdo a sus declaraciones y acciones públicas, solamente existen los Derechos Humanos del ayer. Es el caballito de batalla sobre el cual gira su política interna y la ejecución de la política exterior. Ocurre que el capitalismo "en serio" necesita desconocer los derechos económicos, sociales y culturales para continuar la ejecución de una política económica que todavía no ha removido los cimientos establecidos por la dictadura y el menemismo, su continuación en democracia.

Podemos afirmar, no obstante, que existe una ruptura parcial con el pasado. Aún quedan dos patas de la mesa de los Derechos Humanos del ayer: la complicidad del poder económico y de algunos integrantes del Poder Judicial, quienes colaboraron con los genocidas para llevar a cabo el exterminio sistemático.

Bien lo explica José Schulman en su artículo "¿Quién está matando a los militantes populares en la Argentina?…", "El gobierno de los Kirchner tenía como misión histórica terminar con el menemismo, como expresión del neoliberalismo fundamentalista y garantía de la impunidad para los genocidas del Terrorismo de Estado". En el medio de la gestión kirchnerista, está la mancha de la segunda desaparición de Jorge Julio López y la desaparición de Luciano Arruga. Y el análisis del Secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre nos brinda herramientas para seguir pensando: "Desde la lógica oficialismo / oposición se construyen dos diagnósticos opuestos que podríamos sintetizar / esquematizar del siguiente modo: a) desde la perspectiva oficialista: ' el gobierno nacional no reprime y los crímenes cometidos en Formosa, Rosario y el interior son responsabilidad de los gobiernos provinciales; los crímenes de la Capital Federal y el gran Buenos Aires, la desaparición de Julio López y otras situaciones similares, efecto residual de fuerzas en retirada, derrotadas políticamente y que no tienen capacidad de afectar seriamente la gobernabilidad ' y b) desde la perspectiva de oposición sistemática se sostiene la idea de ' la tercerización ', es decir que detrás de los crímenes de la Bonaerense, las Policías de Formosa, Jujuy, Neuquén, Santa Fe y otras, de las bandas bravas y las patotas sindicales, de los secuestradores de Julio López, etc. hay una decisión política del gobierno nacional que -como el tero- afirma que no reprime ni reprimirá mientras manda asesinar a otros”.

Entre Famatina y Buenos Aires: Cuando resistir es la consigna.

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez.

El corte en el Alto Carrizal, en los Nevados del Famatina, Provincia de la Rioja y el levantamiento de los molinetes en el subterráneo porteño, junto a la firma de un petitorio que ya lleva más de 120.000 firmas, son el resultado de las acciones de un poder político; plutocracia, diría el colega Andrés Sarlengo, que pretende avasallar los derechos del pueblo.

Lleva 14 días, el pueblo riojano y una semana, parte del porteño una resistencia que fue tomada como fundante para exigir que se los respete. El comienzo de las operaciones de exploración de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation y el incremento del pasaje detonaron una respuesta popular pese a los anuncios de represión, por un lado y por otro, al insinuar nuevos aumentos tarifarios y sostener que "constituyen una quita de subsidios", eufemismo para ocultar el mecanismo para evitar el debate en una Audiencia Pública como ordena la Ley Nº 6 de la Ciudad, junto a la represión a las y los manteros en la calle Florida, y el veto sistemático de aquellas normas sancionadas por la Legislatura con un alto contenido social.

Sin dudas, no hay licencia social pese a los votos obtenidos en las recientes elecciones. Ni en La Rioja, ni en la Reina del Plata. El Gobernador Beder Herrera, quien tiene que trasladarse en un automóvil con vidrios polarizados ante los reclamos populares, insiste en despejar el camino a cualquier precio, manifestando así su desprecio por el derecho al medioambiente sano que establece el Art. 41 de la Constitución Nacional y esbozando su intención de etiquetar como terroristas a quienes están cerrando el camino a la minera, tras la citación a declaración indagatoria que se efectuara a 10 vecinos famatinenses. Por otro lado, el Jefe de Gobierno porteño, junto a su Ministro de Hacienda, con una interpretación antojadiza de una Audiencia Pública celebrada en 1998, pretende transferir el costo de su "esfuercito", como lo definió la Presidenta de la Nación, a los usuarios en lugar de analizar la estructura de costos y llevar su propuesta a la instancia prevista en la normativa vigente. Al mismo tiempo, su Policía Metropolitana, más las consabidas patotas integradas por barrabravas de Boca Juniors y Nueva Chicago, reprimen a quienes pretenden llevar su sustento a sus casas y veta leyes tales como la adhesión a la Ley Nacional Nº 22.431, recordando el pasaje gratuito para las personas con discapacidad; el semáforo para ciegos y la jubilación para los músicos.

