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Entre el derecho, el presupuesto y la fé.

Editorial
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Entre el derecho, el presupuesto y la fé


Prof_Juan_Carlos_Sanchez

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de GACETILLAS ARGENTINAS



Al igual que en ocasión de la sanción de la Ley Nº 23.515, que implantó el divorcio vincular, la Iglesia Católica vuelve a ensombrecer los derechos de las minorías. Ayer, los divorciados y los que pretendían divorciarse y hoy, los homosexuales, lesbianas, gays y travestis son los que ven amenazada la posibilidad de unirse en matrimonio en igualdad de condiciones con las personas heterosexuales.

No es casualidad que la vieja cómplice de la dictadura militar, a la cual poco le importó el destino de las y los hijos de desaparecidos, hoy pretende erigirse en guardián de las y los niños bajo el lema "necesitan papá y mamá" mediante el llamado a la "guerra santa" por parte del Cardenal Jorge Bergoglio.

Entre el derecho, el presupuesto y la fé podemos encontrar las razones para esta férrea oposición, la cual tiene una inusitada virulencia, aún mayor que la ofrecida en 1985.

El derecho

Históricamente, la Iglesia Católica siempre impuso ministros y gobiernos pero también leyes. Basta recordar la Ley Domingorena que estableció las bases para la Educación Privada en la Argentina y bajo la cual pudieron comenzar sus actividades diversas Universidades, tales como la Católica Argentina, del Salvador, de Morón y Católica de Salta, al igual que numerosos colegios parroquiales a lo largo y a lo ancho de nuestro país.

Desde el Cardenal Aramburu a la actual gestión del Arzobispado de Buenos Aires, el apoyo sistemático a la oligarquía y al poder económico en general fue propiciado por esta Institución y sus satélites laicos, como la Acción Católica Argentina.

Y en esta oportunidad, sin dudas, prefiere dejar de lado nuevamente el viejo dicho: "Dad a Dios, lo que es de Dios y al César, lo que es del César" como también negar la personalidad humana, al igual que hicieron con los pueblos originarios durante la conquista española.

El único derecho que conocen es el canónico y jamás aceptarán el Derecho de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional y nuestro ordenamiento jurídico salvo, claro está, que los beneficie con pingües privilegios.

La imposición de normas y el desconocimiento de lo humano van de la mano en la institución de Torquemada, desde la Edad Media, para llegar desembozadamente al siglo XXI a través de un embate que prefiere, ante la cerrada oposición de la sociedad política y civil, el mal menor de la unión civil. Nuevamente, los operadores de la culpa hicieron de las suyas, al incorporar un proyecto en el seno del Senado de la Nación con la finalidad de detener lo que se viene: el matrimonio igualitario.

Cabe destacar, y así se ha reconocido públicamente, que la Cámara de Senadores recibió el proyecto aprobado por la Cámara de origen, esto es, de Diputados y por ende, solamente puede revisar dicho proyecto como cámara revisora, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional. En consecuencia, el proyecto ingresado por los operadores eclesiales en el debate senatorial carece de plena validez por cuanto la Cámara solamente puede actuar de la manera antedicha.

El presupuesto.

Revisando el Presupuesto Nacional para el corriente año, nos encontramos con una asistencia financiera total de 2562 unidades de Arzobispo, Obispo, Seminarista y Sacerdote, con un presupuesto de $ 29.937.900, a lo cual deben sumarse los numerosos subsidios otorgados a las instituciones educativas católicas en todos los niveles jurisdiccionales, ya sean de orden nacional, provincial y municipal.

Ello encierra una cuestión de poder que es significativo, por cuanto el alcance de la acción culpógena de la Iglesia llega a las capas medias y medias bajas de la población argentina, la cual es influída fuertemente por sus ministros. La homilía dominical del domingo y la convocatoria a la marcha del día de mañana a través de las escuelas católicas es un claro indicador de su poder sobre dicha franja poblacional.

¿Qué pasaría si se operase la definitiva separación de Iglesia del Estado ?. Indudablemente, perdería los jugosos fondos que percibe, los cuales se destinan a los sueldos de los ministros eclesiásticos y a las escuelas del culto, pero también sufriría un golpe mortal a su influencia sobre el pueblo porque los aranceles de éstas serían aumentados sustancialmente.

De allí que la defensa de sus valores y la feroz ofensiva que se advierte, pues si a ello le sumamos la cuantiosa pérdida de fieles a raíz de los escándalos relacionados con la pedofilia sacerdotal y los numerosos cultos que proliferan en nuestro país, nos encontraríamos ante la debacle de la influencia eclesial sobre el gobierno, la sociedad política y la sociedad civil.

