No debate y no cumple

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de Gacetillas Argentinas.

La Reina del Plata está al rojo vivo. Una ausencia de diálogo para encontrar consensos y desobediencias e incumplimientos varios son la marca PRO en estas últimas semanas de gestión antes de la reasunción del próximo 9 de diciembre. Entre el conflicto docente por las reformas al Estatuto; las viejas intimidaciones a las y los docentes que se animen a denunciar las irregularidades en materia de infraestructura escolar, hace un tiempo atras y las nuevas que ordenó María Grosso, flamante Directora de Salud Mental del GCBA, ante las inspecciones de la Asesoría Tutelar de Menores e Incapaces, y las viejas y nuevas desobediencias al Poder Judicial y Legislativo, en mayor o menor grado, marcan un ejercicio autoritario del poder que se encuentra demasiado lejos de lo democrático.

Los docentes van por su cuarto día de paro y movilización, frente al ímpetu impuesto por el Ministro Bullrich, la Diputada Morales Gorleri y el Diputado Sergio Abrevaya para reformar el Estatuto del Docente. En el pasado reciente, un memorándum los obligaba a no dejar pasar a los medios de comunicación social para dar cuenta de las falencias edilicias de las escuelas porteñas. Ni siquiera les importó la masiva votación del pasado 3 del corriente en las elecciones de miembros de Juntas.

Hace unos días, nos enterábamos de un nuevo acto de autoritarismo con la orden de sumariar a los empleados de las instituciones sanitarias dedicadas a la Salud Mental de la Ciudad que colaboraran con las inspecciones de la Asesoría Tutelar, que dirige la Dra. Laura Musa. Desde las visitas bajo control de la Dirección de cada uno de los Hospitales a denegar la respuesta inmediata a los requerimientos de los funcionarios judiciales, se intenta establecer un mecanismo para ocultar los graves incumplimientos en este tipo de instituciones donde, precisamente, se encuentran internados quienes no tienen las facultades mentales para expresar su desagrado o incomodidad. Ello constituye un abuso inaceptable que, ahora, comparten con los que trabajan con los internos. Se trata de controlar para evadir la ley, para continuar el sesgo privatista en materia de salud.

Este fin de semana nos encontró con el derrumbe de un cuerpo de un edificio de Bartolomé Mitre al 1200, debido a la presunta excavación en sus cimientos linderos con una obra en construcción, la que estaba en demolición. Precisamente, al ser mal ejecutada llevó a que más de 200 personas aún se encuentren esperando el momento de regresar a sus casas, debido a la evacuación preventiva de la zona aledaña al inmueble derrumbado o bien, buscando cobrar la magra indemnización que saldría por una ley promovida por la Diputada Silvina Pedreira, la que sería pagada por el gobierno porteño para permitirles rehacer sus vidas en otro inmueble, sin contar con el anciano hipoacúsico que todavía no fue buscado pese a las fuertes sospechas que se encuentra entre los escombros, según lo denunciara su propio hijo a los medios de comunicación social. Más grave aún, teniendo en cuenta el derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza, con un saldo de tres muertos, es la falta de reglamentación de la Ley de la Ciudad Nº 3.562, la que establece una inspección en ocasión de la demolición y otras dos, cuando se realiza el pozo constructivo. El derecho no cuenta cuando se trata de buenos negocios...

No debate el macrismo, cuando trata de violentar los derechos de los docentes sin importar el medio y las formas. Nada nuevo bajo el sol, cuando se trata de construir una educación para pocos, en lugar de otra para todas y todos. Donde todo pasa por el ánimo de seguir alimentando el estómago de la educación privada e inocular las normas y valores neoliberales en la educación pública. Todo vale. Desde levantamientos intempestivos de reuniones acordadas con los sindicatos docentes a la presentación inconsulta de proyectos de ley que no han sido consensuados previamente.

Ocurre que, como en el pasado, evadir el cumplimiento de las normas es la ley suprema para el ejercicio del poder. No existe Constitución, ni Derecho Administrativo. Derecho de huelga y de defensa, ni pensarlo. Y ese desconocimiento resulta de una inusitada gravedad: se está afectando a la democracia y también al Estado de Derecho.

Si antes las topadoras de Bussi eran las maquinarias con las cuales arrasaba las villas en Tucumán; ahora, son las legales y las no tanto, las que intentan barrer con los derechos de las y los trabajadores como también de las y los ciudadanos. Ayer, la fuerza era la ley; hoy, la mera discrecionalidad, entre la razón, la conveniencia y los negocios son la norma primordial.

No cumple el gobierno macrista, con casi ningún fallo judicial. Responde con evasivas, ante cada pedido de la Justicia o bien, levanta la barrera presupuestaria como en el caso tratado en la audiencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vivienda para una madre y su hijo con discapacidad, el cual fue debidamente omitido por los grandes medios para proteger a Macri.

Pero tampoco cumple con algunas normativas que ya deberían ser cumplidas hace tiempo. Algunas, en complicidad con la Legislatura, como la postergación en la implementación del cupo laboral del 5 % para las personas con discapacidad. Y no lo establece solamente la reglamentación de una ley, sino un artículo de la Constitución de la Ciudad.

Durante su campaña electoral en el 2007, afirmaban que iban a ser la "nueva" política. Mentira. Los hechos lo desmienten. Son la vieja política. La de Martínez de Hoz. La de Menem y Cavallo. La de Duhalde y Ruckauf "meta bala". Y este año, afirmaban que iba a cumplir con todo aquello que no hizo en cuatro años de gestión, donde siempre le echó la culpa al otro y no importa quien sea: el Gobierno Nacional o la ley del mercado.

No debate y no cumple. Eso es PRO. Debatir y cumplir en el ejercicio del poder no lo es, aunque constituye una de las obligaciones de los gobernantes ante la ciudadanía. Parece que vale más un buen negocio para los militantes propios o para sus amigos que el beneficio de la comunidad.

Mientras tanto, se derrrumba el derecho y el respeto por los valores democráticos. Y eso es lo grave que enfrenta Buenos Aires, en un incendio tan voraz que avanza a pasos agigantados mientras no aparecen los bomberos de la democracia...