CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO N° 567.
Sumario:
1. Y cumplieron con su deber…
2. Presos políticos internacionales.
3. Doce muertos en una cárcel uruguaya, una política de estado con tintes de perversión y cinismo.
4. Salliqueló: pueblada por otro preso “suicidado”.
5. Confesiones radicales y felicitación peronista.
6. Poliprostíbulo y policobrador.
7. Otro gatillo fácil en Moreno.
Y CUMPLIERON CON SU DEBER…
El martes 13 de julio, el Tribunal Oral Nº 2 de Mercedes absolvió, por unanimidad, al policía Juan Sebastián Álvarez, quien el 6 de octubre de 2005 mató, de un disparo en el abdomen, a Miguel Ángel Da Silva, de 15 años, a metros de su casa en el Barrio Satélite de Moreno.
El oficial Álvarez y el sargento Salto recibieron un alerta por un robo a la salida de la escuela Nº 41. Una maestra había sido asaltada por tres personas jóvenes, con gorritas con visera, y que uno de ellos iba armado, y vestido con un pantalón deportivo y un buzo oscuro.
Con esa “descripción”, salieron hacia el barrio más pobre de la zona. A unas diez cuadras, vieron venir de frente a Miguel, de 15 años, con su amigo Marcelo, de 16, único dato que coincidía con la descripción: el ser jóvenes. Como se probó en el juicio (ver Boletín nº 565), Miguel levantaba los brazos en alto cuando Álvarez, entrenado en el grupo especial GAD (lo de boinas negras de la bonaerense) le disparó en la panza. Enseguida, el sargento Salto produjo el arma que plantó a los pies del pibe. Lo que nunca apareció fue la cadenita ni el celular de la maestra...
Para los jueces Bustos Berrondo, Larroque y Varsky, la conducta del policía “estaba autorizada por haber actuado en su legítima defensa y cumplimiento del deber”, aun cuando quedó demostrado durante el debate que Miguel no tenía armas y no representaba peligro alguno para Álvarez o terceros. Los magistrados optaron por su “fiel convicción”, afirmaron que no creyeron a los testigos y utilizaron sus dichos, a la inversa, a favor del policía. Porque, según ellos, es impensable que dentro de los móviles policiales, los “guardianes del orden” lleven armas en desuso para plantar en situaciones similares.
Una vez más quedó demostrado que quienes también cumplen con su deber son los jueces, DEBER que responde a un sistema donde vale más una cadenita y un celular que la vida de nuestros hijos. DEBER de proteger y dejar en libertad a uno de sus perros guardianes; DEBER de decirle a la sociedad que si es un civil el que esta en el banquillo -como ocurrió hace 10 días atrás cuando el mismo tribunal condenó a dos personas (no policías) por homicidio- la condena es perpetua o 25 años de prisión, pero que si es un policía pueden matar sin tener ningún castigo.
CUMPLIMIENTO DEL DEBER que sólo se da cuando el que perdió la vida es un pibe pobre. Y sí, los jueces también cumplieron con el deber del mismo estado represor al que pertenecen todos, Álvarez, Bustos Berrondo, Larroque y Varsky por igual. DEBER de negar que matar a un chico de 15 años desarmado es Gatillo Fácil, es un crimen de estado.
Pero desde CORREPI decimos que es nuestro DEBER organizarnos, denunciar y luchar, no sólo por la sentencia, sino por lo que es más importante aún, la conciencia. Porque gritamos que no es un policía, es toda la institución y sabemos que jueces y fiscales protegen a la policía.
PRESOS POLÍTICOS INTERNACIONALES
A la lista de presos políticos del estado argentino, Martino –cuya prisión preventiva a caba de ser confirmada por la cámara federal-, Germano y Villalba, ahora se suma la detención de Juan Aliste Vega, un militante chileno.
Aliste fue detenido en Retiro el pasado 9 de julio, en un operativo conjunto de la policía de investigaciones chilena y la policía federal argentina, acusado por la misma causa que los militantes chilenos, extraditados recientemente, Freddy Fuentevilla Saa y Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Los tres están acusados de ser quienes, en una operación de expropiación del banco Security, mataron a un carabinero que intentó detenerlos.
Actualmente, Juan Aliste, se encuentra en la cárcel de Máxima Seguridad de Ezeiza. A quienes se acercaron a expresar su solidaridad y a acercarle ropa y comida, se les fue negada la posibilidad de visitarlo, cosa que, recordarán nuestros lectores, pasó el año pasado enla U 11 de Neuquén, donde se impidió el ingreso de tres compañeros de CORREPI, todos abogados, a visitar a Freddy y Marcelo.
Es clara la política de colaboración entre los estados y la función de sus fuerzas represivas, actuando conjuntamente en función de la persecución de militantes políticos.
El apresamiento y el pedido de extradición para dejar caer la mayor de las penas sobre estos militantes, parece ser el acuerdo político entre los gobiernos de turno en Chile y Argentina, dejando en claro que no habrá refugio para quienes intenten enfrentarlos.
El estado argentino deberá decidir nuevamente, como ya lo hizo con Freddy y Marcelo, la extradición o no de Juan Aliste.
NO A LA EXTRADICIÓN DE JUAN ALISTE VEGA - LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO N° 566.
Sumario:
1. Caso Lacorte: la justicia, ni enmascarada ni independiente.
2. Polichorros, otras tres.
3. Represión en Latinoamérica, con y sin la ayuda del imperio
4. Policía de Río Negro: ninguna reforma cambia la naturaleza de las cosas.
5. Corrientes: torturas en comisaría.
6. Criminalización de la protesta en Lomas.
CASO LACORTE: LA JUSTICIA, NI ENMASCARADA NI INDEPENDIENTE
Cuando en 2001, en el Sur del conurbano, el policía Salmo disparó a la estudiante Carla Lacorte, dejándola paralítica para siempre, la justicia no dijo que el crimen del gatillo fácil es un crimen de estado, ni reconoció la naturaleza política –en tanto política de estado- de la represión cotidiana.
Después de un denso trámite judicial, agotando los recursos para dejar impune el crimen, el policía José Salmo, que debió ser condenado a 13 años de prisión, como lo exigieron los compañeros de CEProDH, recibió una tibia pena de 6 años y medio por parte del Tribunal Oral 5 de Quilmes, y fue detenido.
Aquí, tampoco, dijo la justicia que cuando se aplican insignificantes condenas a los integrantes de una institución represiva del estado estamos ante una sentencia con inocultables ribetes políticos.
La defensa del policía Salmo apeló la detención. Esta semana, la Cámara de Garantías de Quilmes lo dejó en libertad, con el argumento de que esa detención era "desproporcionada y arbitraria" porque -yendo más allá incluso de lo pedido por la propia defensa del policía- "la sentencia está teñida de componentes políticos"... porque durante todo el proceso, Carla estuvo acompañada por la solidaridad activa de la organizaciones políticas, estudiantiles y antirrepresivas, dentro y fuera del Tribunal.
Pocas veces vemos un ejemplo más claro y categórico de cómo tratan los jueces los casos de gatillo fácil. Pocas veces queda mejor demostrada la naturaleza de crimen de estado que implica el gatillo fácil. Pocas veces queda tan evidenciado que el gatillo fácil responde a una política de estado.
Y también como pocas veces, la respuesta organizada y dispuesta a la lucha del pueblo, pone tan en evidencia la verdadera cara "independiente" de la justicia. La clase dominante se juzga a sí misma, y a sus siervos. El resultado es siempre el mismo: impunidad.
Los presos políticos, los 5.000 procesados por la criminalización de la protesta, los familiares de los asesinados por la represión preventiva, expresan, con su organización y lucha, la respuesta que más molesta e incomoda al sistema opresor.
POLICHORROS, OTRAS TRES
Esta es casi una sección fija, por la frecuencia con la que reportamos casos de "polichorros". Esta vez, son tres noticias de diferentes características. Primero, dos comisarios más cinco “colaboradores” –uno de ellos, también de la fuerza-, investigados desde febrero por asaltos con la modalidad de "piratas del asfalto" y detenidos en estos días. Segundo, nueve policías federales que se dedicaban a extorsionar a cambio de protección o para permitir que la venta de productos truchos, liberando zonas. Y, tercero, una “ejemplar” condenan a dos policías acusados de "tentativa de robo a mano armada", con tareas comunitarias una vez por semana, mientras mantienen sus trabajos actuales como policías.