Conflictos relevantes para este verano. Dejamos el 2011 con una ley antiterrorista y hoy advertimos el sustancial incremento de la protesta social. Poco a poco, van surgiendo nuevos focos. Esquel, en Chubut, en su lucha contra la minería a cielo abierto; Formosa, en la Comunidad La Primavera, donde el Pueblo Qom sigue luchando por la tierra y el agua que le corresponde, al igual que el cese de las agresiones hacia su líder Félix Díaz y su familia; Santiago del Estero, en donde aún está fresco el asesinato del militante Cristian Ferreyra y con una feroz lucha contra el desmonte por parte del MOCASE - VC; el asesinato del joven Garrido en El Bolsón, en la Provincia de Río Negro, a manos de fuerzas policiales y los asesinatos de los militantes del Movimiento 26 de Junio, integrantes del Frente Popular Darío Santillán, en el Barrio Moreno de la ciudad de Rosario, y de Noemí Condori, militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) van conformando un panorama complejo que no tiene respuestas del poder político. Al menos, no las tiene con respecto a los reclamos pero tiene preparada una ley destinada a criminalizar a todas y a todos aquellos que osen protestar.

Reinventando al socialismo

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de GACETILLAS ARGENTINAS

Hace 53 años, Fidel Castro Ruz, Camilo Cienfuegos y Ernesto "Che" Guevara escribían otra página en la historia de Cuba, tras derrocar al dictador Fulgencio Batista, quien terminó escapando a Santo Domingo con la ilusión de ser apoyado para retomar el poder.

Sin embargo, de esta forma también se terminaron los sueños anexionistas desde el establecimiento del neocolonialismo en 1902, iniciado por el Presidente Estrada Palma, quien formalizara la dependencia con los EE. UU. tras la lucha contra España. Llegaron los ecos de la Revolución Bolchevique de 1917 y la conciencia revolucionaria crecería hasta llegar a 1953.

La Constitución de 1940 llevaría al poder a Fulgencio Batista, sucedido por Ramón Grau San Martín en 1944. Sin embargo, la bonanza económica se contraponía con la corrupción imperante y las operaciones de bandas de gángsters. Y fueron los intereses norteamericanos, los que permitieron el regreso al poder del ex - presidente tras una rebelión militar en 1952.

Los asaltos al Cuartel Moncada y al Cuartel Carlos Manuel de Céspedes, del 26 de julio de 1953, marcarían el comienzo de una revolución que no se detendría. Surgió la figura del entonces Dr. Fidel Castro Ruz, cuyo alegato de autodefensa en el juicio que se le iniciara tras el fracaso de ambas operaciones, conocido como "La Historia me absolverá", sería el programa revolucionario que daría cuenta del derecho del pueblo a la rebelión y los objetivos a alcanzar en el futuro.

Posteriormente, Fidel marcha a México, mientras la desocupación alcanza una gran magnitud entre el pueblo cubano. Funda el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, en 1954 y el 2 de diciembre de 1956, desembarca del yate Granma para, luego, afirmarse en Sierra Maestra. Dos columnas al mando de los comandantes Raúl Castro y Juan Almeida abrieron la ofensiva revolucionaria, junto a las encabezadas por Camilo Cienfuegos y el Che Guevara.

El 1º de enero de 1959, Batista abandona el poder gracias a la victoria militar y una huelga general que apoyó las operaciones revolucionarias.

Historia que, sin dudas, merece recordarse.

Ni olvido, ni perdón: Justicia.

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de GACETILLAS ARGENTINAS.

7 años de aquella noche de horror. De la mayor tragedia evitable de la Ciudad de Buenos Aires. Y todavía siguen resonando las palabras de Mariana Márquez en la Legislatura porteña frente a un Ibarra impávido. Pero también llegan los ecos de una justicia a medias que, sin dudas, no llega a ser justicia.

