La dedocracia educativa

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de Gacetillas Argentinas.

El proyecto de ley conocido como "Ley de Democratización, Transparencia y Modernización de la Clasificación Docente" provocó la realización de un paro por 48 horas, por parte de la gran mayoría de las y los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, convocados por 15 de los 17 gremios que los representan.

Como era sabido, tras la rotunda victoria electoral que llevó a la reelección de Mauricio Macri, el gobierno macrista se dispone a continuar su obra de destrucción de Buenos Aires. Alentado por una legalidad y una legitimidad de origen, gracias al voto del medio pelo porteño, tratará de consolidar sus iniciativas que han sido rechazadas en el pasado reciente, tales como la prohibición de los "trapitos" y los "limpiavidrios" e instalar medidas impopulares, como el aumento del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza), impuesto inmobiliario de la Ciudad.

Gracias a este viento a favor, van por más. En consonancia con sus postulados neoliberales, avanzan en lo educativo para consolidar la tendencia a favor del subsector privado. Durante el período 2007 / 2011, se han incrementado los subsidios a las instituciones educativas privadas (1), mientras se subejecutó sustancialmente el presupuesto para la educación pública (2). Pero también equipararon los puntajes para los docentes privados para su incorporación a los listados elaborados por las Juntas de Clasificación Docente, que pretende hoy derogar el macrismo, con la consecuencia previsible de una mayor cantidad y un lugar expectante en el orden de mérito.

Como buen alumno del Presidente Piñera, Mauricio Macri aspira, junto al Ministro Bullrich, a una profesionalización docente de la mano de la incorporación de quienes los apoyan en su gestión. Lisa y llanamente, significa la clasificación y designación "a dedo" de docentes y directivos.

Precisamente, es el objetivo del mencionado proyecto (Expte. 2023 - D - 2011), presentado por el Diputado Enzo Pagani (PRO), que está siendo tratado por la Comisión de Educación de la Legislatura porteña. Y la causa por la cual es rechazado masivamente, tanto por la gran mayoría de los sindicatos docentes como por los afiliados y no afiliados a éstos.

Tal como afirmábamos en la nota "Una explicación sencilla del rechazo docente al proyecto macrista", constituye un "proyecto de control total del sistema de clasificación docente" a través de la creación de la Oficina Única de Clasificación Docente que tendrá a su cargo la "supuesta clasificación automática vía Internet para, luego, facilitar la cobertura de cargos ' titulares ' " como también "designará a los jurados en los concursos de ascenso y dictaminará en las solicitudes de traslado, permutas y reubicaciones" y establecerá, junto a la Dirección General de Planeamiento, cuales son los títulos a requerirse para el ejercicio de la docencia y el orden en el cual se reconocerán.

Pero también tendrá otras funciones, como la de designar a los jurados que establecerán el orden de mérito en los concursos de ascenso, a pesar de la elección que realizarán los concursantes entre los designados, avalando lo actuado por los mismos.

Sin embargo, las verdaderas intenciones las podemos encontrar en esa carta que fue enviada a algunos docentes, por la Prof. Ana María Ravaglia, Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación de la Ciudad. Cabe destacar que este envío a las y los docentes seleccionados, en lugar de hacerlo con todas y todos los maestros y profesores de la Ciudad, supone la existencia de listas negras confeccionadas, tras el análisis de los resultados de las auditorías que realizan los funcionarios educativos en las escuelas de la Ciudad y de los partes de presentismo obtenidos por los auditores durante los días de paro.

Hablan de transparencia. Sin embargo, lo que explicábamos anteriormente no es una muestra cabal de ello. Menos aún, la presentación del proyecto de ley, efectuada el pasado 29 de septiembre, cuando éste pudo haber sido consensuado con anterioridad junto a los gremios docentes. Bullrich recién accedió a dialogar el pasado martes con los sindicatos docentes: ¿porqué no se reunió antes?.

También hablan de democratización. Sin embargo, si se analiza el proyecto de ley, se advierte la eliminación de la representación docente en la nueva Oficina Única de Clasificación Docente, cuyos miembros serán designados por el Ejecutivo; la incorporación de una Junta de Control, con 12 representantes sindicales electos por las y los docentes de la Ciudad y la reducción a la mitad de la representación sindical en la Junta de Disciplina.

Nada menos democrático que reducir la representación sindical. Nuevamente, la idea del control total vuelve a tomar cuerpo. Como la Oficina Única de Clasificación Docente solamente funcionará como instancia de apelación, luego del reclamo presentado en la Junta de Control, queda abierto el camino hacia la arbitrariedad y la discrecionalidad de las autoridades educativas de la Ciudad y sin contar con la derogación de los recursos junto a la eliminación de recurrir por vía administrativa de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 1510/97 (3).

Sin dudas, vuelve a aparecer la dedocracia. La nueva dependencia a crearse tendrá la facultad de inscribir, clasificar y designar al docente que quiera, más allá de la supuesta modernización vía Internet.

También se habla de modernización. Retomando lo anterior, postula una aceleración de los procesos administrativos mediante la inscripción y clasificación automática mediante medios informáticos y de Internet. Lo cierto es que las Juntas; sobre todo, de Media, Artística, CENS y Normales vienen reclamando la renovación de su material informático desde hace tiempo sin obtener respuestas del Ejecutivo.

¿Porqué no se llamó a licitación para la compra y/o renovación del material informático reclamado por las actuales Juntas?. Resulta notorio que ya estaba prevista la presentación de esta modificación al Estatuto del Docente y por ende, no se dió respuesta a lo solicitado.