Si la Iglesia puede hacer campaña política, es porque tiene los fondos necesarios para ello. No nos engañemos. No es solamente una cruzada bergogliana. ¿Con qué dinero pagarán los servicios del Foro de la Familia de España?. Nuevamente, el apoyo del Opus Dei, de la mano del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, es clave para acercar los recursos necesarios, si no alcanzaran los disponibles, incluyendo los estratégicos.

La fé

"Amaos los unos a los otros", dice un mandamiento, pero a los homosexuales, desde luego, bastante menos... La contradicción entre los principios teológicos y la falta de reinterpretación de los mismos son los que fundamentan la oposición al matrimonio igualitario.

Pero nuevamente el tema del poder, la circunda porque se trata de demostrar a Roma que siguen la línea dura establecida por el Papa Benedicto XVI. A nadie se le escapa que el Cardenal Bergoglio era uno de los papables en ocasión de la muerte del Papa Juan Pablo II. Indudablemente, necesita reafirmar su adhesión a dicha fracción, para continuar siéndolo.

Por otra parte, la necesidad de conservar la feligresía obliga a reafirmar el dogma de la fé cristiana en forma sustantiva, sin contar con el deseo de, una vez más, pretender inmiscuirse en la acción estatal aunque ello se convierta en feroz discriminación hacia una minoría cuyos derechos son conculcados sistemáticamente.

Entre el derecho, el presupuesto y la fé, camina la obstinada cerrazón eclesial a un derecho que atañe a todas y a todos. Ahora, los senadores deben tomar partido y decidir si están junto al pueblo o contra él.

Es una cuestión de poder. Pretenden erigirse en los conservadores de la sociedad, cuando solamente buscan continuar con sus privilegios. Por ende, y más allá del resultado legislativo, se impone la definitiva separación de la Iglesia y el Estado. No solamente por una cuestión dineraria, sino también para que nuestra sociedad pueda liberarse de vetustos cánones que acompañan los personeros del terror y de la muerte, incluyendo al poder económico y al poder mediático de los grupos concentrados.

Por la igualdad, esperemos que la conciencia senatorial haga caso omiso a esta embestida, la cual hace un flaco favor a la democracia, aún burguesa, que se erige como otro ataque a la institucionalidad por otros medios.
 

POR AYER Y POR HOY, LA LUCHA CONTINÚA…

Editorial
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POR AYER Y POR HOY, LA LUCHA CONTINÚA…

 

 

prof_juan carlos sanchez

 

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de GACETILLAS ARGENTINAS

 

Un año más desde aquella noche fatídica en la cual comenzó la mayor tragedia argentina del siglo XX, cuyas consecuencias padecemos aún hoy en nuestro país. Pero también otro año más de continuidad democrática de las bases económicas y sociales de aquella dictadura, o de lo que algunos adjetivan como cívico – militar, a pesar de los tibios avances que ha efectuado el kirchnerismo desde el 2003 a la actualidad.

A pesar de los juicios por la Verdad, motorizados por la militancia de Derechos Humanos, por los sobrevivientes y por los familiares de los desaparecidos, solamente tenemos una pequeña parte de lo que aconteció en el período 1976 – 1983. La reciente difusión de la lista de los integrantes del Batallón 601 de Inteligencia nos revela que muchos datos están ocultos dentro de los pliegues del Estado, al igual que muchos colaboracionistas civiles y militares del régimen de facto.

No basta con saber la cantidad de Centros Clandestinos de Detención o algunos de los procedimientos con los cuales se violaron los Derechos Humanos de miles de personas, pues todavía falta esclarecer el rol de muchas y de muchos que participaron de la represión ilegal como también el destino de nuestros seres queridos.

Por ese ayer, la lucha continúa y debe continuar. Y no son pobres ancianos, los genocidas que hoy gozan de una prisión domiciliaria o que se encuentran en una celda con comodidades que, con seguridad, no tienen los presos comunes en nuestras cárceles. Todavía conservan el instinto asesino que transmiten a sus seguidores fuera de su lugar de encierro. Jorge Julio López, quien continúa desaparecido en democracia, es el mejor ejemplo de este accionar de los nostálgicos del pasado.

Parafraseando a Serrat, “entre estos tipos y yo hay algo personal” que seguramente todas y todos compartimos. Sabemos de sus bravuconadas ante un tribunal; de su negación, ante la verdad irrefutable de los testimonios de los sobrevivientes y de los familiares de nuestras compañeras y compañeros; de su contínua defensa de su accionar, rayana en la apología del delito, en el pensamiento de haber actuado como si estuviesen en una guerra y de afirmar que lo volverían a hacer si fuese necesario.