Las tres noticias tienen mucho en común, como la clara complicidad judicial. En todos los casos, los acusados fueron beneficiados con la libertad durante el proceso, permitiéndoles "atar cabos sueltos", amedrentar testigos, presentarse si se les ocurre o seguir cobrando un sueldo del estado. Cuando no, se les aplican penas irrisorias, que les permiten seguir con su vida normal, como en el caso de Neuquén. Otra de las patas comunes, y no menos importante, es la intervención de los medios de comunicación. Siempre se plantean estos delitos como hechos "muy confusos", donde los medios tratan de ser "objetivos" sin imprimir malos comentarios sobre los policías. Todos sabemos que, cuando no se trata de policías, sí llenan sus páginas de adjetivos y comentarios estigmatizantes.
Pero casi sin querer, a un diario se le escapó la verdad, y comenzó su nota sobre el caso de los policías de Saavedra con la frase: "Como es ya casi tradicional en el país, ....", en referencia a la frecuencia del involucramiento policial en delitos de todo tipo.
Los que nos leen habitualmente se preguntarán por qué, esta vez, no abundamos en la historia de cada caso. Solemos dar lujo de detalle sobre cada situación. Esta vez, adrede intentamos mostrar que no importa si fue en Neuquén, o en Capital Federal, o en San Martín (provincia de Buenos Aires). El accionar de las instituciones de seguridad del estado es siempre el mismo, sea coimeando en el barrio o en la ruta; extorsionando; en los grandes delitos millonarios o en la administración y explotación del “chiquitaje”. Los jueces garantizan la impunidad. Todo con un fin común, demostrar quién manda. Y cómo, cuando, por alguna razón, quedan al descubierto, se ponen en funcionamiento los otros mecanismos del estado, asegurando la continuidad de la política represiva.
REPRESIÓN EN LATINOAMÉRICA, CON Y SIN LA AYUDA DEL IMPERIO
En épocas de crisis, ante el empobrecimiento de la clase trabajadora, el pueblo se organiza y lucha. En este contexto es donde queda totalmente cristalizado el carácter represivo de cualquier estado que rija en una sociedad dividida en clases. Pero, cuando las fuerzas represivas locales no son suficientes para adoctrinar al pueblo organizado, se hacen presentes los refuerzos imperiales, con o sin la venia de las burguesías locales, para cuidar sus intereses y seguir aleccionando a los dominados. Este es panorama que están viviendo los pueblos de Latinoamérica.
A Costa Rica llegarán cerca de 50 buques de guerra, y decenas de aviones y helicópteros estadounidenses. Los represores estadounidenses, que ya vigilan las costas centroamericanas desde hace más de 10 años, incursionarán en territorio tico con 7.000 uniformados. Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que no tiene ejército. No les es necesario. Cuando la policía no puede asesinar y encarcelar a todos los necesarios para adoctrinar a la clase, recurren al imperio yanki.
“El personal de los Estados Unidos en Costa Rica podrá disfrutar de libertad de movimiento y el derecho de realizar las actividades que considere necesarias en el desempeño de su misión”, dice el documento. O sea: impunidad para matar. Algo muy similar decía el documento que firmaron con Colombia el año pasado para instalar a sus fuerzas en 7 bases militares colombianas. La excusa también fue la misma: “combatir al narcotráfico”; cuando en verdad es para reprimir al pueblo que se organiza y lucha. Lo mismo está ocurriendo en Honduras con la extensión del “Plan Mérida”, otro acuerdo militar entre las burguesías locales y el imperio gringo.
En Haití, luego del sismo que dejó más de 200 mil muertos, Estados Unidos envió 20 mil efectivos, barcos y aviones para reprimir a la población hambrienta y sin hogar. El águila apunta y quiere posar sus garras sobre el pueblo trabajador latinoamericano. Sin embargo, en Panamá, a la burguesía local todavía le alcanza con la policía. Luego de una brutal represión por una protesta contra el gobierno de turno, los verdugos asesinaron a otro luchador popular y arrestaron a cerca de otros cincuenta, que engrosarán las listas de presos políticos.
Arcesio Lemus era uno de los miles de presos políticos que el estado colombiano tiene encarcelado. En estos últimos días falleció por problemas cardíacos, ante la indiferencia de las fuerzas represivas. Esta es una política estatal inherente en cualquier sociedad dividida en clases.
En estos días, en Argentina, pudimos asistir a la audiencia del Negro Martino, preso político en el país por denunciar al sionismo. En la misma, el compañero preso expuso cómo el Estado de Israel viene masacrando al pueblo palestino, incluso desde antes de su creación. Del lado de los verdugos, estuvieron los jueces sobre el estrado y en la querella todo el sionismo local (Embajada de Israel, AMIA y DAIA).
Así, cuando la crisis más golpea a los pueblos latinoamericanos, la burguesía local encarcela y mata luchadores populares; y cuando sus fuerzas represivas no son suficientes para adoctrinarlo, recurren al imperio yanki, siempre bien dispuesto a matar, reprimir y controlar.
POLICÍA DE RÍO NEGRO: NINGUNA REFORMA CAMBIA LA NATURALEZA DE LAS COSAS
De nuevo, tenemos que hablar de Bariloche, del gatillo fácil y de la represión a las manifestaciones populares. Sin cambiar de tema, vamos a hablar de los esfuerzos que hacen los gobiernos para fortalecer su aparato represivo.
Cuando el pueblo reacciona contra la represión y rompe el muro de invisibilidad con el que se sepulta dos veces a los pibes fusilados o torturados por la policía; cuando la movilización popular muerde los cimientos de la gobernabilidad democrática, rápidamente los encargados de recomponer la legitimidad del sistema ponen manos a la obra bajo la consigna fundacional de cualquier gobierno democrático: TODA LA REPRESIÓN NECESARIA, CON TODO EL CONSENSO POSIBLE.
Si Diego Bonefoi entró al Archivo de Casos de personas asesinadas con el gatillo fácil que compila CORREPI con el número 2943, Nicolás Carrasco (16) y Sergio Cárdenas (29), además de ser los casos 2944 y 2945 en el listado general, se convirtieron en el quinto y sexto caso de asesinados en manifestaciones populares por el gobierno peronista de los Kirchner, junto a Luis Cuéllar, Carlos Fuentealba, Juan Carlos Erazo y Facundo Vargas. Un listado que suma 54 nombres desde 1995.
Cuando estos hechos cotidianos de represión se visibilizan y causan reacción popular, enseguida aparecen los recursos del estado para acallar la protesta y desmovilizar. Por un lado, declaraciones grandilocuentes de los funcionarios que prometen “investigar hasta las últimas consecuencias”. Por la otra, se pone en funcionamiento el aparato de cooptación de los familiares de las víctimas, con visitas de secretarios o ministros de DDHH, defensores del pueblo, legisladores, oficinas de asistencia a la víctima o programas antiimpunidad. Muchas fotos, cafecito y más promesas, éstas de subsidios, planes, y, desde luego, reformas.
CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 565
Sumario:
1. Juicio al gatillo fácil: Miguel Da Silva
2. ¿Las violaciones se previenen desde el aire?
3. La Metropolitana reprime a trabajadores en Liniers. Algunos medios legitiman y otros critican para que sólo reprima el gobierno nacional.
4. Torturas y muertes en lugares de detención, una política de estado.
5 . Bariloche: El turno de la “justicia”.
6 . Próximas actividades.
JUICIO AL GATILLO FÁCIL: MIGUEL DA SILVA
El 6 de octubre de 2005, un poco después de las 5 de la tarde, el oficial de la policía bonaerense Juan Sebastián Álvarez mató a de un disparo a Miguel Da Silva en el barrio Satélite de Moreno.
Álvarez y el sargento Salto iban en un patrullero, y recibieron un alerta por un robo a la salida de la escuela nº 41. Lo que les dijo el operador de radio fue que una maestra había sido asaltada por tres personas jóvenes, con gorritas con visera, y que uno de ellos iba armado, y vestido con un pantalón deportivo y un buzo oscuro.