El paro

El pasado 4 de octubre se realizó un paro en reclamo de la titularización de los docentes interinos, mientras se comenzaba a conocer la presentación del proyecto hoy cuestionado. El levantamiento de la Mesa de Condiciones Laborales y Salariales era el indicio que esperaban los sindicatos docentes de la Ciudad.

Cuando comenzó a ser analizado en detalle el proyecto de ley, el rechazo comenzó a crecer y hasta los sindicatos reacios a hacer paro, como UDA y otros de menor cuantía, comenzaron a pensar en la idea de manifestarlo. Lo concreto es que Ademys fue quien dió el puntapié inicial, proponiendo la medida de fuerza por 48 horas a lo cual se plegó UTE tras su Plenario de Delegados.

El alto acatamiento al paro marca un punto de inflexión. Sin dudas, deberá barajarse y dar de nuevo en la Legislatura porteña, poque las y los docentes de la Ciudad manifestaron claramente su rechazo al proyecto que cercena sus derechos, pese a las afirmaciones de descontar los días por parte del Ministro Bullrich.

Una ayudita a la educación privada.

No puede dejarse de lado la operación política que envuelve al conflicto. Cabe recordar que la población escolar en las escuelas privadas viene aumentando significativamente, año tras año, en la Ciudad. El medio pelo buscó que sus hijos tuviesen clase, antes que pensar en los derechos de las y los trabajadores de la educación. Por ese motivo, la emigración hacia la escuela privada.

Si algo ha buscado instalar el macrismo con este paro, sin dudas, es alentar la incorporación a la educación privada. Con la medida de fuerza y la difusión mediática de las declaraciones de Macri y Bullrich acerca de la intencionalidad política y de lo "inenetendible" e "injustificable" han logrado tensar la cuerda para el incremento de la matrícula de las escuelas del subsector privado.

Ocurre que la idea es segmentar aún más lo educativo. Escuela pública, para aquellos que no puedan pagar una cuota y escuela privada, para "gente como uno". Más claro, imposible.

Educación pública con contenidos privados.

No es casualidad que se busque digitar la incorporación de docentes. A pesar de las viejas declaraciones del Ministro Bullrich, respecto de lo político en la educación, lo cierto es que se busca renovar la planta docente con aquellos afines al ideario neoliberal. Desde ya, es un burdo ataque a la libertad de cátedra.

Pero también es una forma de incorporar el ideario de la educación privada en la pública a través de los contenidos. Como bien afirma Andrés Sarlengo, "Dar clases -me arriesgo a argumentar- “es la educación que pone énfasis en los contenidos y en los efectos” (4) y la idea es precisamente que los docentes sean los agentes transmisores de lo acrítico, en lugar de estimular un pensamiento liberador.

Imaginen los efectos de una planta docente, disciplinada tras el ideario neoliberal. Ni hablar de un pensamiento distinto, solamente puede decirse lo que la Dirección General de Currícula establezca. Menos aún, ofrecer diferentes visiones acerca de una problemática o de un tema en particular.

La dedocracia.

Se viene tiempos difíciles para el ejercicio de la docencia en la Ciudad. Auditorías sorpresivas, controles pedagógicos y este proyecto de ley parecen un cuento de terror. Ni la mayor dictadura, como la de 1976, o el menemismo se atrevieron a tanto.

Porque no se trata solamente de una dedocracia en la designación de los docentes, poco faltará para la que se refiera a los contenidos. Allí está la gravedad de esta política educativa que aspira a coronar su aspiración máxima: la digitación completa, el poder absoluto sobre quienes enseñan y lo que enseñan.

Solamente la lucha de las y los docentes, al igual que en el pasado, podrá obligar a retroceder a un gobierno que solamente piensa en topadoras como Bussi y Cacciatore. La diferencia está en que ahora la herramienta es la ley, aunque Macri y Bullrich poco sepan de derecho constitucional....

NOTAS:

(1) En el artículo "La educación en PROblemas", de Pedro Lipcovich, publicado el 17/10/11 en Página 12, se informó acerca de un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre el Presupuesto 2012, en el cual se afirma que "El Presupuesto 2012 destina casi 1333 millones de pesos a la educación privada. Esto constituye un 15,6 por ciento del presupuesto educativo total; supera la proporción de 2011, que era del 15,4 por ciento, y está por debajo de las de 2010 y 2009, cuando la asignación a las escuelas privadas llegó al 16,3 y al 17,4 por ciento del presupuesto total. En todo caso, el porcentaje actual dedicado a los privados supera en algo más de un punto el valor previo a los comienzos de la administración de Mauricio Macri: en 2005, el sector privado recibía el 14,5 por ciento del presupuesto educativo total".

(2) Ídem. Sobre la infraestructura escolar, señala que "el presupuesto para infraestructura escolar, cuyo total, en el Presupuesto 2012, es de 501.225.345 pesos: esto implica ya una disminución respecto de la suma asignada en 2011, que fue superior a los 513 millones" y afirma que "los presupuestos de infraestructura escolar vienen sufriendo “una grave subejecución”. El último año con datos completos es 2010, cuando el 52 del presupuesto educativo quedó sin ejecutar; en 2009, el Gobierno había bajado al 16 por ciento la subejecución, que había sido del 41 por ciento en 2008".

(3) En la actualidad, existen los recursos de reconsideración, en subsidio jerárquico y de apelación dentro del articulado del actual Estatuto del Docente Municipal. Su derogación implica la indefensión del docente ante las decisiones del poder político. Por otro lado, que no se mencione al decreto que regula el procedimiento administrativo de la Ciudad ante los casos no previstos en el Estatuto del Docente implica que, ante una violación de los derechos del docente, no tendrá otro remedio que recurrir a la vía judicial.

(4) "Argentina: Más días de clases y menos democracia y libertad (Argenpress)".