Esta no es la Justicia que nos prometieron.

Por José Schulman

El torturador Curro Ramos (“mi” torturador, para no hablar como un flemático investigador sueco del genocidio argentino) y el archí violador de los derechos humanos, Víctor Brusa (archí represor porque era funcionario judicial cuando colaboraba con los torturadores y llegó a ser Juez Federal de la Nación), condenados a penas de más de 20 años por delitos de terrorismo de Estado, pasaron las fiestas con sus familiares, en sus casas. ¿Que tierno, no?, y cuanto me hicieron recordar mis fiestas de 1976, encerrado como un perro en la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe. ¿Cuántos de los miles de encerrados en las cárceles santafecinas, pasaron sus fiestas en sus casas con sus familiares?.

El asesino de Alicia López, muerta por desgarro vaginal en el patio de la Comisaría Cuarta, donde él era comisario y yo estaba secuestrado en la celda que daba al patio donde Alicia fue violada, Mario Facino, que ya cuenta con dos condenas [1], una por torturas a varios presos (entre los que me cuento) y la muerte de Alicia, toma café con sus amigos en un coqueto bar de un supermercado del barrio más recoleto del pueblo donde vive en su casa, y del cual fue Jefe de Comuna. ¿Y cuántos condenados, mayores de setenta, frecuentan bares y supermercados como simples jubilados que intercambian anecdotas con sus viejos amigos y compañeros de juegos?

El General Santiago Omar Riveros, ingeniero para más datos y ex Jefe de Institutos Militares (Campo de Mayo) y representante argentino ante la Junta Interamericana de Defensa, condenado a prisión perpetua en cárcel común por el Tribunal Oral Federal Número Uno de San Martín por el crimen de Floreal Avellaneda, militante comunista de quince años muerto por empalamiento y tirado su cadáver al Río de la Plata, donde apareció flotando pero del lado de Montevideo, cumple su condena en su “modesto” departamento porque la Cámara de Casación consideró que su condena no está firme hasta que la Corte no la confirme, y la Corte no la confirma porque Casación no la trata, y así podríamos seguir uno por uno con los perpetradores del Genocidio que hoy burlan la justicia, gracias a la justicia, cumpliendo las condenas que supimos conseguir en duros y largos años de batalla popular, en sus domicilios, rodeados de sus afectos, gozando de los bienes materiales que han comprado gracias a los servicios prestados al Poder Económico durante los años de plomo.

¿Quién está matando a los militantes populares en la Argentina?…

Por José Schulman

A la memoria de

Toto Zimerman

cuando más lo necesitamos

En la Argentina se ha vuelto a reprimir luchas sociales, asesinar compañeros y hasta desaparecer militantes políticos [1]. El gatillo fácil y la tortura en sede policial y en las cárceles es tan sistemático  que forma parte del escenario cotidiano de manera casi natural. ¿Hace falta nombrar a Julio López, a Mariano Ferreyra, a Luciano Arruga, a Carlos Fuentealba, a los López de la etnia Qom de Formosa, a las víctimas del Parque Indoamericano, de los terrenos del Ingenio Ledesma en Jujuy o a los chicos de la Villa Moreno de Rosario? [2]

Diez años atrás, un gobierno elegido para clausurar la etapa de neoliberalismo fundamentalista que encabezó el Partido Justicialista en épocas de Carlos Menem, terminaba sus días multiplicando por quince el modo que lo había comenzado.  Había inaugurado su etapa de “transformaciones democráticas” matando dos compañeros en el Puente de Corrientes y lo finalizaba con -al menos- treinta muertos en el Diciembre de 2001 desparramando cadáveres por la Plaza de Mayo, Rosario y otros lugares. El interinato de Eduardo Duhalde no solo trajo el retorno del Partido Justicialista al gobierno sino que inauguró una etapa de  de la crisis de dominación que se arrastraba desde finales del 2001 [3] donde el gobierno nacional, y sus delegaciones provinciales no podían sacar al pueblo de la calle ni reprimir los cortes, las marchas, las asambleas hasta que al inefable Duhalde, con el asesoramiento del recientemente fallecido Soria pero también del electo senador nacional Aníbal Fernández y algunos otros que ahora visten la chaqueta progresista y hasta se ponen el pañuelo de las Madres antes de votar la terrorista ley antiterrorista, organizó la masacre del Puente Pueyrredón -Kosteki y Santillán- pensando que una buena dosis de plomo y sangre volvería todo a la “normalidad” de la dominación burguesa estatal que sufrimos desde fines del siglo XIX (tomamos la presidencia Roca como inicio formal del Estado burgués, no porque antes fuera jauja, sino porque con Roca se completan los elementos fundantes) mantenida con medios civiles o militares. Pero se equivocaron, con la masacre del Puente Pueyrredón perdieron toda legitimidad social y tuvieron que dejar el gobierno a quien pudiera asumirlo desde el Partido Justicialista. Había terminado una larga etapa, acaso iniciada con la masacre de Ezeiza en junio de 1973. Al menos en el terreno simbólico, la sublevación del 2001 terminó con la dictadura militar de 1976, prolongada de manera limpia por los timoratos radicales del 83 y los más osados peronistas de Menem. Sin embargo, por ausencia de alternativa política propia, las luchas que echaron a De la Rúa no pudieron conquistar un gobierno propio, que cumpliera la consigna de “que se vayan todos” y abriera paso a un nuevo modo de democracia, con protagonismo popular que asegure el acceso real a todos los derechos inscriptos en la Constitución Nacional y las leyes conquistadas por décadas de luchas populares.