No son pobres y simples ancianitos. Son genocidas, a pesar de los laberintos jurídicos tendientes a consolidar la impunidad de unos cuantos que debiesen estar encerrados en una jaula, como bien expresa la canción de la película “Tango Feroz”.

La mejor evidencia son los juicios que se vienen sustanciando en todo el país; salvo en la Provincia de Mendoza, donde todavía la justicia continúa haciendo oídos sordos a los reclamos por el juzgamiento de los personeros de la muerte.

Por ese pasado, seguimos la lucha hasta que sean condenados a permanecer en una cárcel común, sin privilegios ni prebendas.
Sin embargo, el ayer llegó al presente. De la mano de los que aún permanecen en las fuerzas de seguridad para reprimir al pueblo. De los que ayer eran, tal vez, simples aspirantes o meros agentes u oficiales y hoy están en jerarquías medias y superiores continuando con las viejas metodologías represivas.

De la mano de normas jurídicas, como los Códigos de Faltas, las policías provinciales continúan la represión sistemática contra los jóvenes y los pobres. El mejor ejemplo lo tenemos en la Provincia de Córdoba. Lo podemos ver en Villa María, en San Francisco y en Alta Gracia, entre otras ciudades y pueblos cordobeses.

La APDH de La Matanza viene denunciando la utilización de menores por parte de la Bonaerense para la comisión de delitos. Ello no ha sido esclarecido y probablemente permanezca en la oscuridad judicial, la misma que impide saber lo que pasó con Luciano Arruga, actualmente desaparecido.

Correpi viene denunciando sistemáticamente la represión ilegal, el gatillo fácil contra nuestros jóvenes y no tanto… El archivo de casos del año pasado nos habla de 20 muertes por día, en democracia…

El pasado no está tan lejos… Resulta evidente que la represión es funcional al sistema para detener la justa y necesaria protesta social ante una política socio – económica destinada a esas minorías que, en su momento, apoyaron el golpe del ‘ 76 y hoy apoyan las maniobras destituyentes, buscando otra forma de romper el orden constitucional.

Por eso también, la lucha continúa en este presente, problemático y febril, donde los Derechos Humanos son una cáscara vacía, cuando ellos son vulnerados sistemáticamente cada vez que un chico se muere de hambre, que una persona con discapacidad se muere por no tener un remedio a tiempo o que los pueblos originarios son violentados por aquellos que pretenden usurpar sus tierras ancestrales.

A pesar de una asignación universal por hijo, objetivo loable pero que no alcanza frente a la gran cantidad de niños que aún siguen buscando el alimento en la tierra, como ocurre en el Chaco y en otras provincias argentinas y así, el hambre campea libremente en el país de las vacas y del trigo.

A pesar de la enorme cantidad de pensiones asistenciales otorgadas, sus beneficiarios cada vez que deben acudir al PROFE (Programa Federal de Salud) se encuentran con la falta de autorización de su medicación. Eternas prórrogas que, a veces, pueden provocar la muerte. Lo mismo pasa con las Obras Sociales Sindicales. Y podemos hablar de infinidad de estos casos, los cuales no son visibilizados informativamente y que, rara vez, llegan a la justicia… Claro, los pobres no pueden pagar un abogado…

La propiedad de la tierra ha cobrado víctimas en los pueblos originarios, como el asesinato de Javier Chocobar en Tucumán. Sin contar con las acciones violentas de los terratenientes; con la complicidad judicial y policial, en Santiago del Estero, Chaco y Formosa, que también lesionaron derechos fundamentales de los pueblos originarios.

Por eso hoy la lucha continúa… Las bases económicas y sociales establecidas por Martínez de Hoz, en abril de 1976 y continuadas sistemáticamente en democracia, están al amparo de esa impunidad que también rodea al pasado reciente de nuestro país.

Mientras esos cimientos continúen en pié, no habrá Derechos Humanos en la Argentina en su total dimensión.

El pasado construyó este presente, la lucha logró destruir ciertas paredes impensadas como la Ley de Obediencia Debida y Punto Final.

Hoy más que nunca, por la memoria de nuestros 30.000 compañeros y compañeras, la lucha debe seguir para hacer realidad sus sueños e ilusiones, los mismos que nos llevan a afirmar que no nos han vencido…

Estamos aquí, firmes junto al pueblo, en la trinchera de la vida para terminar con la tragedia neoliberal que nunca se fué y que, cada tanto, se recicla con nuevos ropajes hasta mostrar la hilacha…

¡ 30.000 detenidos desaparecidos ! ¡ Presente !

 
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