Con esa “descripción”, si la podemos llamar así, salieron hacia el barrio más pobre de la zona. A unas diez cuadras, vieron venir de frente a Miguel, de 15 años, con su amigo Marcelo, de 16. Bajaron del móvil y los pararon. El sargento Salto agarró a Marcelo y lo hizo tirar boca abajo en el medio de la calle. Unos metros más adelante, sobre la vereda, estaba Miguel, frente al oficial Álvarez, un policía joven, de 24 años entonces, pero con un nutrido currículum, formado en el GAD, un grupo comando especial de la bonaerense, fácil de reconocer por sus boinas negras.
Una vecina de la cuadra vio todo desde la vereda de enfrente, y así lo contó la semana pasada, durante el juicio oral, en la ciudad de Mercedes: “Vi el patrullero, salí a la puerta y vi que la policía había parado dos chicos. Al principio no reconocí que uno era Miguel, que vivía a la vuelta. El chico levantó las manos, se agarró la remera y la levantó, se quedó con las manos en alto, y dijo NO PASA NADA, NO TENGO NADA. El policía gritó algo y disparó. Miguel hizo como un movimiento cuando recibió el tiro, se miró la panza y cayó al suelo”.
Otra testigo contó que estaba en la esquina, y le gritaron “Avisale a Ramona que lo agarraron a Miguel”. La casa de la familia da Silva está en la misma manzana, en la calle paralela. Ramona y la mujer que le avisó corrieron esa escasa cuadra y media, y cuando estaban por doblar la última esquina, oyeron el estruendo del disparo.
Miguel estaba todavía vivo cuando Ramona forcejeó con los policías para acercarse. Con el tiro, la cuadra se llenó de vecinos curiosos, que estallaron de indignación cuando vieron que los policías ponían un revólver estropeado a los pies de Miguelito. A puteada y piedrazo limpio, liberaron a Marcelo y ayudaron a cargar a Miguel en un auto para llevarlo al hospital. El patrullero, todo abollado, salió huyendo con los policías pidiendo apoyo por radio. “¡Se nos viene la villa encima!” quedó grabado en la cinta. ¿Bariloche, 2010? No. Moreno, 2005.
El juicio tenía que empezar hace casi un año, pero como se murió la mujer del fiscal, se demoró hasta esta semana. El jueves, en un tribunal oral de Mercedes, cada uno de esos vecinos contó lo que vio. El oficial Álvarez no abrió la boca. En su lugar habló la defensora oficial, que argumentó que el ex GAD actuó en legítima defensa y en cumplimiento del deber cuando disparó contra un chico de 15 años desarmado. Igual que la defensa del asesino de Diego Bonefoi, en Bariloche.
Entre los testigos, declaró también Ramona, que contó lo que vio, y habló de su hijo. Y con la fuerza de las entrañas, les gritó a los jueces su dolor y su bronca por el policía en libertad, a pesar del cargo por homicidio. Como si hubieran dejado que Miguel esperara el juicio en libertad si lo hubieran acusado de un robo.
Al terminar el debate, quedó en el aire una frase que dijo el sargento Salto cuando le preguntamos por qué habían detenido a estos pibes en particular. “Nosotros vimos tres, y como policías, creímos que habían sido ellos”, dijo el sargento.
Clarísimo. Eran tres, y eran chicos de un barrio obrero. Un barrio dónde, para dos policías, dos o tres pibes son, automáticamente, sospechosos, y descartables. Y si los matan, ahí está, en la guantera del patrullero, el perro para plantarles y decir “fue un enfrentamiento”.
El martes 13, el tribunal va a dar la sentencia, que puede ser perpetua, como pedimos nosotros y la fiscal, o la absolución, con pedido de disculpas por la molestia burocrática, como pidió la defensa.
Pero no importa tanto lo que resuelvan los jueces, que se sintieron bastante molestos con la cantidad de vecinos y militantes antirrepresivos que llenaron la sala y afearon con sus banderas y pancartas la plaza de Mercedes, justo, entre el edificio de tribunales y la majestuosa catedral donde tomó la comunión Jorge Rafael Videla.
No importa tanto, porque la sentencia ya la dictó el pueblo de Moreno, que sabe que, a Miguelito Da Silva, un hijo de ellos, lo mató la policía.
¿LAS VIOLACIONES SE PREVIENEN DESDE EL AIRE?
En la ciudad de La Plata, una chica fue violada por dos policías. Cuando iba en bicicleta hacia la escuela, de una camioneta de la fuerza bajaron dos policías que la obligaron a punta de pistola y la llevaron a una casa abandonada donde la sometieron sexualmente.
La joven denunció que antes de ser liberada la amenazaron para que no hablara porque de los contrario “iba a aparecer muerta en un descampado o flotando en un arroyo”.
Esto ocurrió mientras la policía “patrullaba las calles de la ciudad, es decir, cumplía con su trabajo”. ¿Qué se espera que hagan entonces cuando, como anunció Scioli, se pongan en marcha “una serie de iniciativas para optimizar los recursos humanos y logísticos" del aparato policial? ¿Qué hará la policía con los aviones que les prestará el aeroclub para “prevenir el delito”? Claro está, que para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la preocupación esencial está en los piratas del asfalto y los salteadores de ganado y ya que estamos, se harán algún negocio con los aviones y los empresarios vinculados al rubro.
A juzgar por la experiencia, suministrar mayores recursos para la policía “para combatir el delito”, significa mayor inseguridad para el pueblo. Ya lo vemos, contar con uniformes, armas, vehículos y la impunidad de la justicia les hace posible detener a una chica de secundaria, violarla en una casa abandonada y después amenazarla de muerte.
Atrás del discurso de que “el delito” es más sofisticado y por eso se necesitan más herramientas para enfrentarlo, se oculta la atribución de mayores facultades para que la policía y el conjunto de las fuerzas puedan garantizar sus negocios y sean impunes en sus acciones, garantizando siempre en contraprestación seguir siendo los perros guardianes de la clase dominante, cuidando su capital y reprimiendo a quienes atenten contra ella.
CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 564
NOTA A LOS LECTORES: Desde la 01:55 GTM del 19 de junio pasado, nuestro sitio web, www.correpi.lahaine.org, está caído. Todo parece señalar que el desperfecto se debe a una masiva cantidad de visitas a partir de los hechos de Bariloche, para la cual no estábamos técnicamente preparados. Pedimos disculpas por el inconveniente que estamos trabajando para solucionar. Mientras tanto, pueden encontrarnos en http://correpidifusion.blogspot.com, en Facebook (Coordinadora CORREPI) y en el canal de video: youtube.com/CORREPI.
Sumario:
1. Amenazas a militantes en Bariloche.
2. 2.950 razones para comprender una política de estado.
3. Poliladrones en Mar del Tuyú.
4. Despiden a dos trabajadores por preguntar a Casal sobre el caso Arruga.
5. Policía baleó con su arma reglamentaria a su hijastra de 4 años.
6. Gatillo fácil: Algunas precisiones necesarias.
AMENAZAS A MILITANTES EN BARILOCHE
El fusilamiento de Diego Bonefoi, en Bariloche, por un policía del grupo BORA, cobró notable visibilidad gracias a la potente movilización de los vecinos de los barrios obreros. El grito del pueblo de Bariloche, que salió a denunciar, primero, la represión cotidiana del gatillo fácil y la tortura, y, enseguida, la represión selectiva sobre los manifestantes, se hizo oír en todo el país.
Todos aquellos a cuyo servicio se desarrollan las políticas represivas estatales, no se iban a quedar callados. Además de clamar por el envío de tropas de gendarmería y de fogonear marchas de apoyo a la policía, han iniciado también una campaña de amenazas contra los militantes y medios de comunicación alternativa que acompañaron la denuncia pública y la movilización antirrepresiva.
La docente y abogada barilochense Marina Schifrin, de activa militancia antirrepresiva, recibió centenares de correos electrónicos intimidándola, del estilo de “te vamos a enterrar envuelta en tu sucio trapo rojo”. CORREPI hizo llegar de inmediato su absoluta solidaridad con la compañera, con quien hemos compartido muchas instancias de lucha, y ya estamos actuando a su lado, en su defensa.