Por esos 194 jóvenes, junto a otras madres y otros padres que no pudieron soportar esa demora, no hay olvido ni perdón posible. Ni siquiera para los Kirchner, quienes estaban en El Calafate mientras la lucha por salvar vidas corría en esa noche y menos aún, para ese Jefe de Gobierno que no supo controlar lo que debía. La corrupción hizo su tarea, de la mano de funcionarios estatales y policiales funcionales a la estructura gubernamental.

Si bien se juzgaron las responsabilidades políticas, el que vuelvan todos se hizo realidad. Hoy, Aníbal Ibarra es Diputado de la Ciudad. ¿Dónde estás Justicia, que no te podemos encontrar?.

Las responsabilidades administrativas, penales y civiles todavía siguen durmiendo el sueño de los justos. De apelación en apelación, todo sigue igual.

Mientras se espera el fallo definitivo en el primer juicio oral, está por comenzar el segundo contra Rafael Levy, ese socio entre las sombras de Omar Chabán. El mismo que ayer fue escrachado por ese prostíbulo que sigue funcionando en la manzana de la tragedia.

Entre el ayer y el hoy de los Derechos Humanos.

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de GACETILLAS ARGENTINAS.

El caballito de batalla del actual Gobierno Nacional, autodefinido como "gobierno de los Derechos Humanos", consiste en ensalzar la bandera en la defensa de esta particular categoría de derechos mediante la construcción de un discurso basado en el paradigma del ayer, olvidando el hoy y condicionando el futuro.

Acciones loables como el descuelgue del cuadro de Videla y la creación del Museo de la Memoria, junto al pedido público de disculpas por el Estado Argentino durante el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires del edificio de la ex - ESMA por parte del extinto Presidente Kirchner, forman parte del folklore, del paradigma y del discurso kirchnerista.

Si bien las causas contra los genocidas van avanzando y, como señalara ayer Nora Cortiñas durante su discurso en la marcha contra la Ley Antiterrorista, algunos de ellos siguen gozando de penas escasas por pocos hechos y de prisión domiciliaria, antes de estar en la cárcel común -su verdadero lugar- ello constituye también un indicio de la construcción de la memoria pero también de la mera conmemoración del pasado reciente de la Argentina.

Desde el 2003 a la actualidad, el discurso fue variando con pocas variantes. El concepto de represión, en principio, apostó a una disuasión ante las manifestaciones callejeras más visibles pero, luego, aprovechó para tercerizar la represión tal como denuncia CORREPI en sus Informes. Debemos recordar que el capitalismo parte de la premisa de la existencia de pobres para su existencia y de allí, la necesidad de un control social sustantivo, de la mano de un Código Penal y de fuerzas de seguridad decididas a reprimir junto a cárceles que aún hoy conservan prácticas de la época de Videla. De esta forma, surge un nuevo paradigma para la praxis: la de la represión no institucionalizada a través de las patotas, como ocurrió en el Hospital Francés y actualmente, en Santa Cruz, con la constituída por la UOCRA de Gerardo Martínez.

El paradigma del presente, basado en ese tipo represivo no institucional y con la actuación policial con o sin autorización judicial por parte de la Metropolitana como de las policías bravas provinciales, entre la bonaerense y la rionegrina, habla de los Derechos Humanos para la burguesía antes que para lo "nacional y popular". Antes, el kirchnerismo hablaba de formar una "burguesía nacional" y hoy, del "capitalismo en serio" para dar lugar a la consigna de "reprimir para conservar los privilegios burgueses", para esos pocos que aprovecharon en los ' 90 y que actualmente son beneficiarios de la política económica; algunos de los cuales, tienen fuertes lazos con las gobernaciones provinciales, como en el caso de la megaminería y de los agronegocios pero otros, en clara paradoja, fueron activos cómplices de la dictadura del ' 76 como el caso de Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma.

La sanción y promulgación de la Ley Nº 26.734, conocida como "Ley Antiterrorista", además de constituír una extorsión del GAFI como señalara el Dr. Zaffaroni, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, viene a profundizar el paradigma mencionado anteriormente. El gobierno de los Derechos Humanos procura velar por los intereses de esa burguesía que puede llegar a condicionar sus acciones en el futuro, pero también buscó un reaseguro frente a la crisis que se intentará descargar sobre las y los trabajadores en blanco o en negro.