La reacción popular al descalabro del gobierno de la Alianza entre la Unión Cívica Radical y el Frente Grande / Frepaso generó una crisis política de proporciones casi inéditas y condicionó / obligó un proceso de cambios, que todavía vivimos, encabezado de nuevo por el Partido Justicialista pero ahora con otra hegemonía conocida como kirchnerismo, que hizo de la promesa de “no reprimir” y de “respetar los derechos humanos” su promesa política central y fuente de la fortaleza de su mito fundacional: “este es el gobierno que asume las banderas de aquel otro “que no fue”, el de Cámpora/Solano Lima de la breve primavera del 73. “Este es el gobierno de los que sufrieron la dictadura y/o desaparecieron”. Y el pañuelo blanco en sus manos, daba razón al mito.

¿Era así?. ¿Es así?.

Nueva matemática jurídica: el doble para los militantes y la mitad para los genocidas

Por José Schulman

El 22 de diciembre el Senado de la Nación (ojo, el mismo que en 1992 elevó al Dr. Víctor Hermes Brusa al podio de los Jueces Federales de la Nación) aprobó el proyecto de Ley Antiterrorista elaborado por el gobierno nacional y antes aprobado por los Diputados Nacionales. La Ley establece que -en caso de que un Juez Federal considere que se ha delinquido “para aterrorizar a la población” o “pretender hacer que un gobierno haga lo que no quiere hacer” el monto de la pena del delito que sea (y hay mil tipos penales en el Código Penal) se duplicará. Si el Código Penal dice cinco años, serán diez; y si dice diez, serán veinte. Para los militantes populares condenados por “terroristas” (la misma denominación que sufrieron San Martín y Monteagudo por parte de los españoles o los treinta mil desaparecidos por parte de Videla y sus acólitos) cada día de prisión valdrá la mitad. Es toda una demostración del odio que el Poder -y sus amigos en el gobierno y el Congreso- reserva para los que luchan por los derechos del pueblo, para los que conquistaron la Memoria, la Verdad y la Justicia que gozamos.

El 29 de diciembre, el mismo Tribunal Oral Federal constituido en Santa Fe para juzgar a un grupo de represores entre los que se encuentran el ex Juez Federal Víctor Brusa, el torturador Curro Ramos y la perversa policía María Eva Aebi, que en diciembre de 2009 había dado una condena ejemplar, sin absoluciones y con montos punitorios que rondaban los 20 años o más, en una voltereta digna de acróbatas de circo, decidió computar cada día de la prisión preventiva de 2005 al 2009 como doble y como si eso fuera poco, también los días de prisión transcurridos luego de la condena por ellos firmada, ya que fue apelada y no está firme todavía.  El cálculo es inedito y encierra una paradoja brutal: la intervención del Estado para garantizar la impunidad de los represores, que los dejó libres por años y años, ahora es considerado motivo de nuevos beneficios que se acercan bastante a la idea que cualquiera tiene de la impunidad. Gracias a la nueva matemática jurídica los represores pasaron las fiestas con su familia gozando de salidas transitorias que se incrementarán sino prospera la apelación del fiscal santafecino Suárez Faisal quien alegó la enorme contradicción entre haber juzgado delitos de lesa humanidad, y por ello imprescriptibles, y ahora banalizarlos con la nueva matemática jurídica.

Los festejos por el 60º aniversario de la Mercedes Benz, la continuidad del nazismo por otros medios y el genocidio argentino.

Por José Schulman

Con mucho brillo, la empresa símbolo del capitalismo alemán de hoy y del nazismo de los 30/40, ha celebrado los sesenta años de su presencia en la Argentina. Con la asistencia de la Presidenta de la Nación, se ha hablado mucho de cifras de producción de autos y camiones, de nuevos modelos y del gran adelanto que la empresa trajo para la zona donde está ubicada.

Quisiéramos llamar la atención sobre tres hechos puntuales que no fueron mencionados ni en el acto oficial de la empresa, ni en los discursos de las autoridades nacionales, ni en los medios llamados opositores, ni en los medios llamados “militantes” u “oficialistas”: el papel de Jorge Antonio, colaborador directo –sobre todo en los asuntos económicos financieros- del mismo General Juan Domingo Perón en la fundación de la Mercedes Benz “Argentina” en el año 1951; la contratación del nazi Adolf Eichman por parte de la empresa como operario –con pleno conocimiento de su verdadera identidad- en 1959 y el rol de la empresa en los años del Terrorismo de Estado.

“Eichman vino con un grupo de 16  alemanes”, recordaba Jorge Antonio, mano derecha del Presidente Perón, quien en  1951 fundó Mercedes Benz Argentina, “Daimler me pidió darle un puesto de trabajo porque eran técnicos. Lo conocía bajo su nombre verdadero, pero no me interesaba”.  Antonio compró como testaferro  de Daimler-Benz y otras empresas 60 sociedades anónimas en la minería, el agro, inmobiliaria, con dinero que fue escondido durante la segunda guerra mundial en Suiza y que con maniobras financieras fraudulentas lograba volver el  capital otra vez al circuito productivo del consorcio.

¿Nunca se había preguntado si administraba dinero nazi? “Con nosotros, los alemanes hicieron mucho dinero”, contestó Antonio con una sonrisa, “si Usted lo llama lavado de dinero? Yo quería una fábrica de camiones y la conseguí”.