Casi de inmediato, supimos que también los compañeros de Fm Gente de Radio (90.3 mhz), un medio alternativo enclavado en el Alto, de profundo compromiso con las luchas sociales y que tantas veces ha abierto sus micrófonos a CORREPI, fueron también amenazados. En esta oportunidad, fue una “oyente”, que se identificó como policía en actividad, la que los acusó, al aire, de “hablar mal de la policía”, de “defender malandras” y les garantizó que sufrirían las consecuencias.
Está claro por qué Marina y los integrantes de FM Gente de Radio son algunos de los "elegidos" como blanco de sus intimidaciones por los defensores del sistema de injusticia y opresión, cuyo brazo armado se cobra un joven pobre asesinado por el gatillo fácil y la tortura por día. Pero su integridad militante hará que ninguno de ellos ceda a las presiones, que exigen, de todos nosotros, más organización, y más lucha contra el estado represor.
2.950 RAZONES PARA COMPRENDER UNA POLÍTICA DE ESTADO
Una semana después de que tres jóvenes fueran asesinados por la policía de Bariloche, el Archivo de casos registrados por CORREPI a lo largo de todo el país muestra que el estado argentino ha asesinado, con el gatillo fácil o por la tortura en cárceles y comisarías a 2950 personas desde diciembre de 1983, a un promedio, en el último año, de una por día, en su mayoría jóvenes entre 14 y 24 años.
A la vez que la postal de Bariloche dejaba de ser la "Suiza argentina" para mostrar un pueblo de pie reclamando contra la represión policial, también Mar del Plata dejaba de ser " La Feliz " para mostrar cómo sus barrios soportan a diario el accionar de las fuerzas represivas.
Fue así que, el 19 de junio, tres jóvenes caminaban por las calles del barrio Las Avenidas cuando efectivos de la comisaría 3ª les dieron la voz de alto. Uno de ellos, Joel Alberto Minaberri Garay (16), tras ser golpeado, trató de correr. Fue asesinado de un tiro en la espalda por el oficial Marcos Grebol.
También en Mar del Plata, en 2004, Sergio Alí (15) fue fusilado por la espalda por el oficial Claudio Cañete, que con la ayuda de su padre (también policía y con un alto cargo en la DDI ) y otros compañeros sacaron el cuerpo aún con vida de la escena del crimen y lo dejaron morir en una fábrica abandonada.
Igual que en Bariloche, los familiares de la policía marplatense y los interesados en que su accionar permanezca, posaron para las fotos manifestando "contra la delincuencia" y demostrando que es la institución toda la que tiene la misión de llevar adelante la represión preventiva, al mismo tiempo que gerencian el crimen organizado en cualquier barrio pobre del país.
POLILADRONES EN MAR DEL TUYÚ
Ocurrió en Mar del Tuyú, la noche del sábado 19 de junio. Juan Macías, un constructor boliviano, dormía en su habitación cuando oyó insistentes y violentos llamados a su puerta: “Abra, es la policía”. Al llamado acudió su hijo de 10 años, sobre el que se abalanzaron tres hombres apenas el chico entornó la puerta. El cuarto se quedó en un auto haciendo de campana.
Al ingresar, cerraron la puerta con llave desde adentro y dieron a conocer el objetivo de su visita, se trataba de un asalto. Sin embargo, antes no habían mentido: eran policías. Tres de ellos, dos subtenientes y un sargento, pertenecen a la División de Narcotráfico. El otro es subteniente en la comisaría de Mar del Tuyú.
CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 563
Sumario:
1. Bariloche movilizado dice: basta de gatillo fácil, tortura y persecuciones.
2. Detenciones arbitrarias y asesinato en Acha.
3. Militarización en los barrios de Moreno.
4. La naturaleza estatal: torturas contra los militantes.
5.- Próximas actividades.
BARILOCHE MOVILIZADO DICE: BASTA DE GATILLO FACIL, TORTURA Y PERSECUCIONES.
Durante todo el fin de semana largo, mientras se disputaban los partidos del Mundial, a cuentagotas los argentinos nos fuimos enterando por los medios lo que pasaba en Bariloche. Hace unos días, un pibe fue asesinado por un policía que integraba el BORA, la brigada de despliegue rápido que ya mató a varios pibes en esa ciudad. Esta vez asesinó a Diego Bonefoi, un pibe de una barriada popular del Alto de Bariloche. Con la excusa de “identificarlo”, un policía, cuya identidad ha sido celosamente preservada, le atravesó el cráneo con una bala 9 mm.
La respuesta de las barriadas del Alto de Bariloche no se hizo esperar. Los habitantes de los barrios pobres de Bariloche, que bien saben de tantos otros episodios similares, salieron a las calles, se organizaron y lucharon por Diego. La respuesta del gobierno fue reprimir, esta vez selectivamente, sobre los movilizados. Matías Carrasco (16) y Sergio Cárdenas (29) fueron fusilados durante la represión a la pueblada.
Tres pibes fusilados, 21 heridos, decenas de detenidos en las diferentes comisarías, la mayoría torturados, allí, en los calabozos frente al Centro Cívico y al monumento a Roca, mientras seguían reprimiendo la movilización popular. A un pibe le quebraron el brazo cuando le pisotearon la mano con los borceguíes, que dijeron “con esta ya no vas a poder tirar más piedras”. En el hospital le dijeron a los policías que necesitaba una intervención inmediata pero se lo llevaron nuevamente y lo mantuvieron detenido. Desde la celda, el chico escuchó a los policías deliberando: ¿Nos cargamos uno más? Se nos fue mucho la mano, ¿y si lo matamos? Otros pibes fueron gaseados dentro de la celda después de haber recibido golpizas.
La situación represiva en la ciudad no es nueva. En 2006, CORREPI publicó una serie de notas denunciando la situación de apartheid vigente en la ciudad de Bariloche, con los barrios del alto, los barrios obreros, militarizados bajo una represión constante para evitar que sus habitantes afeen con su presencia la zona céntrica, destinada a los ricos turistas.
Describimos lo que sucede a diario en los ocho pasos para acceder desde los barrios de alto (El Frutillar, San Francisco, 34 Has., etc.) hacia el bajo, con sus casas de té y finas hosterías. En cada uno de esos pasos hay permanentes operativos cerrojo.
Insistimos muchas veces en la enorme cantidad de detenciones arbitrarias ("excusadas" con la averiguación de antecedentes o el código contravencional), de golpizas, de operativos de la policía y del grupo especial BORA en los barrios, con o sin orden judicial, que en ese momento estaba a cargo del comisario Veroiza y hoy a cargo del comisario Carrizo.
Denunciamos entonces, el amedrentamiento y los ataques a los vecinos que se atrevieron a intentar organizarse contra la represión, como la vecina del barrio 34 Hectáreas, Blanca Grande, que perdió un ojo por un balazo de goma durante un operativo policial en 2006, y la sucesión de muertes a manos policiales, que suman medio centenar desde 1983, en una provincia con menos de 600.000 habitantes. Son los jueces del sistema y de la gran familia judicial, como Martín Lozada, quien tiene el record de no “incomodar” a ningún funcionario de las fuerzas represivas del estado, en las causas por gatillo fácil y represiones de todo tipo.
Río Negro es ejemplo de cómo un gobernador radical, adicto al gobierno kirchnerista, sostiene y avala al aparato represivo que le toca administrar. Fue el gobernador Sainz que llamó a una reunión a la Iglesia, los empresarios y la burocracia sindical para avanzar en acuerdos de “pacificación”. Fue Sainz quien le pidió, a Cristina Kirchner, por favor, para lograr ese objetivo, el envío de tropas de gendarmería. Es Sainz quien sostiene un ministro de seguridad y justicia, el comisario Víctor Cufre, denunciado por pertenecer a una red de trata de personas en Choele Choel. Es también Sainz, con sus seguidores, quien brinda a la derecha la posibilidad de aplaudir en las puertas del Centro Cívico los fusilamientos bajo el discurso de “mejor calidad de vida y seguridad ciudadana”.
Es la presidenta Cristina Kirchner quien le brindó todo el apoyo del gobierno “nacional y popular” y puso a su disposición a la gendarmería.