De esta forma, el kirchnerismo olvida los Derechos Humanos del presente, los que tienen como sujetos a las y los desocupados, a los pueblos originarios y a las personas con discapacidad, lo cual ha sido una constante desde el 2003 y no hay indicios que ello se modifique, salvo las acciones puntuales de algunos colectivos e individuos que puedan llegar ante la Justicia. Ocurre que solamente acceden a ella quienes poseen los medios económicos, mientras otros siguen sumidos en el barro de la impotencia.

Un día de luto para los Derechos Humanos.

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de Gacetillas Argentinas.

Con la sanción de la reforma al Código Penal por la Cámara de Senadores, los Derechos Humanos pasaron al olvido y nos enfrentamos a una cruda realidad: para el Gobierno Nacional somos todas y todos terroristas. Olvidaron su universalidad para poder gobernar desde la criminalización de la protesta. Del discurso pasaron a la acción, la que estará en manos de los Jueces Federales hasta que las y los luchadores populares puedan demostrar que están ejerciendo el derecho constitucional de peticionar a las autoridades.

Hoy es un día de luto para esta categoría de derechos. Se olvidaron de los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, por las migajas del G20. Seguramente, afirmarán que estamos insertos en el mundo. ¿De cuál? ¿De aquél que respeta los derechos esenciales del hombre o del que pretende el imperialismo a través del GAFI?.

Sin dudas, es un precio muy alto para esa inserción política y económica que pregonan. Para el "Gobierno de los Derechos Humanos" bastan los buenos negocios. Barrick Gold, Monsanto, Cargill y el resto de las transnacionales agradecidas porque van a poder denunciar y encarcelar a quienes se opongan a sus designios. También lo estarán aquellos gobernadores provinciales, cuyos lazos con la megaminería, el desmonte y los agrotóxicos son evidentes. Habrá fiesta y brindis entre Gioja, Beder Herrera e Insfrán, entre otros.

Y hasta Macri deberá agradecer este gran favor que le dieron el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso de la Nación. Ahora, podrá denunciar y encarcelar a gusto a los docentes, médicos y enfermeros de la Ciudad ante una Justicia Federal que no dudará en obedecer este mandato legislativo.

Cristina Fernández de Kirchner decidió darle la mano a la derecha. Le guste o no al kirchnerismo, y por más garantías que pretendan dar acerca de la inaplicabilidad de la reforma con respecto a la protesta social, decidió destruir el paradigma ensalzado en el 2003 y proclamado en sus discursos hasta el infinito.

Lo más grave fue que tampoco se quiso escuchar a las voces que, desde su entorno más cercano, les objetaron la ambigüedad de la definición de "aterrorizar a la población" y la alta posibilidad que esta norma sea utilizada para criminalizar la protesta social. Y no fue una o uno solo. Horacio Verbitsky y Mempo Giardinelli, desde el periodismo; Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS, desde los organismos de Derechos Humanos, y hasta el mismo Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, se pronunciaron en este sentido. Podríamos afirmar que no quisieron escuchar, no quieren debatir... Porque una reforma de esta naturaleza requería la intervención de todas y todos aquellos que estamos vinculados a la defensa de los Derechos Humanos.

19 y 20: Entre el homenaje y los fantasmas del kirchnerismo.

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de Gacetillas Argentinas

2001. Sin dudas, fue el año donde comenzaron a plasmarse algunas construcciones sociales, como producto de la política económica de Domingo Cavallo en clara continuidad con el menemismo y de rupturas, por el quiebre de la convertibilidad, de ese 1 a 1 engañoso que llevaría, en enero de 2002, a la pesificación asimétrica y al empobrecimiento de buena parte de la clase mierda, la misma que hoy adora la represión a los sectores populares.

El corralito y el corralón, junto a las necesidades básicas insatisfechas del pueblo, llevaron a acuñar el "piquete y cacerola, la lucha es una sola" durante las jornadas de ese 19 y 20 de diciembre de 2001. Pero también permitió una particular construcción política a través de las asambleas barriales y de las organizaciones piqueteras; algunas de las cuales, hoy subsisten como producto de los coletazos económicos de aquel año.

