Un día de luto para los Derechos Humanos.

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de Gacetillas Argentinas.

Con la sanción de la reforma al Código Penal por la Cámara de Senadores, los Derechos Humanos pasaron al olvido y nos enfrentamos a una cruda realidad: para el Gobierno Nacional somos todas y todos terroristas. Olvidaron su universalidad para poder gobernar desde la criminalización de la protesta. Del discurso pasaron a la acción, la que estará en manos de los Jueces Federales hasta que las y los luchadores populares puedan demostrar que están ejerciendo el derecho constitucional de peticionar a las autoridades.

Hoy es un día de luto para esta categoría de derechos. Se olvidaron de los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, por las migajas del G20. Seguramente, afirmarán que estamos insertos en el mundo. ¿De cuál? ¿De aquél que respeta los derechos esenciales del hombre o del que pretende el imperialismo a través del GAFI?.

Sin dudas, es un precio muy alto para esa inserción política y económica que pregonan. Para el "Gobierno de los Derechos Humanos" bastan los buenos negocios. Barrick Gold, Monsanto, Cargill y el resto de las transnacionales agradecidas porque van a poder denunciar y encarcelar a quienes se opongan a sus designios. También lo estarán aquellos gobernadores provinciales, cuyos lazos con la megaminería, el desmonte y los agrotóxicos son evidentes. Habrá fiesta y brindis entre Gioja, Beder Herrera e Insfrán, entre otros.

Y hasta Macri deberá agradecer este gran favor que le dieron el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso de la Nación. Ahora, podrá denunciar y encarcelar a gusto a los docentes, médicos y enfermeros de la Ciudad ante una Justicia Federal que no dudará en obedecer este mandato legislativo.

Cristina Fernández de Kirchner decidió darle la mano a la derecha. Le guste o no al kirchnerismo, y por más garantías que pretendan dar acerca de la inaplicabilidad de la reforma con respecto a la protesta social, decidió destruir el paradigma ensalzado en el 2003 y proclamado en sus discursos hasta el infinito.

Lo más grave fue que tampoco se quiso escuchar a las voces que, desde su entorno más cercano, les objetaron la ambigüedad de la definición de "aterrorizar a la población" y la alta posibilidad que esta norma sea utilizada para criminalizar la protesta social. Y no fue una o uno solo. Horacio Verbitsky y Mempo Giardinelli, desde el periodismo; Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS, desde los organismos de Derechos Humanos, y hasta el mismo Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, se pronunciaron en este sentido. Podríamos afirmar que no quisieron escuchar, no quieren debatir... Porque una reforma de esta naturaleza requería la intervención de todas y todos aquellos que estamos vinculados a la defensa de los Derechos Humanos.

Desde lo jurídico, el Dr. Eugenio Zaffaroni, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, calificó de "disparate" lo que acaban de aprobar los Senadores de la Nación y señaló claramente que es una extorsión del GAFI a nuestro país.

Pero la Presidenta de la Nación también decidió darle la mano al imperialismo. Olvidó, como bien señaló el jurista supremo, que el organismo solicitante no puede imponer sanciones económicas. Pero prefirió, esta vez, escuchar a Obama antes que escuchar a quienes están a su lado y a los que no coincidimos con sus políticas para advertirle que se estaba dando un peligroso paso que afectará a miles de luchadores por sus derechos.

Ahora está prohibido reclamar, denunciar y manifestarse. No habra protestódromo posible. Y es posible que los fantasmas de 2001, más temprano que tarde, vuelvan a aparecer. La coyuntura que atraviesan los sectores sociales que todavía no han sido incluídos, llevará a movilizaciones significativas en los próximos meses. De igual modo, debido a la previsible puja salarial para el año próximo, resulta previsible que habrá medidas de fuerza en el caso de no llegarse a un acuerdo en eventuales paritarias; más aún, con la definición oficial de poner un techo a los incrementos salariales.

Ni siquiera los estudiantes universitarios, terciarios o secundarios podrán esquivar ser criminalizados. Todavía está fresco el recuerdo del juicio a Jésica Calcagno, Patricio del Corro y Juan Oribe, estudiantes de la UBA que fueran denunciados por participar de una marcha en apoyo a las y los trabajadores de Kraft - Foods Argentina (ex - Terrabusi) en 2009. Lo mismo ocurre con el famoso memorándum por el cual se ordenaba la confección de listados de las y los estudiantes secundarios que tomaban los colegios en reclamo por las deficiencias edilicias en la Ciudad.

Los Vecinos Autoconvocados de Famatina y las Asambleas Ciudadanas Riojanas tendrán otro motivo más para preocuparse. Entre la confección de listas negras y la sanción de esta ley, cabe la posibilidad de una posible acción judicial tendiente a disolver el movimiento ambientalista en contra de la megaminería.

Una vez más, el poder estatal intenta avasallar los derechos de la ciudadanía. Y cuando el Estado los avasalla impunemente, nos encontramos ante una efectiva violación de los Derechos Humanos.

Nos encontramos ante la necesidad de una lucha sistemática. Ya no valen las cartas a las y los legisladores o al mismo Poder Ejecutivo. Ya que todas y todos somos terroristas, habrá que salir a la calle para que las voces de repudio contra esta ley sean escuchadas antes que sea tarde. Antes que otros más de 4.000 luchadores populares sean encarcelados por dos o más años, justo cuando se producirá la renovación legislativa en el 2013.

Y urge movilizarse a pesar de estas fechas tan especiales. Tal vez sea el antídoto necesario para que el kirchnerismo sienta que el colchón electoral del 54 % pueda diluírse demasiado pronto y se vea obligado a desistir de este verdadero despropósito, del mamarracho jurídico que acaban de sancionar y que pronto promulgarán.