Es el estado argentino, gobierne quien gobierne, que sigue un plan sistemático de acción represiva.
Nuestra solidaridad a todos los que luchan, nuestro acompañamiento a los familiares de los chicos fusilados y a la sociedad de Bariloche, que se sigue movilizando para gritar BASTA DE GATILLO FÁCIL Y TORTURAS – BASTA DE REPRESIÓN.
DETENCIONES ARBITRARIAS Y ASESINATO EN ACHA
El 13 de este mes, en la provincia de La Pampa, Oscar Fabián Berot, de 22 años, falleció a raíz de las graves quemaduras sufridas al incendiarse el calabozo de la comisaría donde se encontraba detenido, sin motivo alguno, junto a su hermano y un amigo.
El jefe de la policía provincial, Ricardo Baudaux, habló de la posibilidad de una protesta con quema de colchones. Al día siguiente, el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de la provincia, César Ignacio Rodríguez, aseguró que la muerte de Oscar en la comisaría de General Acha fue "un accidente”.
El hermano de la victima estaba durmiendo. Cuando se despertó, ya se había iniciado el fuego. “Empecé a gritar, pero enseguida se prendió fuego el otro colchón. Hasta que vinieron y abrieron las celdas pasaron unos 30 minutos. Estábamos vestidos con ropa de nylon, que ardió rápidamente”. Los dos colchones del calabozo se prendieron fuego. Todo se originó por un cigarrillo, pero que encendió el guardia. “No teníamos encendedor, por eso el policía nos prendió el cigarro", dijo el sobreviviente.
El exterminio de personas encarceladas no se detiene
Grave informe de la CTC
"En lo que va del 2010 ya se registraron 10 muertes de personas encarceladas"
Como lo hemos venido denunciado a lo largo del año y tras el triste accionar de los actuales funcionarios políticos a cargo de las prisiones santafecinas son caóticas las condiciones de detención en la provincia. Afirmando esto ahora se suma un amplio informe de la Coordinadora de Trabajos Carcelarios.
Gravísimas situación se vienen registrando en los distintos escenarios, Piñero, las Flores, Coronda, el IRAR, como en las comisarías y alcaidías provinciales.
Compartimos el reciente informe elaborado por la CTC sobre la preocupante y cada vez más grave situación carcelaria en Santa Fe. "Muchas muertes clasificadas como naturales en las estadísticas del Servicio Penitenciario se deben a la negligencia, la discriminación y la falta de ética profesional de los servicios de salud penitenciarios", sostienen desde la Coordinadora.
Informe de la Coordinadora de Trabajo Carcelario
En la provincia de Santa Fe, se presentó al comienzo de la gestión socialista un plan estratégico para el servicio penitenciario en la provincia, dos cuestiones centrales que dependen directamente del gobernador de la provincia que aún no se han resuelto: La reglamentación de la Ley 24.660 y la resolución del sumario de la masacre de Coronda.
Por otra parte, en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (IRAR) se observa un retroceso respecto de la gestión anterior, dado que durante estos años el Servicio Penitenciario ha ido avanzando en los espacios que antes eran ocupados por personal civil instalando los códigos carcelarios que no solo forman parte de la infraestructura, (construcción de las llamadas jaulas a las entradas de los sectores) sino en el encierro permanente y la atomización de los sectores.
En el IRAR hay cada vez más encierro y menos actividades en un espacio sin luz solar, húmedo, con sanitarios tapados e higiene deficiente. A más de dos años de asumir el gobierno socialista, resulta preocupante la falta de implementación de políticas y de inversión en nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal.
En estos dos años la situación de los jóvenes que se encuentran bajo la orbita de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, se han agravado sensiblemente, pese a las denuncias, la intervención judicial e inclusive los pedidos de informes efectuados desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante una denuncia formulada por esta organización, ante sistemática violación de los derechos de estos jóvenes por el Estado Provincial.
Al asumir el gobierno, en un confuso plan presentado en el año 2008, se exponía la necesidad de fortalecer los programas y medidas alternativas a la pena privativa de la libertad, en cuanto, conforme la legislación vigente, esta medida debe ser la última instancia y de aplicación excepcional.
Sin perjuicio de ello, la realidad demuestra que la principal respuesta sigue siendo aquella que debería ser la excepción, o sea la privación de libertad. La falta de una política clara, de un centro de admisión, donde se evalúe en forma profesional a los jóvenes, al ser detenidos, a fin de proponer a los Jueces distintas opciones, hace que en definitiva la opción sea el encierro.
CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 559
Sumario:
1. Gatillo fácil en Rosario.
2. Represión en Vicente López.
3. La policía en el profesorado J. V. González.
4. Giuliano Gallo: absolución fácil para el gatillo fácil.
5. Cumbre policial en Chile.
6. Variación de polichorros.
GATILLO FACIL EN ROSARIO
El gatillo fácil selecciona a sus victimas entre los más vulnerables, los más pobres y los más jóvenes. En este caso fue en una barriada, en la “socialista” provincia de Santa Fe.
El pasado 14 de mayo, en el barrio Moderno de la ciudad de Rosario, fue asesinado Braian López, un pibe de apenas 15 años. Alrededor de las 16:30, Braian estaba sentado en un quiosco de la calle Biedma, frente a los monoblocks del FONAVI, donde se estaba produciendo una discusión entre vecinos por la instalación de una parrilla.
Cuando comenzaron los gritos, cruzó. La mujer que se oponía a la construcción de la parrilla, llamó a uno de sus hijos, policía, para que terminara con la discusión. “Los milicos llegaron y los sacaron a todos corriendo y a los tiros" declararon al diarioLa Capital, unos pibes del barrio.
Braian recibió un balazo a corta distancia que ingresó por la nuca y salió por el mentón. Una mancha irregular de color bordó en el pasto reseco quedó como muestra elocuente de la gravedad de la herida que sufrió Braian. La ambulancia lo trasladó hasta el Hospital Clemente Álvarez, donde murió a los pocos minutos.
Fue perseguido y baleado por dos personas que se desplazaban en una moto, uno de ellos del Servicio Penitenciario, de 30 años, y agente de la Patrulla Urbana de la policía local, de 23 años de edad, el otro. Los dos, integrantes de las fuerzas de seguridad que fueron formados en “democracia” para disparar su arma reglamentaria contra los pibes pobres.
Por supuesto que los diarios hablaron de confuso episodio, de diferencias previas entre el guardiacárcel y el chico de 15, y hasta del secuestro de una tercera arma (además de las 9mm de los verdugos). Lo cierto es que Rosario hizo su “aporte” cotidiano para que se mantenga el promedio de un pibe pobre por día asesinado por el aparato represivo del estado.
REPRESION EN VICENTE LOPEZ
"Cortar la calle e impedir la libre circulación en la entrada de un obrador de una empresa privada es un delito. Por eso, actuamos. Cuando llegamos, de manera totalmente respetuosa y cordial, le pedimos a los manifestantes, unas 80 personas, que declinaran su accionar. Les advertimos que estaban en falta. Me dijeron que entendían mis palabras pero que no se iban a mover. Cuando avanzamos, siempre con cuidado, respondieron con piedrazos y palazos. Uno de los efectivos recibió un garrotazo en la cara y está internado en el Hospital Houssay". Así relató el comisario de la seccional Balneario, Carlos Albornoz, al diario Clarín, lo que sucedió el miércoles 20 de este mes en Vicente López.
Ese día, los vecinos continuaban con su lucha para resistir el avance de camiones y topadoras que trabajan en las obras de construcción del denominado Vial Costero, en la costa de Vicente López, cuando fueron reprimidos por la policía, que los atacó con balas de goma, patadas, golpes y detuvo cuatro manifestantes.
El proyecto de la Municipalidad de Vicente López, financiado por Vialidad Nacional, es resistido por los vecinos, que ven cómo, sistemáticamente, el espacio público se reduce para hacer lugar a grandes y costosos emprendimientos para el disfrute de los ricos. Como en el Tigre, donde el Parque de la Costa o el Casino impiden el acceso al río para los que no sean clientes de esos lugares.