Si existe un ícono de esta pueblada, no cabe duda que "Pocho" Lepratti constituye el ejemplo de lucha a través de una construcción social destinada a morigerar los efectos de esa política económica que sumergió a los sectores populares de Rosario. "No tiren, sólo hay pibes comiendo". La feroz represión desatada contra el pueblo se llevaba a una vida llena de sueños e ilusiones en pos de los más humildes y que hoy cobra vigencia a través de la biblioteca que lleva su nombre.

Lo económico permitió esa rara conjunción entre sectores medios y populares que llevó a una pueblada histórica, la cual desafió a la clase política con el "que se vayan todos" pero hoy comprobamos "que volvieron todos" y no falta nadie... Las operaciones del duhaldismo permitieron romper las asambleas barriales. Era evidente el accionar de esos grupos de tareas, en la provocación hacia los sectores de izquierda con el fin de deslegitimarlos.

Para muchas y muchos, quedó claro que se trató de un golpe de Estado no tradicional, fomentado por el poder económico con la alianza de esa clase política que solamente buscó perpetuar sus intereses. De la mano del duhaldismo, con fuerzas de choque propias y otras provenientes del moyanismo, iba a dejar el poder el Presidente De la Rúa a bordo de un helicóptero, al igual que Isabel Perón en 1976.

La estrategia de la clase política fue apostar al desgaste de los sectores combativos. Los bancos quedaron felices. Se habían quedado con los dólares y supieron aguantar, entre rejas, vallados y tapiados de sus vidrieras, los reclamos del medio pelo. Los piqueteros, poco a poco, iban recibiendo los Planes Trabajar en forma discrecional en clave de cooptación, mientras las asambleas se iban diluyendo con el paulatino regreso del dinero a los sectores medios y con la infiltración de los servicios de inteligencia.

Sin embargo, la reconstrucción del sistema político, afectado por una severa crisis de representación, no fue fácil. Aún hoy subsisten los fantasmas del regreso de una pueblada. El tendal de muertos y heridos de aquellas jornadas, tanto por la represión como por las consecuencias económicas de la pesificación, está hoy en nuestro recuerdo. Desde las víctimas de las balas policiales a quienes pasaron de ser parte de la burguesía a simples cartoneros, solamente queda el homenaje a las y los caídos, y el olvido a las y los sumergidos en forma definitiva.

Pero los sectores piqueteros no se quedaron atrás. Y fue su lucha, la que provocó la caída definitiva de Duhalde tras las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la Masacre de Avellaneda. No obstante, habían vuelto todos...

En ese regreso, el kirchnerismo ilusionó en el 2003. Para ello, esgrimió la bandera de los Derechos Humanos, robada a la verdadera militancia, a la que ponía el cuerpo en las horas difíciles de la Argentina. Pronto se comprobaría el doble rasero para esta categoría de derechos. Los Informes Anuales de CORREPI, desde aquel año, dan cuenta de la represión a la protesta social y de la protección política y judicial al gatillo fácil de las fuerzas de seguridad, las cuales todavía prosiguen con el manual de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Néstor Kirchner, primero y Cristina Fernández, después, apostaron a la cooptación como modo de asegurarse el poder. Al igual que el duhaldismo, compraron la memoria y luego, a los diferentes sectores postergados que, por un plan, decidieron sumarse a las filas kirchneristas.

El kirchnerismo y los fantasmas de 2001.

Más allá de la decisión histórica de "no reprimir" y de la "prohibición de usar armas de fuego", la represión continuó a través de las patotas. El Hospital Francés, las y los docentes de ADOSAC, y los petroleros de Las Heras pueden dar cuenta de ello. De la mano de las viejas patotas de la UOCRA o de los ferroviarios, la lucha popular continuó sumando nombres a la lista de víctimas de la represión.

Pero no es casualidad el estilo represivo kirchnerista. Resulta evidente que, a la par de sostener el capitalismo mediante la "burguesía nacional", primero y el "capitalismo en serio" actual, necesitaron y necesitan el disciplinamiento de los sectores combativos y de quienes continúan la lucha por un modelo diferente, por un socialismo que nos integre a todas y a todos.

