Entre el ayer y el hoy de los Derechos Humanos.

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de GACETILLAS ARGENTINAS.

El caballito de batalla del actual Gobierno Nacional, autodefinido como "gobierno de los Derechos Humanos", consiste en ensalzar la bandera en la defensa de esta particular categoría de derechos mediante la construcción de un discurso basado en el paradigma del ayer, olvidando el hoy y condicionando el futuro.

Acciones loables como el descuelgue del cuadro de Videla y la creación del Museo de la Memoria, junto al pedido público de disculpas por el Estado Argentino durante el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires del edificio de la ex - ESMA por parte del extinto Presidente Kirchner, forman parte del folklore, del paradigma y del discurso kirchnerista.

Si bien las causas contra los genocidas van avanzando y, como señalara ayer Nora Cortiñas durante su discurso en la marcha contra la Ley Antiterrorista, algunos de ellos siguen gozando de penas escasas por pocos hechos y de prisión domiciliaria, antes de estar en la cárcel común -su verdadero lugar- ello constituye también un indicio de la construcción de la memoria pero también de la mera conmemoración del pasado reciente de la Argentina.

Desde el 2003 a la actualidad, el discurso fue variando con pocas variantes. El concepto de represión, en principio, apostó a una disuasión ante las manifestaciones callejeras más visibles pero, luego, aprovechó para tercerizar la represión tal como denuncia CORREPI en sus Informes. Debemos recordar que el capitalismo parte de la premisa de la existencia de pobres para su existencia y de allí, la necesidad de un control social sustantivo, de la mano de un Código Penal y de fuerzas de seguridad decididas a reprimir junto a cárceles que aún hoy conservan prácticas de la época de Videla. De esta forma, surge un nuevo paradigma para la praxis: la de la represión no institucionalizada a través de las patotas, como ocurrió en el Hospital Francés y actualmente, en Santa Cruz, con la constituída por la UOCRA de Gerardo Martínez.

El paradigma del presente, basado en ese tipo represivo no institucional y con la actuación policial con o sin autorización judicial por parte de la Metropolitana como de las policías bravas provinciales, entre la bonaerense y la rionegrina, habla de los Derechos Humanos para la burguesía antes que para lo "nacional y popular". Antes, el kirchnerismo hablaba de formar una "burguesía nacional" y hoy, del "capitalismo en serio" para dar lugar a la consigna de "reprimir para conservar los privilegios burgueses", para esos pocos que aprovecharon en los ' 90 y que actualmente son beneficiarios de la política económica; algunos de los cuales, tienen fuertes lazos con las gobernaciones provinciales, como en el caso de la megaminería y de los agronegocios pero otros, en clara paradoja, fueron activos cómplices de la dictadura del ' 76 como el caso de Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma.

La sanción y promulgación de la Ley Nº 26.734, conocida como "Ley Antiterrorista", además de constituír una extorsión del GAFI como señalara el Dr. Zaffaroni, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, viene a profundizar el paradigma mencionado anteriormente. El gobierno de los Derechos Humanos procura velar por los intereses de esa burguesía que puede llegar a condicionar sus acciones en el futuro, pero también buscó un reaseguro frente a la crisis que se intentará descargar sobre las y los trabajadores en blanco o en negro.

De esta forma, el kirchnerismo olvida los Derechos Humanos del presente, los que tienen como sujetos a las y los desocupados, a los pueblos originarios y a las personas con discapacidad, lo cual ha sido una constante desde el 2003 y no hay indicios que ello se modifique, salvo las acciones puntuales de algunos colectivos e individuos que puedan llegar ante la Justicia. Ocurre que solamente acceden a ella quienes poseen los medios económicos, mientras otros siguen sumidos en el barro de la impotencia.

Pero también busca condicionar los del futuro. No es casualidad. Los reclamos sociales van en aumento, mientras las respuestas estatales se demoran. Tierra, vivienda, educación, salud y medioambiente siguen fuera de la agenda oficial, por más Ley de Tierras que se haya sancionado o negociaciones con las empresas que se vienen sosteniendo, como en el caso de la megaminería. Peor aún, ya existen las listas negras contra quienes luchan como acontece en Famatina, Provincia de La Rioja. El kirchnerismo pretende, esta vez, construir un horizonte previsible para los buenos negocios nacionales y transnacionales. Es decir, una "seguridad jurídica" que incluya represión al campo popular con el fin de condicionarlo en las negociaciones.

Sin embargo, está en construcción un nuevo paradigma que operará simultáneamente con los anteriores. El que pensábamos que estaba erradicado del pensamiento político argentino: el del terror y el miedo. Tal como señaló ayer Pablo Micheli, Secretario General de la CTA Nacional, "todos estamos sospechados de terroristas"; es decir, que la Ley Antiterrorista tiene el segundo objetivo de acallar la voz popular e infundir miedo ante la presumible criminalización que llevará a las celdas del Servicio Penitenciario Federal.

Entre el ayer y el hoy de los Derechos Humanos se ha creado un profundo abismo, más allá de la cosmética kirchnerista, por cuanto el paradigma oficial ha derivando en la práctica contra esta categoría universal de derechos. Nada extraña cuando se trata de responder a las intenciones del Imperio. Muchas y muchos no vimos con buenos ojos la reunión de Cristina con Obama y la inserción en el G20, porque nuestro país no la necesita y como bien afirmó Nora Cortiñas, "no necesitamos una ley antiterrorista" pues lo verdaderamente necesario es crear las condiciones para mejorar la dignidad humana de las y los argentinos.

Ayer comenzó una etapa crucial. La de la lucha por la anulación de una norma que, pese a las promesas oficiales y las expresiones por parte de algunos organismos de Derechos Humanos, tenderá a instalar la cultura del miedo que necesita ese "capitalismo en serio" para una gobernabilidad a nivel nacional y provincial que permita sustentar los proyectos transnacionales.

Y deberán dar muchas explicaciones, quienes estuvieron alguna vez en el campo popular y votaron esta norma en el Congreso Nacional tal como afirmó Grüner. En este tipo de iniciativas legislativas, no cabe la obediencia debida. Cuando una norma pretende coartar los derechos constitucionales, los representantes del pueblo -aunque no nos representen ni por un centavo- deberían haber dialogado con toda la sociedad. Prefirieron obedecer el mandato presidencial o, lisa y llanamente, apoyarlo para seguir reprimiendo en sus provincias.

Pronto se verán las consecuencias nefastas de esta ley. Y algunas ya se hicieron presentes, en forma tibia, como en el caso de las amenazas al Padre Salvador Yaco, en General Bermúdez, Provincia de Santa Fé, para intentar detener la 18ª marcha que da cuenta de la realidad de ese cordón industrial destruído en la década del ' 90. Y otras, seguramente, vendrán de la mano de la represión a los estatales de Santa Cruz donde los procesamientos estarán a la orden del día para beneplácito de Peralta, el gobernador del ajuste.

No cabe duda que comenzó la resistencia popular. La CTA Nacional de Pablo Micheli, junto a las organizaciones que acompañaron la marcha de repudio a la histórica plaza, marcó el puntapié inicial para ello aunque las vacaciones de verano pretendan adormecer el ímpetu de lucha.

Recuperar el verdadero sentido de los Derechos Humanos será una tarea titánica para todas y todos los integrantes del campo popular. Resulta indispensable una construcción política destinada a romper los paradigmas kirchneristas en la materia. Tal vez, de esta forma, podamos dar cuenta de un viejo y nuevo paradigma: la efectiva vigencia de los Derechos Humanos para todas y todos.