Las declaraciones del comisario muestran, una vez más, cómo las fuerzas represivas del estado se empeñan en criminalizar la protesta de los vecinos. Las acciones de esta misma fuerza dan cuenta de que, cuando se intenta ir en contra de los negociados de los poderosos, allí estarán, siempre firmes, defendiendo las ganancias de los capitalistas.
La actitud de los Vecinos de Vicente López, que hoy en día, a pesar de todo, siguen firmes, es una muestra más de que la única respuesta a la represión policial, es la organización y la lucha.
LA POLICÍA EN EL PROFESORADO J. V. GONZÁLEZ
Día a día los estudiantes se organizan y luchan consecuentemente para impedir que el estado siga vaciando la universidad y los terciarios de contenido educativo y convirtiéndolos en instituciones dóciles y manejables para la burguesía.
El 10 de mayo, en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González, se discutió qué plan se presentaría para la carrera de Historia. De un lado estaban el grupo denominado docentes y, del otro, el del espacio abierto, conformado por alumnos, docentes y egresados.
El grupo docente proponía el voto ponderado, en el que cada claustro cuenta con el 50% de los votos. Es decir, como hay muchos más alumnos que profesores, el sufragio de 86 docentes equivaldría al de 2.000 alumnos. Los alumnos intentaban que se respetara el principio de “un hombre, un voto”, tal como lo indica el reglamento, y no este “voto calificado” totalmente antidemocrático.
Más de 300 estudiantes se juntaron para discutir la reforma, y la propuesta del voto único se enfilaba hacia la victoria. Fue así que los representantes docentes y la jefa de la Junta departamental, al quedarse sin argumentos para seguir sosteniendo el voto ponderado, se retiraron de la reunión diciendo que “en esas condiciones no pensaban seguir discutiendo”.
CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 560
Sumario:
1. Gatillo por TV
2. Más muertes bajo custodia
3. “Estado de excepción” a la cordobesa
4. Neuquén: Otro caso de “torturitas”
5. Continúa la represión a luchadores
6. Gatillo fácil en 25 de Mayo
GATILLO POR TV
En canal 13, mostraron un video grabado en Remedios de Escalada el día miércoles 19 de mayo al mediodía (según la fecha que muestra la cámara). Muestra un hecho recurrente en este país. Un hombre mayor salía de un banco con un bolso. Dos personas (una en moto) lo esperaban afuera. El que estaba a pie forcejeó con él, intentando sacarle el bolso. No lo logró. El señor mayor reingresó al banco. En ese instante salió un policía, que sin mediar palabra, ni teniendo en cuenta que eran las once y monedas y que la calle estaba llena de gente, disparó cuatro o cinco veces hacia los dos hombres que escapaban en la moto. Detrás de la moto se vieron claramente un coche y una camioneta que quedaron en la línea de fuego. Son incontables los casos de "gatillo fácil" que conocemos con situaciones como éstas, que terminan con un transeúnte muerto.
Por otro lado, y volviendo al relato periodístico que dio Mauro Zeta, el constante defensor policial no se cansó de remarcar que “por suerte, el motochorro murió" y que "estaba fuertemente armado", aunque en el video nunca se ve que tenga o saque un arma. De haberla tenido ¿no la hubiera usado? ¿Será que el "delincuente" tiene más criterio que el policía para no herir a terceros? ¿O será que, en verdad, el policía se encargó de que le "aparezca" un arma luego de que lo matara?. Siguiendo con los relatos del periodista, también se encargó de remarcar que el muerto tenía antecedentes, porque cumplió con una condena meses atrás.
Que quede claro que repudiamos el robo al anciano, pero nunca un delito a la propiedad es mas grave que el delito contra la vida, aunque desde el periodismo y desde incontables sectores políticos nos bombardeen con la inseguridad. En este caso es evidente como dos personas intentaron robarle un bolso a un anciano, poniéndolo en riesgo, mas no lo lastimaron ni pusieron a otros en riesgo. Y "en defensa del pueblo" reaccionó el policía, que sí puso en riesgo a cuanta persona pasara por el lugar y mató por la espalda a una persona que huía, desarmada. Entonces debemos preguntarnos ¿Que es la inseguridad?.
MÁS MUERTES BAJO CUSTODIA
Las formas de eliminación de pibes pobres que el estado represor aplica, gobierne quien gobierne, procura devenir en “negligencia” o falta de control cuando la muerte bajo custodia se produce en el ámbito de una ONG subsidiada, pero basta con conocer algunos detalles para echar por tierra esos argumentos.
El 14 del mes pasado Luis (14) apareció suicidado en el “Centro Juvenil Esperanza”, una ONG en que lo colocó el mismo estado en cabeza de un juez federal y que como tantos otros depósitos de niños pobres son parte de la red de prestadores que terceriza el gobierno de la ciudad de Buenos aires (en la gestión de Macri y antes de él también). La madre, enterada el mismo día, no pudo ver el cuerpo de su hijo porque había que dejar “actuar” a la policía. No se trata de hacer cumplir el tan amplio entramado de normas que protegen los derechos de la niñez, se trata de comprender que si se es pobre la represión es lo único que tiene vigencia, como Luis y su madre, que buscaba que su hijo se recuperara de una adicción a las drogas y obtuvo como respuesta su muerte.
Más muertes se produjeron esta semana en las cárceles, verdaderos centros de exterminio. El pasado domingo, en el penal de Olmos, Miguel Marcelo Rojas Gutiérrez murió como consecuencia de los puntazos recibidos durante la madrugada, práctica conocida como “coche bomba”. Un día antes, en Mendoza, Roberto Aseff (26) apareció ahorcado por un supuesto suicidio en su celda del penal de Cacheuta, convirtiéndose en el detenido número 14 fallecido en lo que va del año 2010 dentro de los dos centros de detención de la provincia.
“ESTADO DE EXCEPCIÓN” A LA CORDOBESA
Durante el pasado mes, se puso en práctica en la ciudad de Córdoba un “plan piloto” contra el narcotráfico que puede definirse, como lo denunciara la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba, como un “estado de excepción”. De acuerdo a lo resuelto por los fiscales de turno en el mes, la policía provincial no necesita “cumplir tantas exigencias”, como contar con la orden fundada de un juez, a la hora de allanar un domicilio sospechoso. El fiscal Vidal Lascano lo definió así: “Es conocido el reclamo de los policías. Y en parte tienen razón. Creemos que al simplificar las condiciones, se dará más agilidad a una investigación”. En una palabra, ¿para qué perder el tiempo con esas boberías como las garantías procesales? Y, desde luego, con la bendición del gobierno nacional, ya que también gendarmería participa de los operativos.
Dicen los compañeros de la Coordinadora: “... veamos los números que nos está dejando el “período de excepción”: en los primeros 20 días se detuvieron más de 400 personas, un promedio de más de 20 por día; el 20 de mayo, en un solo día, se allanaron 42 domicilios y ya van más de 150, todas estas detenciones y procedimientos fueron totalmente ilegales (cualquier abogado con dos dedos de frente consigue que se caigan las causas por fallas en el procedimiento) y sólo sirvieron para hacer shows mediáticos que le laven un poco la cara a la policía represora y corrupta de Córdoba. Pero lo más llamativo es que, tratándose de un plan para combatir a uno de los más grandes negocios ilegales, el narcotráfico, sólo se hayan allanado viviendas humildes en los barrios más pobres de la ciudad.”.
“En cambio, estos megaoperativos sirven para que jefes de policía y políticos tengan minutos de aire y, sobre todo, para ir instalando en la sociedad la impunidad de estos procedimientos y que sea “natural” la constante militarización de nuestra Córdoba, o sea, que ver centenares de policías por todos los lugares céntricos, ver las requisas callejeras a transeúntes y las requisas de transportes públicos y de vehículos, ver las detenciones de los chicos de los barrios que ya no se pueden acercar al centro y ver que el control y el disciplinamiento social en democracia es más férreo que en una dictadura, sea “natural”.”
Al respecto, CORREPI emitió un documento que pude ser consultado en nuestra web: http://www.correpi.lahaine.org/.
