El Juzgado de Instrucción Nº 5, a cargo de María Luisa Pérez Vara, dictó el procesamiento de dirigentes sindicales y políticos en el marco de la causa que investiga los hechos del 3 de diciembre de 2008, cuando la conducción nacional del gremio ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) intentó copar la sede local del sindicato. El fallo apunta la responsabilidad sobre el homicidio de Héctor Cornejo, quien cayó herido de bala en Rioja al 3400.

Dicha decisión judicial apunta directo a quienes estaban participando del acto de repudio frente a la sede sindical de San Luis e Iriondo. Así, la magistrada decidió procesar a Raúl Cazón; quien, según la policía, habría sido visto portando un arma, acusándolo de "homicidio y lesiones en riña agravadas por el empleo de arma de fuego y portación de arma de guerra sin autorización legal"; Angel Tardini, trabajador lácteo, bajo la imputación de "homicidio y lesiones en riña agravadas por el empleo de arma de fuego"; Edgardo Barbero, quien era Secretario Administrativo de ATILRA Rosario y Víctor Vega, Secretario General del gremio local, siendo ambos acusados de "homicidio y lesiones en riña agravadas por empleo de arma de fuego y tenencia de arma de guerra sin autorización legal". Por otra parte, también fueron procesados bajo la imputación mencionada, el referente de la Corriente Clasista y Combativa, Eduardo Delmonte y Carlos Ghioldi, referente de empleados de comercio y del supermercado autogestionado y Centro Cultural La Toma.

Cabe destacar que el fundamento del procesamiento de Barbero y Vega, lo encuentra la jueza en las declaraciones de los agresores mientras que, con respecto a Ghioldi y Delmonte, en la simple presencia durante el acto de repudio (al igual que los otros doscientos manifestantes). A todos, además, se les trabó un embargo de $ 5000 sobre sus bienes.

Tras un año y medio de paralización del expediente, ahora surge este fallo. Lo curioso es que nunca se investigó a nadie fuera de los manifestantes agredidos, como tampoco la evidente inacción policial que permitió el enfrentamiento de ambos sectores gremiales, tras la apertura de las puertas del depósito local de Sancor para que la fuerza de choque conducida por Héctor Ponce, Secretario General de ATILRA Nacional, pudiera dar rienda suelta a la cacería de los militantes locales del gremio.

Recordamos que la Seccional Rosario no compartía la política establecida por la conducción nacional del sindicato.

De acuerdo a los testimonios, un grupo de 900 personas vestidas de amarillo, marchando desde el Patio de la Madera, se aproximó con palos y cadenas en manos por Iriondo, al canto de “si esto no es ATILRA, ATILRA dónde está”, con el evidente fin de copar la seccional rosarina del gremio. Doblando la esquina, los lácteos locales identificados con indumentaria verde se alinearon para impedir el paso, ante una fuerza policial que, según los informes remitidos a la justicia, dice haber “desplazado formación”, lo cual constituye un verdadero eufemismo para no plantear que la policía eligió correrse y dejar vía libre al enfrentamiento. De esta forma, quienes fueron a solidarizarse a un acto se encontraron inmersos en uno de los hechos de violencia sindical más importantes de las últimas décadas.

El saldo de aquella fatídica jornada fue la muerte de Héctor Cornejo, Tesorero de ATILRA Córdoba, quien cayó a casi 300 metros del lugar donde habían chocado “los verdes” y “los amarillos” y una decena de heridos. Entre las diversas hipótesis, se encuentra la de una pelea interna entre los integrantes de la patota sindical de la conducción nacional de ATILRA, luego de la fallida toma de la sede sindical.

Los abogados defensores ya presentaron las apelaciones correspondientes y esta semana se conocerán sus avances. Según el Código Penal, el homicidio en riña se da al haber una gresca tumultuaria en la que “intervienen más de dos personas y donde se entremezclan los papeles de víctima y victimario, siempre con un resultado fatal, sin que pueda determinarse con exactitud cuáles fueron los actos de cada uno de los actores”. Por ende, de esta forma se reparten las culpas entre los participantes que, en este caso, tiene una pena de 2 a 6 años. Según informaron, resulta extraño que no haya sido procesado alguno de los que, dirigidos por la conducción nacional de ATILRA, desembarcaron aquel 3 de diciembre en Rosario.

Como se advierte, los agresores parecen haber alcanzado algunos de sus objetivos. La semana posterior al brutal ataque, Ponce intervino la seccional y, dos semanas más tarde, la disolvió. Sin defensa sindical, los trabajadores de SanCor Rosario -los mismo que habían sido agredidos el 27 de noviembre de 2008- fueron despedidos y a pesar de emprender una larga lucha, la empresa cerró la sucursal.