Gobernar es criminalizar

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de Gacetillas Argentinas.

Parafraseando a Juan Bautista Alberdi, el Gobierno Nacional se dispone a instalar el paradigma de la criminalización de la protesta social mediante una modificación al Código Penal, conocida como Nueva Ley Antiterrorista, tras haber incorporado la figura de la asociación ilícita terrorista, en el Art. 213 ter y de su financiación, en el Art. 213 quater del mencionado cuerpo legal, en sendas modificaciones realizadas en 2005 y 2007.

Tras la decisión política de alinearse con el G20, implementando los mandatos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, una vez más vuelve a redefinirse el antiterrorismo como herramienta para la criminalización de quienes hoy ejercen su derecho a reclamar ante las autoridades, de acuerdo al Art. 14 de nuestra Constitución Nacional, como producto de las políticas estatales en materia socio - económica y de los caprichos empresariales en este "capitalismo en serio", el cual no deja de serlo y que sigue matando con la megaminería, los agrotóxicos y las patotas.

Sin dudas, se trata de la construcción de un paradigma jurídico que propone calificar de terrorismo a todo aquel reclamo social efectuado por la ciudadanía y cuyos efectos políticos son indudables, por cuanto se anticipan a la previsible oleada de reclamos sociales y laborales que se avecinan.

Con más de 5.000 luchadores procesados por luchar; 16 muertos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, según la Presentación 2011 de CORREPI y la tercerización de la represión, a manos de patotas sindicales, se advierte el doble discurso oficial sobre los Derechos Humanos.

Cabe recordar que el actual Senador Nacional Aníbal Fernández, cuando era Ministro del Interior del extinto ex - Presidente, en audiencia concedida a José "Pepino" Fernández, de la UTD Mosconi de Salta, que lo iba a perseguir con el Código Penal. Estamos hablando del año 2004 y sería el principio de la estrategia kirchnerista para el control social.

Las premisas enunciadas por la Presidenta de la Nación durante su discurso ante la Asamblea Legislativa referidas a la reafirmación del "modelo", que actualmente se basa en la megaminería y en la sojización de la economía, junto a la calificación del derecho de huelga, como un derecho que "no (es) de chantaje ni de extorsión" constituyendouna clara amenaza a las y los trabajadores, y la reafirmación del neoliberalismo educativo, a través del concepto de "calidad" y ahora, de la "evaluación docente" permiten afirmar un nuevo giro a la derecha, basándose en un amplio colchón electoral.

Sin embargo, la legitimidad obtenida puede diluírse en poco tiempo. Lo cierto es que, teniendo en cuenta el actual contexto internacional, la economía nacional ha de sufrir sacudones que el pueblo sentirá a partir del año próximo. De allí, la necesidad de contar con un instrumento jurídico para el control social como el que se propone.

No obstante, el proyecto fue criticado desde el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y por Horacio González, Director de la Biblioteca Nacional; ambos, de clara filiación kirchnerista.

Lo jurídico

Más allá de la salvaguarda introducida en el proyecto, con respecto al ejercicio de los derechos constitucionales, que constituye un mero "maquillaje" con respecto a las verdaderas intenciones de la reforma al Código Penal, puede advertirse la indefinición acerca del terrorismo.

¿Qué es terrorismo?. Es la pregunta que se formula en cada declaración de los organismos de Derechos Humanos y de las organizaciones sociales. "Aterrorizar a la población" es un concepto que, en términos jurídicos, resulta ser lo que se llama "difuso". Resulta tan amplio y vago, que puede ser interpretado de distinta forma por la Justicia Federal que, como se sabe, responde al Gobierno Nacional en su gran mayoría.

Y aquí aparece la otra gran problemática. La calificación de un hecho, o varios, como terrorista, conllevará la inmediata detención de quienes fueron acusados por éste, los que deberán demostrar que se efectuó en el ejercicio de un derecho constitucional. Vale decir, se invierte la carga de la prueba. Con jueces que suelen sintonizar con los intereses oficialistas; algunos de ellos, con origen dictatorial, la aplicación de la norma a sancionarse puede llevar a la violación sistemática de Derechos Humanos debido a la errónea interpretación judicial.