NEUQUÉN: OTRO CASO DE “TORTURITAS”
Comentábamos hace unas semanas que en la provincia de Neuquén se estaba juzgado a 27 policías por una enorme cantidad de hechos de tortura impuestos a una veintena de detenidos en la Unidad 11 de esa ciudad en 2004. En un fallo que sigue la tesis de la corte suprema, en cuanto a que “en democracia, no hay tortura”, 21 de los funcionarios fueron absueltos, y sólo 6 de ellos recibieron levísimas penas (3 y 4 años de prisión), por severidades y vejaciones, figuras menores y excarcelables que los legisladores ponen a disposición de los jueces para que protejan a los perros guardianes de ambos.
La lectura del fallo causó justa indignación en el público, llegando a intervenir personal policial –camaradas de los beneficiados por la sentencia- para retirar por la fuerza, de la sala, a la compañera Ivana Dal Bianco, abogada del CeproDH, a pedido de uno de los jueces, ofendido por sus palabras.
La sentencia de la Cámara 2ª en lo Criminal de Neuquén se ha ganado un lugar en la historia de “las mejores excusas judiciales” para no condenar por tortura a los verdugos de uniforme. Recordemos que los hechos, tal como se describen en la sentencia, consistieron, a lo largo de varios días, en: “(...) mantenerlos en el piso esposados mojados y soportando la irritación que les provocaba el reactivo químico de los gases lacrimógenos que se había adherido a la piel (...) golpearlos con puntapiés, golpes de puño y varillas de hierro o elementos contundentes alargados en forma de caño, comúnmente empleados para el denominado “barroteo” (...) trompadas, utilizando un anillo para provocar más daño (...) someterlos a golpes de puño, puntapiés en todo el cuerpo, obligándoles a cantar el himno nacional y aquel que se equivocaba recibía un violento castigo (...) propinarles golpes con varillas en las plantas de los pies (...)”, etc.
Frente a eso, los jueces argumentaron que “el parámetro para discriminar en relación a si nos encontramos ante una tortura o una severidad o vejación, debe ser la gravedad”, y, puestos a buscar un “baremo objetivo para medirlo”, decidieron tomar el de las lesiones del código penal, que caracteriza como “graves” las que incapacitan para el trabajo para más de un mes. Y entonces, como ninguno de los presos apaleados, bastoneados, mojados, gaseados, vejados, humillados, en fin, torturados, tuvo, según los médicos forenses, lesiones físicas que los incapacitaran por 30 días, todo eso no fue tortura.
Textualmente, dice el autor del primer voto, al que los restantes jueces adhirieron: “Considero, que la tortura requiere un mal trato de mayor intensidad, sistemático, que permanezca en el tiempo, lo que no se dio en los casos que nos ocupan.”.
Como dijimos, una pieza que merece ocupar el mismo anaquel que el fallo Derecho de la Corte, o las sentencias en los casos Morinigo, “Chaco” González y Gallardo, como ejemplos de que todo vale para defender al brazo armado del estado.
CONTINÚA LA REPRESIÓN A LUCHADORES
El 10 de mayo pasado, la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi se movilizaba para que la provincia libere los fondos del Plan Federal de Emergencias Habitacional y para que las empresas petroleras y constructoras de la zona incorporen a los trabajadores locales. El gobierno de Salta respondió reprimiendo y persiguiendo a los manifestantes. El miércoles 26, en el marco de estas persecuciones, fue detenido José “Pepino” Fernández, dirigente de la UTD.
Unos 300 compañeros se concentraron el viernes en la Ruta Nacional 34 para pedir por la liberación del dirigente. Una vez más, el gobierno de Urtubey mandó a la infantería de la policía de la provincia a reprimir el corte y a ingresar a los barrios para cazar más y mejor. Hay más detenidos y heridos.
En este marco, de persecución a los luchadores, se están realizando movilizaciones en Buenos Aires por el cese de la criminalización de la protesta, cierre de causas y desprocesamiento de compañeros, por la libertad de los presos políticos. Entre ellos, Karina “la Galle” Germano López, militante de H.I.J.O.S., que se encuentra presa desde hace ocho años (dos en la cárcel de Ezeiza) por una causa armada en Brasil, y a quien le corresponden salidas transitorias que le niegan arbitrariamente desde hace tres.
Así actúan las fuerzas represivas, para defender y garantizar la continuidad del estado de las cosas, contra quienes se organicen y movilicen para transformar esta realidad.
Por eso, contra la represión selectiva, sólo cabe la organización independiente y la lucha consecuente.
GATILLO FÁCIL EN 25 DE MAYO
Los diarios locales titulan como lo harían Clarín o La Nación: “En confuso episodio Policía mató a ex presidiario en 25 de Mayo”. El “confuso episodio” es, en cambio, un fusilamiento bien claro.
Roberto Montesinos (35) y un amigo de 32 estaban en un auto, en el parque Laguna Mulitas de la ciudad bonarerense. El subteniente Julio Toledo decidió que estaban en “actitud sospechosa”, porque reconoció a Montesinos como “un malviviente que purgó una condena”. Decidió entonces requisarlos, y, según informó el jefe de la distrital, en la camioneta había un porro.
“En ese momento, Montesinos se abalanza sobre un efectivo policial, le saca el cigarrillo y empieza a correr hacia el interior de la laguna", relató en conferencia de prensa el comisario Daniel Gorga. El policía Toledo lo persiguió, y lo mató de un disparo 9mm que le atravesó el cuello.
“Nosotros no haremos ningún tipo de apreciación, ni abriremos ningún juicio de valor en razón de esperar los resultados de la justicia", macaneó el comisario, que sí se preocupó por agregar que el hecho, además de “confuso”, “¡es una desgracia!”. Y remató: “Los policías que están en la calle saben de estas cuestiones y no estamos exentos de que esto ocurra. ¡Toledo está muy mal”.
Peor está la familia del joven asesinado, y su amigo, que es ahora el blanco de toda la presión policial, ya que fue el único testigo presencial del fusilamiento. Desde CORREPI, hacemos responsable al gobierno provincial, y a sus jueces y fiscales, por su seguridad.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
Los sábados a las 18:00, escuche la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
Visitá nuestros espacios de difusión:
http://correpidifusion.blogspot.com y http://correpi.lahaine.org (¡renovada!)
Comunicate con nosotros para colaborar con CORREPI.
CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 561
Sumario:
1. Negocios policiales: desde planes sociales hasta el robo de bancos.
2. Ataque a la ayuda humanitaria.
3. Libertad a los presos políticos.
4. 20 de diciembre: impunidad para Dela Rua.
5. Gatillo fácil en Gregorio de Laferrère.
6. Represión a trabajadores paraguayos.
NEGOCIOS POLICIALES: DESDE PLANES SOCIALES HASTA EL ROBO DE BANCOS
Las fuerzas represivas, además de recibir un sueldo para reprimir y disciplinar a la clase trabajadora, tienen una alta gama de negocios, que abarca desde el mangueo diario de la pizza y el helado, hasta el más sofisticado crimen organizado. En los últimos días se conocieron algunas informaciones que dan cuenta de ello.
El subcomisario Aristóbulo Amarilla, de la comisaría 5ª, y su chofer, fueron pasados a disponibilidad por estar involucrados en el robo al banco Macro que se perpetró en enero. El sub liberó la zona del Congreso para que los boqueteros pudieran saquear 99 cajas de seguridad sin problemas durante las nueve horas que duró el robo. Fue así que Amarilla estuvo controlando personalmente la zona durante el robo y ningún patrullero pasó por la cuadra del banco. CORREPI lo sostiene hace mucho: “no existe el crimen organizado sin un policía involucrado”.
Por otra parte, continúan confirmándose casos de policías de la nueva institución represiva de Macri exonerados de las demás fuerzas represoras estatales que, también, tenían su kiosquito. Esta semana otro oficial fue separado, no sólo por no haberse dado de baja en la federal y cobrar dos sueldos, sino también por ser uno de los responsables de instalar un sistema informático que permitía evitar controles y otorgar subsidios millonarios de forma irregular en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).
Por último, el caso más curioso y que mejor ilustra lo misceláneo y carroñeros que son los represores al servicio del estado: En 2003 se descubrió que 29 policías, aparte del sueldo por reprimir, cobraban Planes Jefes y Jefas de Hogar. Recién en setiembre del año pasado los procesos quedaron firmes y fueron exonerados de la fuerza. Actualmente cobran el 50 por ciento del sueldo sin trabajar, porque están en “disponibilidad”. La semana pasada se conoció que 21 de ellos fueron beneficiados con una “probation” (suspensión del juicio a prueba de conducta).
Así, la Justicia termina de cerrar el círculo de la impunidad represiva estatal. Los represores estafadores, que usurparon los planes que podrían haber recibido algunos de los tantos trabajadores que el mercado laboral escupe de la producción día tras día, no irán presos sino que realizarán tareas comunitarias.
ATAQUE A LA AYUDA HUMANITARIA
Como si no fuera suficiente opresión la que ejerce el estado israelí sobre el pueblo palestino, con la ocupación de la Franja de Gaza, el bloqueo y los ataques militares permanentes; el pasado lunes 31 de mayo, comandos navales israelíes atacaron embarcaciones que trasladaban ayuda humanitaria destinada a Gaza.
El ataque, además de detener a las seis embarcaciones, dejó un saldo de, al menos, 10 muertos.
Día a día muchos palestinos, en su devastado país, deben cruzar la frontera hacia Israel para ofrecerse como mano de obra barata soportando insultos y malos tratos por parte del ejército de ocupación que decide quién cruza y quién no.
Se suman a esta humillación los ataques militares permanentes, las detenciones, las torturas y el bloqueo que deja con escasos recursos indispensables al pueblo palestino.
En nuestro país, cuando esta situación ha sido repudiada, han sido numerosas las acusaciones de antisemitismo hacia dirigentes y organizaciones de izquierda que movilizan contra la opresión y la violencia que ejerce el estado israelí sobre el pueblo palestino. Organismos como el INADI, que responden al gobierno, rápidamente denuncian como discriminatorio cualquier tipo de manifestación que repudie la violencia a la que los palestinos se enfrentan diariamente por parte de uno de los ejércitos más criminales del mundo.
En nombre de la paz, del respeto por los derechos humanos, en contra de la discriminación, piden a la justicia (y esta concede) que se actúe contra activistas que repudian la política de un estado invasor, represor y criminal como el israelí.
CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 562
Sumario:
1. Tareas de inteligencia para criminalizar mejor
2. Garrafas policiales mendocinas
3. Moreno: gatillo fácil y razzias a diario
4. Santa Cruz: doble A y torturas
5. Huelga de hambre seca en cárcel neuquina
6. Próximas actividades
TAREAS DE INTELIGENCIA PARA CRIMINALIZAR MEJOR
Según la ley 25.520, “Ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de la adhesión o permanencia a organismos partidarios, sociales, sindicales, comunitarios, cooperativos, asistenciales, culturales o laborales, así como la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Pero cuando se trata de criminalizar la protesta y desarticular las luchas, poco importa lo que digan las leyes. Los estudiantes Juan Oribe, Vicepresidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, Jesica Calcagno, ex Presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, y Patricio del Corro, Secretario General de este último centro; y Dora Oviedo, vecina de Ingeniero Budge, enfrentan sendas causas penales forzadas a partir de las tareas de inteligencia realizadas en manifestaciones por policías infiltrados.
Dora fue citada a una fiscalía de Lomas de Zamora para declarar como testigo de un hecho que no se precisó en la notificación. Cuando llegó, le dijeron que tenía que someterse a una sesión de fotos o podía quedar detenida. Esas fotos fueron comparadas con las imágenes que habían obtenido policías de civil, infiltrados en una movilización que hicieron los vecinos de Budge para reclamar por el alto grado de contaminación del agua y la tierra de su barrio.
En el caso de los estudiantes, que participaron de varios cortes en Callao y Corrientes en solidaridad con los trabajadores de la fábrica Kraft durante el fuerte conflicto del año pasado, el fiscal Martín Lapadú mandó policías de civil a obtener imágenes, que luego fueron comparadas con otras, bajadas del sitio web de la organización estudiantil En Clave Roja, a la que pertenecen Jesica, Juan y Patricio. La dirección de policía científica de Gendarmería Nacional, con una compleja pericia de reconocimiento de rostros concluyó que los tres muchachos habían estado en los cortes.
La misma repartición demora meses y hasta años cuando tienen que producir pericias en causas contra policías de gatillo fácil o penitenciarios torturadores, porque “están tapados de trabajo” y piden prórroga tras prórroga. Para identificar a los estudiantes que se atrevieron a llevar a la práctica la consigna de unidad con los trabajadores, no tuvieron problemas de tiempo.
Para agravar la situación de los estudiantes, no sólo se les imputa haber interrumpido el tránsito. Con un despliegue procesal inimaginable cuando denunciamos a los verdugos del gobierno de turno, la fiscalía contravencional se ocupó de interrogar, uno por uno, a todos los comerciantes de la zona, para tratar de fundar una imputación más seria con el argumento de la pérdida económica que sufrieron. Como la cosa no alcanzaba, porque algunos se negaron a acusar a los manifestantes, y otros ni queriendo podían hacerlo, porque abren sus negocios después de las 9:30, hora en que terminaban los cortes, recurrieron a los que nunca fallan para estas cosas: las empresas de colectivos. Y entonces, la imputación contra los compañeros sumó, al corte de tránsito, la “afectación del servicio público de transporte”. Así, pueden pedirles una pena de arresto efectiva.
Sólo dos ejemplos de cómo, a medida que se profundiza la crisis capitalista, que empuja al pueblo trabajador al reclamo, la represión selectiva sobre las organizaciones populares adquiere más dureza, y se hace más explícita.
GARRAFAS POLICIALES MENDOCINAS
La conclusión de la noticia es elocuente: "El conflicto no está siendo monitoreado por Desarrollo Humano Familia y Comunidad sino por SEGURIDAD". En barriadas del Gran Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén y Gutiérrez de Maipú, sitios habitados por los más pobres de una provincia que -a modo de ejemplo de lo que pasa en todo el país- no puede ocultar la enorme brecha entre los pocos muy ricos y los muchos muy pobres, acceder a la garrafa social es un tema que compete a la policía.
El pueblo pobre de Mendoza, si quiere cocinar o calentar su humilde casa, debe dirigirse a la comisaría del barrio, donde el gobierno provincial ha dispuesto que se vendan las garrafas del promocionado plan social. La excusa para esta nueva afrenta a la dignidad del pueblo pobre del interior del país, es “evitar incidentes”, ya que la mentada garrafa ni se vende en cantidades suficientes, ni al precio publicitado, ni con la calidad que se pregona. Y esto -como debe ser- agota la paciencia de los vecinos.
La responsabilidad real recae sobre las empresas YPF y TOTAL GAZ, pero el gobierno provincial las apaña. No solo no se respeta el precio que imponen, sino que, además, el combustible viene disuelto en agua. Con el sencillo modo de agitar el envase, cualquier vecino deLa Favorita, Suyai, Segundo Sombra, Tropero Sosa o Los Paraísos, se ha percatado de la estafa social).
Lejos de hacerles pagar a los empresarios las consecuencias de su delincuencial actitud, el estado provincial en pleno (Secretaría de Seguridad y Policía) ha decidido prevenir el levantamiento popular y sofocar la indignación del pobre.
Cuando de criminalizar la pobreza se trata, el tandem empresarios, gobierno y estado, demuestra su verdadera política de derechos humanos, su inexistente sensibilidad social y sobremanera su manejo discrecional del fetiche legal.
¿Qué pasará si los vecinos cortan el ingreso y egreso de camiones a las plantas empresarias?
Habrá que hacerlo, delito es lo que el trío delincuencial dice que es delito, pero dignidad es lo que el Pueblo siente que es digno.
MORENO: GATILLO FÁCIL Y RAZZIAS A DIARIO
Esta semana la familia de Ricardo Ezequiel Argañaraz (22) se acercó a CORREPI ante su fusilamiento en Barrio Trujui, Partido de Moreno, el 28 de mayo, por parte del gendarme Nicolás Salomón Kairuz.
Ricardo, padre de un bebé de cuatro meses, recibió tres tiros del arma reglamentaria del gendarme que, según denuncian los vecinos, había sido trasladado de Fuerte Apache por varios homicidios en su haber.
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Derechos Humanos 
Martes 27 de Julio de 2010 18:16 | 
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